Juan Jacobo Roseau idealizó en “El Contrato Social” a las asambleas de la Roma clásica, lo mismo lo referente a los “Comicia Curiata” de antiguo raigambre etrusco y aristocrático como a los “Comicios por Centurias” estatuidos por la reforma de Servio Tulio.
El romanticismo decimonónico inspirado en las tesis de la “Revolución”, identificó a las asambleas legislativas con el pueblo mismo y lo erigió en la máxima expresión del acontecer político.
El orden liberal decimonónico se derrumbó con los sendos colapsos de los mercados bursátiles de Viena en 1907 y de Wall Street el jueves 25 de octubre de 1929 que anunciaban lo que serían las dos conflagraciones que azotaron al planeta entero durante el siglo veinte.
Los enormes aparatos administrativos de los poderes ejecutivos, surgidos lo mismo con Mussolini que con los bolcheviques, hicieron presencia en la vida de las naciones occidentales, no sólo en países de relativo desarrollo como en el México de Lázaro Cárdenas o en la Argentina de Perón, sino en la figura emblemática de Franklin Delano Roosevelt.
En los años ochenta de la pasada centuria, se enseñoreó una corriente que decidió presentar como una novedad las tesis vetustas, anquilosadas y fracasadas del era victoriana, en pocos años, las medidas instrumentadas a escala planetaria hundieron a las más diversas sociedades en la más espantoso marasmo de corrupción de la que pueda tenerse memoria.
Los tribunales, lo mismo en el maxiproceso impulsado por Giovani Falcone y recogido como bandera por el juez Antonio DiPietro, que la pretensión de Baltasar Garzón de dotar a la “Audiencia de Madrid” de “jurisdicción universal”; parecían erigirse en la máxima instancia del debate público para el futuro inmediato, cristalizándose tal imagen, el 18 de julio de 1998, con la adopción del “Estatuto de Roma” para la conformación de un Tribunal Penal Internacional.
La idea de juzgadores beligerantes a favor de las mejores causas del planeta, terminó revestida de la misma aureola romántica con la que el siglo diecinueve envolviera a las asambleas legislativas, cuando, tras los atentados a las “Torres Gemelas” del 19 de septiembre de 2001 la administración Bush promulgara la “Ley Patriótica”.
A partir de tal momento, comenzó una transformación, una “peripecia”, dijera Aristóteles en “Poética”, los denominados “Lawfare”, aun reconociendo su más conspicuo antecedente en el despliegue periodístico que llevaron a cabo Bon Woodward y Carl Bernstein en el diario “Washington Post” y que culminó con la renuncia del presidente Richard Milhous Nixon, alcanzaría su culminación plena con las defenestraciones del presidente Zelaya en Tegucigalpa.
Es, precisamente, en tal contexto, imbuido de una total ambigüedad, en la que debemos situarnos para evaluar el debate público que hoy por hoy enfrentamos, herederos de una doble tradición en si misma contradictoria, la del mundo anglosajón en la que la judicatura en emblemática tanto de la élite social como de la libertad ciudadana, y la que deriva de la “Revolución Francesa”, en la que, como reacción al “antiguo régimen”, la legislación estableció un procedimiento destinado a acotar lo más posible la actuación a los juzgadores provenientes en su mayoría de la base del pueblo.
