Los últimos asesinatos de cuatro jóvenes en Puebla, precedidos por tragedias todos los días de feminicidios, asesinatos dolosos y culposos de mujeres, jóvenes y niños, que han conmocionado al país, han venido a acrecentar la ya de por sí potente marcha y paro del 8 y 9 de marzo. Como brote de la sociedad civil, ajeno a partidos, al gobierno, a los malosos complotistas, surge un llamado poderoso de YA BASTA a la inseguridad, a la violencia, y especialmente a la violencia de género. No es gratuito ni es por pura percepción: los feminicidios han aumentado 138% entre 2015 y 2019, según el Sistema Nacional de Seguridad. En Puebla, este mes de enero pasado, hubo 7 presuntos feminicidios, el segundo más alto del país.
Este llamado y esta causa es de todos. Es indudable la violencia que existe contra las mujeres, desde bebés hasta la edad adulta. Se ha documentado que el acoso y la violencia a la mujer se desarrolla en el hogar, en el trabajo, en la calle, en el transporte. Existe acoso y violencia en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Los varones desarrollamos actitudes machistas y de violencia oral desde niños, desde la forma como nos expresamos. La desarrollamos desde la infancia en la manera como los varones somos educados, en la falta de límites a comentarios soeces e irrespetuosos hacia las niñas y jóvenes, y más tarde hacia las mujeres. YA BASTA. Reconozcamos los varones que eso ocurre, con terrible frecuencia y muchas veces sin siquiera pensar en el impacto que puede tener en un futuro. Y una vez reconociéndolo, luchemos todos juntos, al lado de las mujeres, para que vivan sin miedo, sin que perdamos a una sola de ellas.
Pero por supuesto se requiere que el Estado, y el gobierno en turno, igualmente comprendan la problemática y actúen en consecuencia. Ha habido demasiada indolencia, falta de atención, regateo para declarar alerta de género, indiferencia y falta de acción. O incluso, ha existido destrucción de instancias que ayudaban a paliar el problema. Por ejemplo, la eliminación de las estancias infantiles dejan sin protección de acoso y otra violencia en el hogar a pequeños en la primera infancia; lo mismo ocurre con la reducción de las escuelas de tiempo completo (más de 60% de reclusos en México tuvieron una infancia de violencia o acoso, según la última encuesta de población en reclusión del INEGI). La reducción de apoyos a refugios de mujeres violentadas, de por sí insuficientes, ha ampliado la posibilidad de violencia intrafamiliar y deja sin protección o alternativas de acción a mujeres que han sufrido violencia en su casa.
Y por el lado de las policías y el sistema de procuración de justicia, existen graves deficiencias que datan de años y que lamentablemente se han venido deteriorando. Se ha avanzado muy poco, salvo algunas excepciones como Monterrey y Mérida, en asuntos como la profesionalización de los policías, sus sueldos bajos, presupuestos suficientes para policías municipales y estatales (a veces muy mal aprovechados), una carrera policial atractiva y que brinde certeza a los agentes, un sistema de control interno efectivo que erradique la corrupción entre los policías. Y luego, la pésima procuración de justicia, desde las fallidas labores de muchos MPs y su corrupción que permiten, al hacer mal su trabajo de investigación y presentación de casos ante los jueces, que presuntos delincuentes salgan impunemente. Para los miembros de las fiscalías se requiere también una carrera profesional, condiciones laborales atractivas y un control anticorrupción férreo. A todo ello se deben sumar políticas de prevención eficaz y un sistema penitenciario que favorezca la reinserción social.
No, no será fácil detener la violencia ni la inseguridad. Tomará años, pero se deben dar los primeros pasos. Lo malo es que en Puebla eso no ha ocurrido y la gente lo resiente, de allí las manifestaciones multitudinarias de estos días y semanas. Primero el gobernador interino se ocupó más de operar la elección extraordinaria con sus secretarios de gobierno y de finanzas que de preocuparse por la inseguridad y la violencia de género. Y para el actual gobernador, su política de seguridad se concreta a la adquisición de mil patrullas, como si ello fuera a resolver el problema.
La demanda de las mujeres (y de la sociedad) ante los feminicidios y la violencia de género, y contra la inseguridad en general, no debe reducirse a exigir justicia. Debe incorporar, además, la exigencia de que el gobierno, en sus diversas esferas, adopte una estrategia efectiva que disminuya significativamente la violencia y la inseguridad. No es posible seguir así. Es, a todas luces, intolerable.
Por: Enrique Cárdenas Sánchez
Universidad Iberoamericana de Puebla
Puebla contra la Corrupción y la Impunidad
enrique.cardenas@iberopuebla.mx
@EcardenasPuebla
