Con motivo de la campaña para elegir gobernador en el estado de Puebla, en la elección extraordinaria del próximo 2 de junio, las presiones han sido fuertes y los dados han estado cargados. Es esperado que el gobierno estatal en turno apoye al candidato de su partido, aunque sea ilegal o políticamente mal visto. Pero no por ser esperado está bien. Y menos si se trata de un gobierno interino emanado de la mayoría en el Congreso estatal (Morena) y del partido opositor de quien ganó las elecciones constitucionales: el gobernador es del PRIMOR mientras que la gobernadora Martha Erika Alonso, en paz descanse, era del PAN. La promesa del presidente López Obrador de tener elecciones limpias parece que no se va a honrar en Puebla.
La carga de los dados se ha expresado en la cobertura mediática de las campañas en el estado de Puebla. El INE, con el análisis de la UNAM (https://centralelectoral.ine.mx/2019/05/13/monitoreo-noticiarios-las-campanas-la-gubernatura-puebla-del-31-marzo-al-8-mayo-2019/), muestra que el 43.4% del tiempo de presencia en la radio y la televisión ha sido brindado al candidato Miguel Barbosa de Morena, mientras que el 32.6% ha sido para un servidor y el 24% restante ha sido para el candidato del PRI. Además, del total de menciones valoradas como positivas, el 57% fueron para Barbosa, mientras que para un servidor el 36%. De las valoraciones negativas, yo tuve el 56% y Barbosa el 19% solamente. Algo semejante ocurrió con el candidato del PRI. Ante estos hechos, el Consejo General del INE señaló la inequidad en los medios en Puebla. Lamentablemente el INE no puede hacer mas que un exhorto a los medios de comunicación incitándoles a que sean más parejos y no sesgados en su trabajo periodístico, pero realmente es solo una llamada a misa: sólo lo atenderá quien realmente quiera o pueda hacerlo.
Además, las acciones de amedrentamiento, amenazas o incluso represalias directas por parte de la autoridad han estado presentes a lo largo de la campaña. Presidentes o expresidentes municipales han sido convocados por la secretaría de gobierno para decirles “si no te alineas, no habrá fondos para tu municipio… o te retengo o no te apruebo tu cuenta pública”. Eso lo pueden hacer por la cooptación tradicional de las instancias correspondientes y porque es una amenaza creíble. Ha ocurrido en el pasado, como el caso sonado de Eduardo Rivera, ex alcalde de Puebla, cuya cuenta pública fue retenida por años.
La intervención de la autoridad también ha llegado a servidores públicos. Tengo conocimiento de personas quienes han sido despedidas por haber participado en la organización de un evento de respaldo a mi candidatura, fuera de las horas de oficina. Por ejemplo, Dulce Gabriela Guzmán Vázquez, coordinadora de la Unidad de Bienestar del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, gobernado por Morena, a quien el alcalde Luis Alberto Arriaga le pidió personalmente que “tenía que dejar el puesto porque lo estaban presionando del Gobierno del Estado”. Recursos Humanos no le ha entregado nada por escrito, pero le han impedido la entrada a las oficinas para realizar sus labores.
Y las amenazas ya llegaron a mí también en esta contienda. El Director de Comunicación Social del Estado, Fernando Crisanto, le comunicó a mi jefe de prensa que terminando las elecciones me demandaría por haber señalado que la Televisora estatal, que depende de él, no transmitió el debate ciudadano organizado por diversas organizaciones civiles y universidades. En mi criterio, siendo una televisora creada para buscar el interés público, debió haber televisado un debate que permitiría conocer las plataformas y propuestas de los candidatos. Seguramente la televisora estatal no transmitió el debate porque el candidato Miguel Barbosa decidió no participar, lo cual se hizo evidente durante el mismo evento.
En todo lo anterior se puede apreciar una serie de elementos que apuntan hacia una elección de estado, en donde el poder público se ha conjuntado para intervenir de diversas maneras en el proceso electoral.
Por su parte, el gobierno federal parece mirar hacia el otro lado y permitir, impunemente, lo que está ocurriendo en Puebla. La Fepade nos ha dicho que ha perseguido algunas de las pocas denuncias que se han hecho y que, a pesar de las inumerables entrevistas que ha realizado, no hay ninguna evidencia ni testimonio de algún delito. Es claro que nadie quiere denunciar amenazas por temor a represalias y la Fiscalía no es capaz de brindar garantías a quien denuncie. Lamentablemente no hay confianza en la Fepade. Ésta tiene mucho camino qué andar para ganarse la confianza de la ciudadanía. Sigue, por ejemplo, sin dar con los perpetradores de la violencia del pasado 1 de julio en Puebla, durante la jornada electoral. Las cosas siguen igual que siempre. No ha cambiado nada y todo apunta a una elección de estado.
Por: Enrique Cárdenas Sánchez
Universidad Iberoamericana de Puebla
Puebla contra la Corrupción y la Impunidad
enrique.cardenas@iberopuebla.mx
@ecardenassan