Los vecinos y autoridades de la junta auxiliar de Santa María Acuexcomac de San Pedro Cholula y el colectivo Los Doscientos Libres, consideran que la solución a la crisis hídrica que padecen atraviesa por la desprivatización del servicio en la entidad, tal y como los expresarán en el Congreso Analítico sobre el Agua, convocado por la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a celebrarse a partir del 31 de julio y al que han sido invitados.
El manantial de Santa María Acuexcomac que ha abastecido de agua a Puebla capital y a su zona conurbada ha quedado totalmente extinto.
Los diversos procedimientos emprendidos por los vecinos y la autoridad auxiliar de la comunidad de Santa María Acuexcomac, asesorados por el abogado Atilio Alberto Peralta Merino, tienen como fin, además de resarcir el daño causado a la comunidad, revertir el proceso de privatización que ha resultado nefasto para su comunidad y para los usuarios del servicio en su conjunto.
En consecuencia, anunciaron que han emprendido un procedimiento de reparación de daño patrimonial, debidamente respaldado por un peritaje de alto nivel a cargo del profesionista Rodolfo Solís Tovar que establece el daño causado en un monto de 3 mil 500 millones de pesos, debidamente levantado con plena solidez profesional a diferencia del falaz e inexistente peritaje actuarial invocado en fechas recientes para aducir una supuesta imposibilidad de rescindir el título de concesión que se encuentra actualmente en vigor.
Tras una primera reclamación por un monto que supera los 16 millones, es su propósito presentar reclamaciones adicionales, hasta involucrar a toda la comunidad pues en fechas próximas presentarán las correspondientes a las áreas conocidas con La Ciénega y Ocho Surcos por un monto de 40 millones de pesos, en virtud de que se vieron afectadas en la proclividad agrícola de sus huertos y en el cultivo piscícola de la carca a raíz de la extinción del manantial.
Han presentado juicios de amparo por falta de respuesta que, a instancia de los jueces de amparo, han sido ampliadas en sus agravios para hacer valer la transgresión al derecho de acceso al agua previsto en el Artículo 4° de la Constitución.
Se han iniciado procedimientos que actualmente están en curso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; incluso, se formuló solicitud al Cabildo de San Pedro Cholula para que dicha autoridad interponga demanda de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a la fecha no se ha obtenido respuesta.
Finalmente señalaron los quejosos que la Federación y las autoridades locales que tienen el dominio de las aguas, han incurrido en el abuso de un derecho en contra de lo expresamente pactado con la comunidad y se encuentran obligadas a resarcir el daño causado.
La LXI Legislatura del Congreso de Puebla concluirá sin que los diputados salden la deuda de aprobar una Ley de Participación Ciudadana, provocando que el estado se encuentre entre los cuatro del país más atrasados en la materia, informó Ernesto García Hernández, integrante de la asociación civil Opción Ciudadana.
Al solicitar que se legisle en la materia, recordó que el Congreso poblano tenía de plazo hasta junio de 2021 para aprobar la normatividad pendiente, por lo que se encuentra en un desacato escandaloso de tres años.
Explicó que la omisión de los diputados impide a los habitantes de la entidad federativa hacer uso de los instrumentos de la democracia directa a nivel local, el referéndum y plebiscito y piden que la Suprema Corte de Justicia exhorte al Congreso a legislar sobre la Ley de Participación Ciudadana y la homologación de la Ley de Revocación de Mandato.
Por ese motivo, Opción Ciudadana inició en 2022 un litigio para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), compruebe la omisión legislativa del Congreso y tome acciones que garanticen su conclusión.
Urgió la respuesta del máximo tribunal de justicia del país, para que Puebla no quede en un estado de indefensión. Puebla es uno de los cuatro estados del país que no cuenta con una Ley de Participación Ciudadana.
Durante el 2022 el Colectivo Opción Ciudadana se acercó al entonces titular de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, el diputado panista Gabriel Oswaldo Jiménez, para presentar el proyecto de Ley de Participación Ciudadana obteniendo solo promesas sin cumplir por parte del diputado.
