Solamente este año han muerto 12 periodistas en la práctica de su oficio y México ya es reconocido internacionalmente como el país más letal para los periodistas.
El atentado en contra de la vida de Ciro Gómez Leyva la semana pasada acabó de llenar el vaso de la indignación y rechazo a la política de López Obrador de denostar, hostigar, insultar, difamar y fustigar a periodistas y medios de comunicación desde la tribuna que representa el Poder Ejecutivo del Estado mexicano. Este año, solamente en 2022, han muerto 12 periodistas en la práctica de su oficio y México ya es reconocido internacionalmente por ser el país más letal para los periodistas en cualquier país del mundo que no esté en situación bélica extrema (México incluso supera a Ucrania). Estos hechos son cada vez más difíciles de desvincular de las peroratas presidenciales en contra de personas, con nombre y apellido, de medios de comunicación y con columnistas que lo único que hacen es ejercer su derecho de libertad de expresión. Parece que este atentado ha sido la gota que derramó el vaso.
Hace dos días, cerca de 180 periodistas, directores editoriales de medios regionales y nacionales, columnistas y comunicadores publicaron un comunicado en el que se le exige al presidente cesar su hostigamiento y asumir su responsabilidad política sobre la violencia contra periodistas. Después de solidarizarse con Ciro Gómez Leyva, los firmantes expresan que “Prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional. La difamación, que sustituye al debate de ideas, es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente… (y que) …. los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio”.
Pareciera que el presidente López Obrador ha logrado unir a miembros del gremio periodístico e intelectual, algunos muy disímbolos entre sí, para decir un categórico YA BASTA: “Exigimos al gobierno que esclarezca el atentado, castigue a los culpables materiales e intelectuales, y que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato”. Esta última frase, exigirle al presidente que asuma su responsabilidad política por estos hechos de violencia, es muy inusual.
Todos sabemos que el presidente no ordenó el atentado (no hay ninguna prueba ni indicio de ello), pero igualmente hay toda la evidencia cotidiana, e incluso del día siguiente del atentado de Gómez Leyva, de que el presidente considera que sus palabras y su denostación acarrean un peso específico más allá de cualquier ciudadano. Se trata de advertencias, insultos y defenestraciones individuales hechas por el jefe del Estado mexicano a ciudadanos que no han cometido ningún delito. Pretender que sus palabras no están cargadas es una manera de intentar engañar a la gente: “tirar la piedra y esconder la mano”. Equivale a que, por ejemplo, algún líder social o religioso reconocido hablara de un rey o gobernante de alguna nación como un enemigo del país: que está asesinando personas, y que no debería seguir a cargo del Estado. Que ese líder insinuara que “la gente” es la que debería tomar la decisión de qué hacer al respecto, y que dada la injusticia y la ausencia de Estado de derecho, sería válido cualquier medio para evitar que continúe en el poder. ¿Sería neutro ese mensaje? ¿Representaría un mero ejercicio de la libertad de expresión de ese líder social o religioso? Si el rey o gobernante sufriera un atentado por alguien desconocido, ¿tendría alguna responsabilidad ese líder por haber hecho los llamados para evitar que el presidente siguiera en el cargo? Pareciera que entre más relevante y arrastre tuviera el líder social o religioso que hiciera esos llamados tendría mayor responsabilidad indirecta (o política) del atentado que se cometiera en contra del rey.
Finalmente, quienes suscribieron el comunicado terminan diciendo que “De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos: asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno, o matar en pago de favores al gobierno. El presidente tiene la palabra”.
Todavía hay quienes consideran que el presidente habla como cualquier ciudadano en las mañaneras, y que sus palabras son solamente sus opiniones personales. No es así. Sabemos hoy que sus mensajes constituyen política pública específica (hay quien dice que López Obrador gobierna desde las mañaneras), mensajes políticos a amigos y enemigos, y órdenes a sus subalternos. Por ello, y sabedores del peso de las palabras presidenciales, una muestra muy amplia y representativa del gremio ha exigido al presidente detener la serie de insultos y fustigaciones, de hostigamiento a periodistas, columnistas y comunicadores. No obstante, por su comportamiento inmediato, vemos que el presidente ha desoído este reclamo. Es lamentable.