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En numerosas ocasiones hemos escuchado o pronunciado la frase “no hay peor ciego, que el que no quiere ver” haciendo referencia a aquellos límites o problemas que ni siquiera abordamos porque ignoramos que existen, o peor aún ‒aquellos que pretendemos ignorar aunque sabemos de sobra que existen‒.

            Esto nos pasa en el ámbito personal, en las organizaciones o empresas privadas y para nuestra mala fortuna también ocurre y con mucha frecuencia en el ámbito público.

            Uno de los asuntos más recurrentes de nuestra actualidad es el combate a la corrupción. Su concepción y entendimiento se ha ido transformado, pues de considerarse como asunto invisible y políticamente incorrecto, paulatinamente se ha modificado hasta edificarse como eje de una macro política pública e integrarse al ser y qué hacer diario de los gobiernos, que lo abordan de forma individual, regional y hasta global.

            México no ha escapado a este proceso y actualmente se encuentra inmerso en el desarrollo de un sistema anticorrupción que no termina de cuajar y de intentos poco refinados y reactivos, pero con efecto mediático populista, de evitar la corrupción.

            Pese a este escenario, nuestro País se queda muy corto en cuanto a los objetivos de prevención, detección, combate y sanción de la corrupción; además de que no se contempla en el horizonte la “reparación”. Estas no constituyen afirmaciones hechas al aire o sin sustento. La normalización de la impunidad ha sido el caldo de cultivo ideal para la proliferación de todo tipo de delincuencia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2019, se estima que en 2018 se cometieron en México treinta y tres millones de delitos. Si, tal como lo he escrito: treinta y tres millones de delitos, que equivalen a la comisión de más de noventa mil cuatrocientos diez delitos por día. Estos datos son espeluznantes, pero aún nos falta lo peor: del total de delitos cometidos solo se denunció y se abrió carpeta de investigación en el 6.8% de los casos.

La contundencia de las cifras lo dice todo: la impunidad reina en México, la cultura de la denuncia es raquítica y aun así, las instituciones encargadas de la investigación y enjuiciamiento de los delitos presentan altos niveles de rezago, se encuentran colapsadas.

Esta es nuestra realidad hoy, pero parece ser tan desoladora como cuando en 2008 se presentó la iniciativa de reforma del sistema de justicia penal, aduciendo la desprotección y abandono de la víctima en el proceso, la ineficiencia y caducidad de un sistema de corte inquisitorio, la falta de protección de derechos del inculpado, el uso indiscriminado de la prisión preventiva y que en ese momento enumeró las notas distintivas del proceso penal: “lentitud,  iniquidad,  corrupción  e  impunidad”. 

Ha transcurrido más de una década a partir de entonces y da la sensación de que nada ha cambiado. La decisión de marcar un nuevo rumbo y virar hacia un sistema de justicia acusatorio adversarial que se antojaba más adecuado a un sistema democrático y protector de derechos al final no cambió nada; su implementación supuso cuantiosos recursos, capacitación y una campaña de comunicación y promoción sobre sus bondades y ventajas respecto del sistema anterior, pero la tan esperada justicia pronta y expedita aún se sigue haciendo esperar.

            Desconfianza en nuestras instituciones, miedo a las represalias o sensación de que no tiene sentido perder tiempo en denunciar si en la mayoría de los casos no pasará nada, son algunas de las razones que apuntalan el desprecio a ejercer el derecho (y la obligación) de denunciar.

            ¿Podemos esperar que pase lo mismo con los delitos relacionados con la corrupción? Todo parece indicar que la respuesta es afirmativa. Sin un marco normativo que establezca claramente el sistema de protección de los denunciantes, así como la existencia de canales de denuncia que salvaguarden la identidad de quien los utiliza, nos encontraremos en un escenario tan proclive a la impunidad, que no distará mucho del que se refiere a los demás delitos.

            En otras latitudes del planeta existen, además de sólidos entramados normativos de protección, incentivos y recompensas para los denunciantes, mientras que en México la recompensa a la que aspiramos es precisamente la de ser testigos de que la ley se respeta y en caso contrario el Estado a través de sus instituciones y mecanismos, la hace cumplir, sancionando a los infractores.

Nuestro anhelo podría consistir en la (re)construcción del Estado de Derecho, como mecanismo idóneo para lograr una convivencia pacífica y estable a través de la que se sientan las reglas claras y se promueve el imperio de la ley no como excepción, más bien como regla general. Su cumplimiento y observancia no es sólo para los ciudadanos de a pie, también debe aplicar a los funcionarios y políticos de todos los niveles.

No es casual que, con altísimos índices de impunidad, México esté catalogado como un País donde el Estado de Derecho tiene bajísima calidad, por no decir que casi se puede calificar de inexistente.

A través de la medición de factores como los límites al poder gubernamental, los niveles de corrupción, el gobierno abierto, la protección de derechos fundamentales, el cumplimiento regulatorio, el control de la delincuencia y el conflicto, el acceso y eficiencia de la justicia penal y civil se obtiene el Índice de Estado de Derecho elaborado por World Justice Project. Para 2020 solo nos encontramos en mejor posición que Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela respecto de los países de América Latina.  

Los datos son contundentes, tenemos que ser objetivos, pues para poder enfrentar y resolver un problema, el primer paso obligatorio es asumirlo, no olvidemos que “no hay peor ciego, que el que no quiere ver”.  

Por: María Graciela Pahul Robredo

Correo: gpahulr@gmail.com

Facebook/in: Graciela Pahul

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