El derecho producido por los jueces es vivo y humano: el derecho legislado no tiene humanidad ni humor
Floris Margadant
Ningún pueblo ha tenido un periodo de desarrollo impulsado por un afán compulsivo de cambiar lo viejo por lo nuevo. Desde luego que el espíritu innovador es un detonador insustituible, siempre y cuando vaya apoyado por un propósito de continuidad. De lo contrario, se incurre en eventos disruptivos que provocan retrocesos.
En México hay una obsesión por desechar lo que no sea producto del gobierno en turno, todo lo anterior es obsoleto. La manifestación más clara es la precipitación para modificar las leyes que exigen, para demostrar su utilidad, de la prolongada vigencia de su respeto y observancia. Reformar las leyes es relativamente sencillo, lo complicado es mejorar la realidad. Ahí las dificultades son mayúsculas.
México es uno de los estados con mayor movilidad en su normatividad jurídica. En contraste, es de los peor clasificados por la calidad de su derecho, tanto en lo teórico como en su cumplimiento.
Las leyes pueden producir efectos perversos, pueden ser solo “papel mojado”, letra muerta. Alguien escribió: “abundantes en palabras cuando la cuestión es fácil, mudas cuando es difícil y nebulosas cuando el asunto es dudoso”.
El mayor portento de talento jurídico se dio en Roma. Había varias fuentes formales del derecho: a) la jurisprudencia en su sentido antiguo; es decir, el conjunto de opiniones relevantes de jurisconsultos de primera categoría; b) las normas expedidas por el emperador, las llamadas constituciones en un sentido muy diferente al actual; c) los edictos de los magistrados que originaron el derecho civil, mercantil o penal; d) plebiscitos o senadoconsultos; esto es, el derecho deliberado, legislado, que desempeñaba un papel muy modesto.
En otras palabras, el derecho más irrelevante procedía de asambleas o consultas populares. En nuestro caso es al revés y, desde que inició nuestra transición democrática, el deterioro de nuestras instituciones y de todo el andamiaje jurídico ha sido constante. Hemos llegado al absurdo de medir la calidad de nuestras legislaturas por el número de leyes aprobadas. Es apotegma incontestable que nuestra Carta magna es un mejor texto jurídico-político entre más reformas se le hagan.
Voy a decir una herejía: los mejores juristas, los de mayor sabiduría y autoridad moral son los del porfiriato. Ahí se dio basamento legal al Estado mexicano. Sería difícil tarea mencionar a esa gran pléyade de notables mexicanos.
Contrasta aquella época con nuestro tiempo. Se hacen leyes llamadas “odiosas” que no son generales, sino con dedicatoria y que obedecen a intereses individuales. La impunidad, “el ajonjolí de todos los moles”, es única en el mundo por sus altos niveles. Los atropellos a las más elementales disposiciones son ostentosamente exhibidos. Se anuncian los peores esperpentos. Agresiones al órgano electoral que con grandes dificultades ha venido consolidando un buen desempeño. Se obstaculiza la inversión privada en el sector energía cuando las presuntuosamente llamadas empresas productivas absorben enormes recursos. Se militariza la seguridad pública con consecuencias impredecibles.
El tema es añejo. Tenemos que acreditar al derecho como lo más confiable y eficaz. Ello implica fortalecer la cultura de la legalidad. Entender que la ley es la voluntad general y no el capricho o la ocurrencia del gobernante en turno.
Ética y derecho están imbricados y sin ellos la política fracasa. Nuestros gobernantes tienen un pronunciado repudio a las formalidades de la vida institucional. Mal que bien la Revolución mexicana engendró un sistema político orientado por reglas no escritas que sí eran acatadas. Eso explica su larga permanencia. Hoy la amenaza es latente, es la anarquía y la confusión para precisar responsables de lo que acontece. La lección es clara: todos debemos esmerarnos en cumplir la ley.
Juan José Rodríguez Prats