Muy controvertido ha resultado el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de Seguridad pública, recientemente decretado por Andrés Manuel López Obrador.
Las maromas son de altísima dificultad.
(A continuación, un doble mortal hacia atrás con tirabuzón geopolítico).
La militarización desmilitarizadora decretada por López Obrador es consecuencia de las presiones del bff gringo, del fracaso de la estrategia presidencial de acusar a los delincuentes con sus mamás, del empoderamiento del narco repartidor de despensas y tablazos; es el resultado lógico, en suma, del fiasco de la Guardia Nacional, a la cual ha debido de dársele más tiempo –lo que resta del sexenio, nomás– para consolidarse.
Dicho lo anterior, conviene reflexionar sobre la decisión del presidente desde el contexto mundial:
Las fuerzas armadas son el último bastión, las que son llamadas a la acción para garantizar in extremis la seguridad de los ciudadanos y, en última instancia, para evitar el colapso de la sociedad. En general, el castrense es el sector mejor cualificado humana y materialmente para entrar al quite cuando el poder civil es superado; sus integrantes se caracterizan por su disciplina, su preparación y su profesionalismo, y sus hangares rebosan del equipo, los suministros y los vehículos apropiados para enfrentar emergencias de cualquier tipo.
Con motivo de la emergencia sanitaria derivada por la irrupción del coronavirus COVID-19, las fuerzas armadas mundiales han asumido un rol más activo en la vida pública encomendándoseles tareas de índole civil extrañas a su propósito como las relativas a la seguridad pública y a la vigilancia de los toques de queda, a la administración de empresas y hospitales o al traslado de enfermos y muertos, y de viajeros rezagados.
La emergencia será prolongada y recurrente, e implicará una crisis económica global que será, por lo menos, tan grave como la del 29 y que seguramente derivará en una crisis social especialmente severa en aquellos países donde se mezclen la desesperanza y la debilidad institucional.
En consecuencia, en los polvorines del planeta, los gobiernos ya se preparan para los peores escenarios; el de Argentina ha elevado el tono con los piqueteros y el de Chile ha preferido invertir en equipo antidisturbios que en equipo médico, y los de Ecuador, Líbano e Iraq, han desplegado a sus tropas en las plazas hasta no hace mucho ocupadas por manifestantes.
Ante un futuro incierto, en el cual posiblemente tengamos que echar mano de las fuerzas armadas para mantener la paz social en nuestro propio polvorín, era preciso establecer un marco jurídico claro que normara su comportamiento, que diera certeza a sus acciones, definiera el alcance temporal y espacial de sus intervenciones, y garantizara la probidad inalterable de los soldados. De no haberlo hecho, las aventaríamos, de nuevo, a lo borr(ol)as.
(¡Paf!)
Por: Francisco Baeza
@paco_baeza_
