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Un mundo mejor es posible

El gobierno hace ya muchos años instituyó con bombo y platillo la modificación del sistema de compras tradicional en el cual cada dependencia compraba según sus propios procedimientos y requisitos, entre otros que los proveedores estuvieran registrados en un Padrón de Proveedores de Gobierno, en el cual para registrarse se solicitaban todos los requisitos que a los funcionarios se les ocurrían… y vaya que tenían ocurrencias!

Pero por lo menos una vez que el proveedor llenaba esos requisitos, ya se le asignaba una clave y con ella podía participar en las compras de gobierno en general, porque ya sabemos que siempre hay excepciones y en este caso estaban algunas dependencias que no se conformaban con el registro citado, e incluían entre sus requisitos otros según las ocurrencias de sus funcionarios, lo cual servía naturalmente para establecer en ciertos casos condiciones que solamente podían cumplir unos pocos que previamente “arreglados” con los compradores.

Este nuevo sistema se denominaba Compranet, sería un sistema electrónico en el que se abatiría la corrupción ya que “el piso sería parejos para todos” decían, y así podrían participar proveedores de todo el país y en el caso de licitaciones internacionales de todo el mundo! Pero a pesar de todo, las corruptelas no se pudieron eliminar, continuaban bajo varias modalidades por ejemplo:

Los compradores acordaban con el proveedor de su elección una descripción del artículo que nadie pudiera cumplir excepto el proveedor “arreglado”, el cuál proporcionaba al comprador, previo a la licitación las “especificaciones” del artículo solicitado, obvio lo hacían de tal modo que nadie más pudiera cumplir tales especificaciones, cosas tan ridículas como establecer digamos en el caso de un instrumento se solicitaban las medidas que debería tener dicho instrumento: ancho, alto y fondo, además de las características de su desempeño, condiciones que obvio sólo cumplía el proveedor previamente elegido.

Hay muchos ejemplos, pero tendría que hacer un artículo larguísimo para mencionarlos, sin embargo había otro tan burdo como esto: cuando se trataba de colocar instrumentos en “comodato” es decir que el proveedor pone el instrumento y el cliente solamente paga el consumo del mismo, entonces se instalaban los equipos meses antes de la licitación, se capacitaba al personal y cuando se publicaba la convocatoria se establecía un plazo de entrega de 10 días para la instalación y capacitación del personal.

Esto era un “asalto a la razón” diría el cáustico Carlos Marín, pero así se hacía, si un proveedor antes de la licitación se quejaba, le decían que no había qué reclamar que el competidor estaba “mostrando” sus equipos y que estaba en su derecho! De ese tamaño! Obvio cuando salía la convocatoria solamente participaban los proveedores despistados que ignoraban esta circunstancia y que eran usados materialmente por la dependencia convocante para dar legalidad a la licitación, que para cuando se asignaba, ya los compradores hasta se habían gastado la “mordida” acordada, no es fábula, es totalmente cierto.

Explico todo esto solamente para poner en contexto que muchas veces, no todas desde luego, pero muchas , la asignación directa podría ser o no, la forma más eficiente de realizar ciertas compras, desde luego también podría estar previamente acordada en todos sus términos incluyendo las compensaciones respectivas, pero también este mecanismo servía para realizar las compras bajo las mejores condiciones para el comprador, debido a que le garantizaban al proveedor el pago oportuno, acordaban los términos que se incluirían en el contrato de compra-venta, plazos de entrega, garantías etc., le daban certezas al proveedor que se evitaba tener que suponer muchas variables que terminaban encareciendo el producto.

Un ejemplo de esto se daba cuando por ejemplo en el caso de instrumentos instalados al consumo, la dependencia solicitaba el mejor precio para cada uno de los consumibles y el proveedor ofrecía sus mejores precios, caso diferente de cuando la dependencia establecía que solamente pagaría por las pruebas efectivamente realizadas, dejando a la eficacia de los usuarios el no desperdicio de insumos, los cuales en todo caso se pagarían acordes a su uso, con lo que el proveedor no tendría que “suponer” que los usuarios trabajarían de manera eficiente sin desperdiciar los consumibles, lo cual permitía al proveedor otorgar sus mejores precios sin dejar nada a la imaginación.

¿Qué nos dice todo esto? Pues que no hay forma de impedir que un gobierno corrupto cumpliendo con las normas robe mientras que otro gobierno que en verdad quiera obtener las mejores condiciones otorgue al proveedor todas las certezas que en caso de no tenerse, el proveedor se ve obligado a estimarlas y en consecuencia a elevar los precios producto de estas incertidumbres.

Por: Enrique M. Díaz Sánchez

16/Jul/2019

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