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Siguiendo el rastro de las “mesnadas judiciales” de la España monárquica, nos perdemos en el laberinto de actuaciones, donde los derechos de libertad de expresión, de manifestación, y un largo etc., quedan a los pies de los caballos del tribuno togado, ya sea Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, o Tribunal Constitucional, así como las sucursales de estas en las Autonomías.

Vuelve, por otro camino, la Audiencia Nacional, dejando su impronta en los titulares de prensa al decidir embargar las cuentas del abogado de los presidentes catalanes, Puigdemont y Torra, y a Gonzalo Boye (abogado de ambos), con el motivo de pagar al empresario Emiliano Revilla por colaborar en el secuestro del empresario por parte de ETA en 1992, del que fue condenado acusado y detenido y torturado durante cinco días, el abogado. Saltando las alarmas de una actuación arbitraria y contraria a toda la jurisprudencia relacionada con casos similares. Ya que se creía que la responsabilidad civil había prescrito. Ni ETA, ni Revilla lo implicaron durante el juicio, y no había pruebas, pero un “amigo preso” le incriminó. Y yo veo películas de juicios americanos que a veces me hacen comparar, aunque no debiera o debiese, por ejemplo: “Cuestión de Justicia” (2019), basada en hechos reales.

Recordemos que el citado abogado denunció en su día haber sido torturado por el proceso que se llevó a cabo en su momento. Y que últimamente ha sido objeto de una persecución mediática para incriminarlo y la propia justicia española ha probado de atemorizarlo, incluso un robo extraño en su domicilio, y en sus oficinas, sin llevarse objetos de valor. Por cierto, que es la jueza Concepción Espejel, “la amiga Concha” para la Cospedal (PP), la misma que lleva el juicio contra el Major Trapero, la que ha movido los hilos convocando un pleno “ad hoc” (un juez para un fin específico) para resolver el tema que está prescrito hace 18 años. Xabier Lapitz (periodista vasco) se lo dijo a Boye: “Señor Boye, le tienen ganas ¿no?”

Y por si éramos pocos, parió la burra. Esta vez de la mano del propio Lesmes (presidente del CGPJ en funciones, porque ya ha caducado su mandato), el jefe del chiringuito mejor montado del reino, salvo el de la Zarzuela, y no va de teatro.  Así que el TS, recurre al “patrón” para que dirija al presidente de la Eurocámara (Sassoli) la solicitud de suplicatorio para levantar la inmunidad parlamentaria de Clara Ponsatí, porque aquí, que somos más papistas que el Papa, no se le reconoce la dichosa inmunidad, por mucho que haya una sentencia del TJEU que lo reconozca, y para ser más chulos todavía, le dice al Parlamento Europeo que como el Reino Unido, muy británicos ellos, se van con viento fresco con lo del Brexit, pues nada, que tampoco allí se le reconoce la inmunidad. Y es que están tan acostumbrados a manipular las traducciones de las sentencias cambiando significados para que el que no sepa de qué va el asunto, pique y se columpie. Y hete aquí que ignoran, que deben ser los únicos que no lo sepan, que esto del Brexit tiene un período de transitoriedad hasta 31 de diciembre, y que sigue la inmunidad.

Como decía. El Lesmes aprovecha el escrito y mete un hatillo de documentos de Marchena, de Llarena, y una felicitación por S. Valentín que iba traspapelada (esto es “fake”, no lo toméis al pie de la letra) para confundir al percal europeo y de camino meter en el mismo saco a Puigdemont y a Comín, que son peores que un dolor de muelas, además de independentistas. Y eso que el periodista francés Quatremer, ya publicó el mes de enero que Llarena había dicho que se pasaría la sentencia del TJUE por el refajo de la toga, que este juez “instructor” de todo lo que huela a independentismo, no le importa violar los compromisos europeos, que él es mucho español y ¡Olé!. También habló, Quatremer, de una posible guerra de jueces entre los de aquí y los de allí.

Me pido entrada para la fila 1 y no perder el “combate”.

Aunque esto de las guerras de jueces ya está sonando hasta en las discotecas de zumba de todas las parroquias, desde que se formó gobierno “progresista” y a Pablo Iglesias se le ocurrió cuestionar la imagen que habían dejado en Europa, un tal Marchena y otro tal Llarena, que de eso ni mijita, que el “Coletas” altere el gallinero de Lesmes (padrino del CGPJ), no se lo perdonan así como así, y pusieron mala cara para validar el nombramiento de la Fiscal General, Delgado, para la Fiscalía, porque no podían asumir que era “idónea” para el puesto, los anteriores sí que lo fueron, que tomaban copas juntos y no podían hacerle el feo.

Y es que todo esto de la judicatura, es como un campo de “minas”, lo suficientemente peligroso que hasta Pedro Sánchez se ha comprometido a “dejar atrás la deriva judicial”. Reconocerlo ha tenido que ser muy duro para un gobierno que ya ha ejercido un año con esa mochila:” La política no puede esconderse detrás de las togas”. Alguien se habría tenido que esconder detrás de las togas, para hacer política desde un tribunal. Y lo más interesante de todo sería saber ¿Contra quién se enfrenta el poder judicial usurpando el puesto a los políticos? No quiero mirar a nadie, pero esto huele a conflicto catalán, aunque ya sabemos que nadie levantará el dedo “delator”, que hay demasiada mierda en juego para que se la lleve uno solo.

No podemos olvidar aquella frase de un portavoz de la gaviota (PP) que hablaba de “controlar por detrás la sala segunda” (del Tribunal Supremo) a través del CGPJ, que aunque está caducado y recaducado, desde diciembre del 2018, sigue en manos del PP, hasta que Colón baje el dedo. Y del TC mejor no “meneallo” que va por el mismo camino. Así que no esperemos una legislatura al uso de los “políticos” progres, sino una partida de tenis entre jueces de alto nivel, con una pelota catalana, y un “rojerío” en el Consejo de ministras, o ministros, o el Corral de la Pacheca.

De la abogacía del Estado no voy a hablar por ahora, que parece ser que está el “gallinero” revuelto y no quiero entrar a mirar el “pedigrí” de los que ocupan puestos después de pasar por la “vicaría” política. Que eso si trae cola.

Viñeta: Eneko_ Publicada el 02/10/2018 en  La Política.com

Por: Paco González

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