Fue hacia finales de 1571, algún historiador sugiere que el 4 de noviembre de ese año quedo debidamente inaugurada la Santa Inquisición en la Nueva España, fecha a partir de la cual se enderezó todo tipo de denuncias, las más de las veces, venganzas personales disfrazadas de delitos en contra de la religión y la moral pública, acusaciones que en muchas ocasiones culminaban en sentencias excesivas e indebidas, exactamente igual que en nuestros días, el debido proceso causa sentencias injustas en sentido contrario, en ellas se exonera al delincuente, sobre todo si este es del llamado “cuello blanco”.
El Fuero Común, el delito del día con día, desde aquellos tiempos lo juzgaba jurisdiccionalmente la autoridad civil, lo mismo atendía un diferendo entre comerciantes o el de un arrendatario con su casero, que algunos crímenes y criminales que no quedaron en las páginas de nuestra historia, con algunas excepciones más recientes, astrólogos y quirománticos juzgados por la institución de Torquemada, corrían la misma suerte o peor que la de los delincuentes de la más baja laya.
Las pruebas y testimonios con las que se juzgaba y sentenciaba a los que violentaban las leyes fueron durante mucho tiempo circunstanciales y tan contundentes como lo determinaba el juez o el personaje influyente interesado en perjudicar o beneficiar a algún indiciado.
Todo esto lo traigo a éstas páginas para ilustrar lo que pasa en esta época, liberan a la francesa por faltas al debido proceso, a la maestra por desviaciones en el procedimiento y al pillo ex gobernador le imponen ridículas penas, por no poder o no querer probarle sus tranzas multimillonarias, hasta por causa de una no tan extraña componenda entre juzgador y acusado, se les acusa por criminales y no por tontos, se ocuparon perfectamente de cubrir sus huellas, es muy fácil entrar a una bodega y fotografiar el contenido como fruto de las fechorías y acusar, lo que es difícil, si no imposible, es probarlo.
La sociedad civil lo lee y lo registra, lo condena y lo complica, el delincuente y el Juez son iguales, ambos (probablemente si lo sean) son de lo más corrupto que existe sobre la Tierra, aunque no se tengan las pruebas completas y fehacientes, mientras tanto, es imposible demostrar la culpabilidad o la inocencia plena sin pecar de superficial y vano.
Otro asunto que nos afecta es el crecimiento del periodismo calumniador, una cosa es señalar y otra es probar, sembrar inmundicia ha hecho que florezca un muladar y en eso estamos, es una pena que algunas plumas pagadas por un adversario acaudalado, le inventen propiedades a cualquier funcionario, aunque no las tenga o si las tiene no habrá registro ni huella de su existencia, nada más difícil de probar y luego nos extraña que salen libres.
Desde 1571 hasta nuestros días, no hemos cambiado nada, presuntas culpabilidades o inocencias, van y vienen, nuevos y viejos sistemas de justicia penal no son útiles si no se aplican métodos de fiscalización verdaderos en las operaciones de compra y venta de inmuebles, en las transacciones financieras y en el crecimiento inexplicable de fortunas, esto incluye a líderes sindicales, funcionarios públicos y a los beneficiarios de las partidas presupuestales para los partidos políticos.
Acusar al Gobernador de ser propietario de un edificio de cuarenta pisos, con alberca y spa en el pent house no significa nada para la justicia de cualquier país, hay que probarlo y en eso radica el problema, las redes no son jueces, las redes señalan y dictaminan, el punto es que su dictamen no tiene valor jurídico, este no pasa de la siembra de una sospecha que se traduce en malestar e inconformidad social, no en sentencia, algo se tendrá que hacer.
Por: Alfonso Díaz Ordaz Baillères
3 de octubre de 2018