Cada vez es más generalizada la sensación de que México se está cayendo a pedazos. Más allá de comentarios entre analistas y columnistas, la evidencia muestra que la economía, el bienestar social y la gobernanza del país está en una situación cada vez más precaria. El INEGI acaba de volver a confirmar el estancamiento de la economía desde hace casi 7 años y medio. El PIB per cápita sigue por debajo de su nivel de 2018, la peor crisis de que se tenga registro en nuestra historia económica desde que se producen estadísticas macroeconómicas. Se compara, si acaso, con los años de la Revolución mexicana. Ello va acompañado de un deterioro de la inversión que prácticamente no alcanza ni siquiera para reponer el desgaste, la depreciación, de las infraestructuras y bienes de capital que existen en el país: la inversión neta ha sido alrededor de cero en los últimos años.
Esta realidad es reflejo del deterioro de nuestro Estado de derecho, con impunidad rampante y aplicación selectiva de la ley avalada por un nuevo Poder Judicial alineado 100% con el Poder Ejecutivo, y además, con la evidencia creciente del nexo de la 4T con el crimen organizado al más alto nivel político desde el sexenio pasado y que ha continuado en este “segundo piso de la transformación”.
La vulnerabilidad que el deterioro del Estado de derecho ha colocado a México trasciende nuestras fronteras. La presión de Estados Unidos sobre el gobierno en el ámbito del combate al crimen organizado, cuya última muestra es la solicitud de captura para fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rocha Moya, y otros 9 representantes y funcionarios de ese estado, promete ser apenas el inicio de esa lucha contra narcopolíticos mexicanos. La respuesta del gobierno mexicano a este hecho particular es similar a su respuesta ante las acusaciones al exsecretario de la Marina Ojeda por el huachicol fiscal, lo cual ha dejado claro que todos los caminos llevan a Palenque, pasando por Palacio Nacional.
Y en medio de esta crisis, el gobierno intenta responder con ocurrencias que muestran la desesperación en que se encuentra, como la intentona de recortar el calendario escolar cinco semanas, o presentar festivales musicales en la mañanera para tratar de ocultar los cada vez más frecuentes “incidentes” con Estados Unidos, en las instalaciones de Pemex y sus pérdidas financieras, o los “eventos” que han ocurrido en el Tren Maya y el Transístmico, y un largo etcétera.
A estas calamidades le sigue el deterioro del sistema de salud y la escasez de medicamentos que ya dura años, la pérdida de aprendizajes de los alumnos que se ha agravado desde la pésima respuesta de la SEP a la pandemia, y datos que muestran un fuerte deterioro de adicciones y de salud mental. El deterioro aparece todos los días en los baches de las calles y la inseguridad en el transporte y carreteras. Entre lo poco rescatable es que la vacunación ha mejorado recientemente.
La percepción y análisis de que la economía mexicana sigue cayendo ya obligó a las calificadoras crediticias a reconocerlo, aunque sea tímidamente. Standard and Poor’s apenas modificó la tendencia crediticia de “estable” a “negativa”, un llamado de urgencia al gobierno mexicano. Sólo éste cree que el PIB superará 2% en 2026 mientras el resto de los analistas lo sitúan en 1%, lo que significará otro año sin crecimiento del PIB por habitante. Y como inicié este texto, ello es causa y consecuencia de que la gobernanza y lo social está en modo de crisis, y que México se está cayendo a pedazos.
