Aunque este artículo lo escribí hace dos años, no pierde vigencia en la actualidad, cuando un cambio de gobierno del partido Popular al PSOE-Unidas Podemos, que se autodenomina “gobierno progresista”, mantiene los tics propios de la derecha y las estructuras policiales patrióticas y cloacas del estado, para elaborar informes falsos o manipulados, incluidas escuchas telefónicas a políticos catalanes, al puro estilo franquista y dictatorial, sin las mínimas garantías democráticas exigidas en Europa. Por un lado, la Fiscalía General del Estado y, por otro, la Judicatura, con una cúspide de poder que mantiene unos jueces con mandato caducado, contraviniendo lo regulado en la Constitución Española, que su modificación está bloqueada por el PP, negándose a negociar la renovación de los miembros con mandato prescrito. Y la judicialización del problema político catalán sigue su acoso permanente al independentismo catalán, bajo las diferentes causas. Ya sea inhabilitar al MHPresident Torra, como criminalizar las actividades de los CDR (Comités Defensa de la República) acusándolos de terroristas, sin pruebas fehacientes de tales imputaciones.
I.-Cuando el espacio público se hace neutro, la democracia pierde su razón de ser.
O lo que es lo mismo, el espacio público queda indiferente, mustio, reprimido. El foro público del debate ciudadano pasa al nivel privado, a la homogenización de la sociedad. Y la voz ciudadana queda amordazada por el poder del estado. La Inquisición sigue al servicio del autoritarismo. Y el sentimiento demócrata lo guardas en el cajón de los recuerdos, hasta mejores tiempos.
Al principio se empezó hablando de sedición y de rebelión, y se buscaba la violencia dentro de los sobres que se iban a depositar en una urna (Referéndum en Cataluña el 1 de octubre 2017 (1-O)). Y la violencia llegó de la mano del estado en forma de “robocops”. Una represión brutal por parte de la policía española ocasionando más de 1000 ciudadanos heridos, por el “delito” de depositar un voto en una urna. Después se habló de abducción, de desobediencia, incluso de terrorismo, y ahora surge un concepto de moda en torno a la palabra “neutralidad”.
Toda una innovación en el vocabulario habitual que ha ido dando saltos desde la prensa mediática a la política, como si de un contenedor de reciclaje público se tratara, y después de pasar por los filtros políticos, pasará al centro operativo de la judicatura para darle su uso “adecuado”. El tiempo lo dirá. Basta que un fiscal con ansias de ínfulas lo “afine”, o un Vox dislocado (porque el otrora “sindicato” Manos Limpias con sus cosas sucias de extorsión, organización criminal y fraude, ha pasado al dique seco), o un pretensioso de Ciudadanos (C’s), porque del Partido Popular (PP) no es de esperar, por ahora, con su basura tienen más que suficiente, que se le ocurra presentar una demanda para que un juez le baile el agua al caso y salga por bulerías.
Pues a lo que iba. El pasado mes de mayo (2018) comenzó a rodar por la prensa un debate relacionado con la utilización de los espacios públicos bajo la idea de: “neutralidad del espacio público”, un “mantra” con una apariencia de legalidad que adolece de buenas intenciones, por cuanto sus debates dejan entrever la represión a la libertad de expresión, lo que hace sospechar que hay una mano negra, muy irritada, que mueve los hilos de esta animada locución que está tomando forma de slogan buscando una legitimidad bajo falsa bandera.
Sorprende que se hable de neutralidad en la calle, cuando esta debería ser el ágora de la expresión primaria de la democracia. El espacio donde todo el mundo pueda exhibir la simbología de las ideas democráticas, sin atentar contra ninguno. Creo que es un derecho a defender y no un espacio a limitar. Y, menos aún, el ir violentando la libertad de expresión, bien sea deshaciendo lo hecho o agrediendo, al contrario.
Los lazos amarillos son una reivindicación simbólica que representa la solidaridad con los presos políticos catalanes y contra la represión que surgió el 1-O (2017), en adelante. En tanto que reclamar una neutralidad del espacio público en lugares donde aparecen estos símbolos, es desafiar a un colectivo concreto representado por el 47% de los votos en las últimas elecciones, mayoría absoluta en el Parlament Català, se cuenten como se cuenten, que interpretan esta “neutralidad” como un atentado a la libertad de expresión.
Una neutralidad que no puede ser utilizada como vehículo de coacción para reprimir una expresión democrática. Las ideas políticas no pueden ser prisioneras del poder político que judicializa la vida pública ciudadana; la neutralidad muestra la cara de un retroceso de los derechos humanos y libertades en el Estado español al intentar limitarlos y colocar una mordaza a la libre expresión, dejando asomar la cara “despechada” de una derecha frustrada, con el silencio de una “izquierda progresista”, que pierde su fuerza ante las urnas y saca su parte violenta para recuperar antidemocráticamente lo que no consigue de forma legal.
Hay ciudadanos que ponen lazos amarillos, cruces amarillas, murales o carteles reivindicativos, etc., y que conste que, a mí personalmente, lo de las cruces me da yuyu, por el significado intrínseco del símbolo cristiano y lo tétrico de su uso, pero si alguien las quiere usar en espacios públicos de Cataluña, como un recordatorio constante de la anormalidad en que vivimos. Allá con sus ideas, como si fueran mías, si se sigue el afán represivo. Que hay presos políticos y exiliados. Sí o Sí y también.
Por otro lado, hay “ciudadanos”, por llamarlos de forma políticamente correcta, que con capuchas, como si de delincuentes se tratara, ¿O lo son? arrancan estos lazos, o cruces, o los carteles, o emborronan de negro los murales, en la mayoría de los casos de forma provocativa, mostrando una imagen de violencia inusual, que sirve de carnaza a la prensa cavernaria para que haga su labor de zapa y active a los denunciantes vinculados al sistema represor, y que la fiscalía afine los informes transformando un problema político en judicial. Experiencia tienen un montón y el Supremo hace la misión encomendada desde otras esferas esperando el azucarillo que premie la fidelidad. Después el gobierno de turno justifica su actitud “defendiendo” la independencia del poder judicial. Lo que es como tirar la piedra y esconder la mano. Y pelillos a la mar, lo pasado, pasado está. Y así nos luce. Una democracia puesta en entredicho por las judicaturas europeas, que se hacen cruces (en la frente democrática) con el tema de las euroórdenes del juez Llarena, emitidas, retiradas, reenviadas y confinadas hasta nueva orden.
La situación está llegando a un extremo donde la violencia puede estar presente cuando menos se espere. Y yo me pregunto ¿Están suscitando esto de forma deliberada? ¿Se les pueden encuadrar como incitación a la violencia?
Porque, cada vez son más agresivos estos individuos con perfiles de la ultraderecha envuelta en la bandera, con el ¡Viva España! y el “Cara al Sol” y el “A por ellos” en sus consignas, y las cruces gamadas en los tatuajes de sus epidermis.
Paco González. 18/09/2020