29/03/25
En la escuela nos enseñan que el pensamiento científico se fundamenta en la observación de la evidencia empírica y la rigurosa verificación. Todos deberíamos pensar así. Desafortunadamente no es así. Solo los científicos lo hacen. Bueno, no todos.
Hace unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es egresada de la Universidad de Stanford, que hizo sus estudios de doctorado en los laboratorios de la Universidad de Berkeley y que se presenta como científica experta en ingeniería energética, se atrevió a asegurar que con la “elección” de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, México se convertirá en el país “más democrático del mundo”.
¿En serio? ¿De verdad piensa eso la presidenta científica, con A? ¿O solo se trata de un burdo intento por animar sus huestes, hartas ya del desaseo, la corrupción y el terror de los campos de la muerte que envuelven al país de la 4T?
Según la Ciencia Política hay varias características básicas que deben ser evidentes en la realidad para poder hablar de democracia, pero mencionemos solo 3 esenciales: un sistema judicial independiente, transparencia y rendición de cuentas, y elecciones periódicas, libres y competitivas. Veamos:
México, como Bolivia
Una condición necesaria para hablar de democracia es, precisamente, que exista un sistema judicial independiente que proteja los derechos fundamentales y que garantice el imperio de la ley aplicada por igual a todos los ciudadanos, incluyendo a los gobernantes, es decir, Estado de derecho.
Si no hay independencia real del Poder Judicial, no solo el Estado de derecho es inalcanzable, sino que no hay separación real ni equilibrio de poderes (pesos y contrapesos), lo que se traduce en una concentración del poder que, por definición, se clasifica como una forma de autoritarismo.
Por eso en ninguna democracia del mundo se elige a los jueces federales, precisamente por el riesgo de que pierdan independencia en sus decisiones. Al verse tentados u obligados a responderle a sus votantes o a quienes financiaron sus campañas, se desdibuja el anhelo democrático de justicia ciega.
Eso ocurrió en Bolivia donde, a raíz de la elección de juzgadores, las decisiones judiciales comenzaron a alinearse a la opinión popular. Y eso va a ocurrir en México, solo que, más que a la opinión popular, se alinearán la “opinión” de grupos con intereses económicos, incluyendo los del crimen organizado.
México: transparencia opaca
Otra característica elemental de los sistemas democráticos es la rendición de cuentas y la transparencia. En un régimen democrático las autoridades son responsables ante la ciudadanía, por lo que existen mecanismos de control y transparencia independientes que auditan y obligan al gobierno en turno a transparentar la información para que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de los que detentan el poder.
Con la reciente desaparición del INAI los expertos esperan un el retroceso en la rendición de cuentas y la transparencia ya que, ahora, sus facultades para sancionar a entidades públicas que negaban información se trasladan … a esas mismas entidades públicas (¡¡!!). Así, de un plumazo, se elimina la independencia necesaria para investigar irregularidades, sin incurrir en conflicto de interés.
Es interesante notar que, durante el gobierno de López Obrador, el porcentaje de negativas a solicitudes de información aumentó respecto a administraciones anteriores. Además, el Ejecutivo clasificó como “seguridad nacional” proyectos emblemáticos (como el Tren Maya), evitando escrutinio público. Al eliminar al INAI desaparecen los incentivos para transparentar estos casos. Y lo peor: la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que alberga 14 millones de registros, pasará a manos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) sin un plan claro para su administración. Lo que significa la eventual desaparición de expedientes incómodos y la cancelación del acceso a los mismos, que eran funciones que el INAI realizaba con protocolos y sanciones establecidos en la ley.
México: “golpe constitucional”
No debemos olvidar que la decisión de reformar el Poder Judicial y desaparecer al INAI fue de López Obrador, en gran medida motivada por la venganza. Y que fue perpetrada por el obradorato gracias a la imposición ilegal de una mayoría calificada en el Congreso, de Morena y aliados. Mayoría calificada que no ganaron en las urnas, con todo y que se trató de una burda elección de Estado. Por eso tuvieron que imponerla por la vía del agandalle, distorsionando la proporcionalidad electoral para favorecer al partido en el poder.
Algunos académicos y juristas han equiparado este agandalle con un tipo de “golpe de Estado técnico” o “golpe constitucional”, ya que la primer decisión de ese Congreso capturado, fue cambiar la Constitución para someter al Poder Judicial y borrar la transparencia y rendición de cuentas en el menor tiempo posible. Es decir, dos de los pilares básicos de toda democracia.
Prueba de que esto le urge al inquilino de Palenque, es el enorme fiasco que ha caracterizado el proceso para “elegir” al Poder Judicial Federal y el esfuerzo desmedido desplegado por los propagandistas del régimen para posicionar la narrativa de los escándalos de corrupción al interior del INAI.
México: cada vez más lejos de la democracia
Finalmente, para hablar de democracia, otra condición esencial es que haya elecciones periódicas, libres y competitivas. El problema es que la alternancia en el poder parece estar cancelada de facto, ya que los órganos electorales y judiciales pronto estarán al servicio del oficialismo, como con el viejo PRI.
Y es que, aunque formalmente se mantienen vigentes los mecanismos legales básicos de alternancia política y del ejercicio de las libertades básicas, todos los rankings internacionales serios nos clasifican como una “democracia híbrida”, es decir, en la que coexisten rasgos democráticos con otros abiertamente autoritarios. Todos los puntajes indican que arrastramos graves problemas de gobernanza, Estado de derecho y/o violencia que nos alejan de las “democracias plenas” o “libres” según estos estándares.
En suma, la realidad es que estamos en tránsito hacia un régimen en el que prevalece la impunidad y la corrupción ante los ojos de una oposición inexistente y una sociedad civil adormecida por la propaganda. Un régimen claramente autoritario, en el que el Estado tiende a cancelar las libertades y derechos; y en el que ya no existen mecanismos reales de control ciudadano sobre el gobierno en turno.
Por todo esto, es inadmisible que una científica, doctora en ingeniería energética (todo con A), se atreva a insultar la inteligencia (también con A) de sus propias huestes que, aunque claramente no son científicos, aún conservan algo de dignidad y sentido común.
