“La corrupción no se considera un delito de sangre, aunque también mata”; estas palabras formaron parte del discurso de clausura del Máster en Gobierno y Fiscalización Pública de la Universidad de Salamanca, que vía zoom pronunció el Doctor Nicolás Rodríguez García, Vicerrector de Posgrado y Formación Permanente de esa Casa de Estudios, ante integrantes de la Cámara de Diputados y miembros de la Unidad de Evaluación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la edición del año 2020.
Esa frase me dejó pensando en la importancia de la existencia de foros en los que hablemos claramente de temas relativos a la lucha contra la corrupción, transparencia, auditoría, rendición de cuentas, Ética, prevención, responsabilidad y una larga lista. Verbalizar podría ser el primer paso para situarnos ante una realidad que, a fuerza de repeticiones, parece haberse transformado en la forma adecuada de desarrollar la convivencia cotidiana.
Tales discusiones deberían partir desde una perspectiva científica y académica, ya que el paso impostergable, necesario y “obligatorio” debería consistir precisamente, en materializar y llevar a la práctica todas esas teorías y aprendizajes que se han venido edificando a lo largo de los años y muy especialmente a partir de la única iniciativa internacional y jurídicamente vinculante, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. De acuerdo a su preámbulo, la corrupción supone una grave amenaza para la estabilidad y se encuentra vinculada a diversas clases de delincuencia –específicamente la organizada y la económica–, sus dimensiones han trascendido fronteras y por ello se resalta la necesidad e importancia de un enfoque amplio y multidisciplinar para enfrentarla.
La corrupción no puede reducirse a una declaración de buenas intenciones. La mencionamos tanto y en tantos círculos que se ha vuelto algo común; lo mismo se escucha en una sobremesa, que en un foro académico; se puede leer en un discurso presidencial o en un informe de algún organismo internacional. Ante su presencia constante y cotidiana creemos saber todo sobre ella, pero en realidad no entendemos nada.
La lucha contra este fenómeno ‒que se ha apoderado de nuestras instituciones, que parece campar a sus anchas y que no discrimina a la hora de sentirse cómodo en el ámbito público y privado‒, se integra de diversos ingredientes y por ello debe estructurarse a través de un conjunto de medidas integrales. La dimensión de la corrupción resulta tan expansiva, que da la impresión de que no hay por dónde empezar. Y tal parece que con nuestros gobiernos esto es lo que ha ocurrido: carecen de un plan serio y con una perspectiva integral anticorrupción.
El primer paso consiste en establecer reglas claras que no constituyan letra muerta y que se apliquen de forma general. Enfrentar la corrupción desde la institucionalidad requiere un marco normativo adecuado y un sistema en el que la impunidad no sea la nota distintiva; es menester que el Estado de Derecho logre extenderse más allá de los perversos tentáculos de este fenómeno tan costoso, que en extremo aniquila vidas.
Tenemos que dejar a un lado los tan repetidos y escuchados “no sabes quién soy” o “vengo de parte de”. La tierra del compadrazgo debe reducirse a un episodio (muy vergonzoso) de nuestro pasado, cuyo único valor rescatable consiste en el aprendizaje de los desequilibrios y la disfuncionalidad sistémica que causa, entre otras circunstancias, la ausencia de un servicio civil de carrera, o dicho en otras palabras: no contamos con un procedimiento objetivo y transparente basado en los méritos para acceso y ascenso al funcionariado público.
Nos hemos habituado a la falta de certeza laboral de los servidores públicos: los cambios de titular o de periodo de gobierno vienen acompañados de numerosos despidos y de unas ansias desmedidas, pero no por trabajar, si no por borrar todo vestigio positivo que hayan producido los antecesores. Las renovaciones de equipo a capricho y a modo, despreciando la valía y méritos de quienes no se consideran “del equipo” son un síntoma claro de los graves padecimientos de la Administración Pública; y nos enfrentan a un diagnóstico poco prometedor de mejoría.
Legitimar la función pública, más allá de la contraloría, auditoría y marco de responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios, requiere certeza en el empleo y la adecuada selección, gestión y desarrollo de los recursos humanos.
La calidad de la función pública no recae únicamente en la innovación y transformación de la cultura del servicio, ni es exclusiva de parámetros de eficiencia, eficacia y economía; requiere como un insumo fundamental personas especializadas, con conocimientos técnicos sobre su función y sobre la estructura de la propia Administración Pública.
Sí, la corrupción mata de obra y de palabra. El desvío de recursos efectivamente puede causar la muerte; pero también aniquila la cultura del esfuerzo, de la meritocracia y de la aspiración de desarrollo de la función pública; esas son consecuencias que a veces se pierden de vista pero que tienen un alto costo para nuestra existencia como sociedad.
La muerte prematura de la posibilidad de una carrera pública basada en los méritos y en el progreso personal y profesional es una de las víctimas más olvidadas e ignoradas de la corrupción, pero cuyos efectos padecemos constantemente en forma de incompetencia, gestión inadecuada y atención deficiente. Así de desolador el panorama: por una lado los funcionarios que no encuentran en su trabajo proyección y motivación y por el otro ciudadanos que se topan con desgana, descuido y desatención de sus problemas.
La capacidad letal de la corrupción no solo se traduce en la pérdida de vidas humanas en sentido material; la corrupción mata de muchas maneras: extermina la posibilidad de contar con un funcionariado que resulte aspiracional, que permita la opción de formación y desarrollo en el que las reglas de acceso y ascenso se encuentren claramente establecidas y las oportunidades se otorguen en condiciones de igualdad y transparencia; requiere además que los motivos de separación también se basen en criterios y normas objetivas que contribuyan a trazar un escenario de certezas para desarrollar un trabajo digno y bien remunerado.
Los estándares a través de los cuales se concibe a la burocracia en la época de la gobernanza y la nueva gestión pública no deben quedar reducidos a la reingeniería de los procesos o de las estructuras estatales; la visión de un funcionariado racional, sofisticado y desarrollado sería un ingrediente fundamental e indispensable para trazar los derroteros que conducen la administración estatal.
Evitar que la capacidad letal de la corrupción arrase la posibilidad de desarrollar un funcionariado capaz, competente y con condiciones de estabilidad y crecimiento es una necesidad impostergable pero ignorada y quizá sea momento de tomar en consideración y evitar que siga siendo una de las tantas víctimas invisibles de la corrupción.
Por: María Graciela Pahul Robredo
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