En política lleva la razón quien tenga mejores nervios
Konrad Adenauer
El debate inició desde nuestro arranque como nación y, como en casi todos los temas, se ha prolongado hasta nuestros días. ¡Qué trabajo nos cuesta ponernos de acuerdo! Cuando por fin lo hacemos, más difícil aun es ser congruentes con los compromisos asumidos. Eso explica en parte nuestro turbulento avance, lo mismo en el desarrollo económico que en nuestro proceso para tener un aceptable Estado de derecho, o en una democracia sustentada en una legitimidad probada.
Sigue vigente el “discurso de las profecías” de Servando Teresa de Mier (13/12/1823), quien expresó: “Se necesita valor, dice un sabio político, para negar a un pueblo entero; pero es necesario a veces contrariar su voluntad para servirlo mejor. Toca a sus representantes ilustrarlo y dirigirlo sobre sus intereses, o ser responsable de su debilidad. Al pueblo se le ha de conducir, no obedecer”.
Mier proponía una “federación razonable y moderada”. Señalaba nuestras diferencias con Estados Unidos donde 13 colonias independientes crearon un Estado. En nuestro caso se corría el riesgo de dividir lo unido, pues nosotros éramos una sola entidad fuertemente centralizada.
En las primeras décadas de nuestra vida independiente vivimos un gran desorden e inestabilidad. No existía un Estado con una estructura institucional, un marco normativo definido y un aceptable consenso ciudadano. Esto se logró hasta el gobierno juarista en 1867. En realidad, nuestro texto fundacional es el manifiesto del 15 de julio de ese año del presidente a la nación. Ahí está el clamor reiterado en toda nuestra historia: cumplir la ley, vivir en un Estado de derecho.
El federalismo se define por la manera en que se distribuyen las tareas entre los tres órdenes de gobierno. Nosotros imitamos a Estados Unidos, el artículo 124 constitucional transcribe casi literalmente la enmienda 10 del texto norteamericano. Clasifica las facultades en explícitas (correspondientes al gobierno central) e implícitas (competencia de las entidades federativas). Se creó así una gran confusión y ambigüedad. Lo explícito en nuestro texto fundamental es el centralismo y lo implícito, el sometimiento.
Federalismo es descentralización, transferir, mediante leyes, atribuciones y recursos a las autoridades regionales y locales. Opera el principio de la subsidiariedad, definido en forma sencilla: que no haga la autoridad superior lo que puede hacer la inferior, jerárquicamente hablando. Sin embargo, en México se ha desconcentrado. Esto es, vía delegaciones dependientes del centro, se envían recursos e implementan políticas públicas en todos los órdenes. El resultado es un aparato burocrático abultado, costoso, con instancias que realizan tareas similares. El juicio de amparo, extendido a toda la normatividad, sometió a la administración de justicia estatal, despojándola de auténtica potestad jurídica.
Hoy se abre una magnífica oportunidad para revisar todas las políticas públicas. No es tan solo la distribución de recursos presupuestales, sino el deslinde preciso de los ámbitos de competencia. La Federación debe conservar el diseño integral, pero su realización debe corresponder a Estados y Municipios en educación, salud, seguridad, campo, etc. Muchos países lo han hecho con un método eficaz: la enumeración específica de cada materia sin dar margen a tergiversaciones.
La tarea es monumental, requiere de simplificación administrativa. Samuel Huntington lo decía: “…peor que una sociedad con una rígida, sobrecentralizada y deshonesta burocracia es otra burocracia igual de rígida, sobrecentralizada y honesta burocracia”. Ahí se atora todo, con un agravante: no tenemos un gobierno honesto.
Debe darse un gran debate y el escenario para ello es el Senado, representante de los estados. Ojalá no caigamos en otra oportunidad perdida.
Por: Juan José Rodríguez Prats