Con el título: “Una respuesta necesaria”, el Defensor del Pueblo (A. Gabilondo) ha presentado una “encuesta”, y digo encuesta porque así nos presenta el documento en el Congreso. Con 777 páginas, llenando el hemiciclo de parte del fango que la Iglesia católica oculta debajo de las sotanas. Un hecho que “durante mucho tiempo ha sido invisible o percibido como un asunto de poca relevancia pública”. Pero que ha “salido a la luz”, gracias a los esfuerzos de víctimas y supervivientes por hacerlos públicos, así como algunos medios de comunicación que han prestado atención a las denuncias, indagando en lo ocurrido.
Una respuesta necesaria, pero con retraso, ya que la alarma social de los abusos de menores, bajo el manto religioso, lleva tiempo. En el 2022 eclosionó la acumulación de testimonios de víctimas, llamando a las puertas de un Estado que se llama laico, pero que mantiene en los presupuestos generales, una gran cantidad de dinero público (unos 11.000 M€), por no hablar del 0,7% de la casilla de la RENTA, que es lo mismo que ponerte un crucifijo en la puerta de casa, aunque seas ateo, para bochorno de una “democracia” que se llama plena, pero que no pasa de un primer nivel. La encuesta abarca desde el 01/07/2022 a 09/10/2023, y una muestra de 8,013 personas. Recalco lo de encuesta, no una verdadera investigación.
Y es que el año pasado después del escándalo de pederastia, el Congreso encargó al Defensor del Pueblo que investigara, de forma independiente, los casos de abusos sexuales en instituciones católicas, con la aprobación de todos los grupos parlamentarios, menos los de Vox, por eso de tener detrás a los del Yunque (organización secreta paramilitar, ultracatólica y de extrema derecha, defensora de la religión católica para luchar contra satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra. ¡Ahí no es ná la cosa!) y al Opus, reprimiendo sus vergüenzas y sacando lo de miserables que llevan dentro.
Durante casi dos horas, el Defensor del Pueblo, estuvo desgranando los datos que el informe destapa. Que el 0,6% de la población española, alrededor 450.000 víctimas, ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico”.. Que 240.000 fueron agredidas por curas o personas consagradas. Que un 11,7% de la población era menor de edad cuando ocurrieron los abusos. En resumen, que una de cada 10 personas en España ha sufrido estos abusos. El estudio es bastante completo, recoge multitud de casos, así como ubicaciones. Por ejemplo: “hay centros educativos (colegios, seminarios) que incluyen casos de varios agresores y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo; parroquias con un agresor y numerosas víctimas, etc. De igual modo, aunque sea excepcional, un agresor puede haber generado distintas localizaciones al actuar en sitios diferentes con víctimas sucesivas”. De la relación de centros contenidos en el informe, los que más resaltan por la diversidad territorial son: La Salle, Maristas, Salesianos, Jesuitas, parroquias, colegios, conventos de religiosas, seminarios, y un largo etc., incluidos domicilios particulares. (Dicho informe se puede obtener de la web del Defensor del Pueblo). El periódico El País, tiene abierta su propia investigación de casos.
En dicho estudio, los representantes de la Iglesia han hecho mutis, ya que lo suyo es tapar vergüenzas y no airearlas. Incluso, Gabilondo, ha matizado, que algún obispo les ha reñido. ¡Hombre! Es que meter el dedo en el “escándalo” de los abusos de religiosos debe sentar muy mal a los del “gremio” eucarístico. Se da el caso que el presidente de la Conferencia, un tal Omella, pide disculpas a las víctimas de abusos, con la boca chiquita, y, con boca grande, acusa a algunos medios de extrapolar las cifras, y publica: “Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar. Eso sin perjuicio que ‘la Iglesia, es al tiempo santa y siempre necesita purificación’. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos….”
Pues que quieres que te diga Omella, por muy cardenal que te engalanes, que, por lo visto, los casi dos mil años de contubernio con el Evangelio, habrá purificado a los tuyos, pero no impide que sigáis abusando de los “otros”. Algo no funciona en vuestras mentes mezquinas y miserables, que no sabéis separar el trigo de la paja y, la cizaña os tizna de negro las sotanas. Y espero que el Código Penal no se escore a favor de las sacristías.
Poco antes de la comparecencia de Gabilondo en la Casa de los Leones, la Conferencia Episcopal anunció que ha convocado una Asamblea Plenaria Extraordinaria, para el lunes. Por lo visto, ya estaban avisados del revuelo mediático que la cosa iba a levantar.
Aunque, el informe es muy extenso, pone muchos puntos sobre las íes, no es oro todo lo que reluce, ya que hay planteamientos algo sutiles, para no soliviantar a los del solideo morado.
Por ejemplo, lo de crear un “órgano mixto entre Iglesia y Estado”, aunque temporal con posibilidad de acordar reparaciones en base a un baremo. No hemos quedado que el Estado es laico, pues eso, que es el Estado quien tiene que decidir lo de las responsabilidades.
En lo de las indemnizaciones, es “para llorar y no echar gota”. Gabilondo que se te ve el plumero. O es el plumero del Estado el que está detrás. Pues señala que, respecto a las indemnizaciones, pide un fondo estatal específico: “Un fondo que acuerde un órgano especial de carácter temporal, que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos donde no se haya pedido proceso penal contra el victimario”. Lo que digo, al final, nos tocará pagar el pato al ciudadano de a pie, cuando el responsable es una institución religiosa, que recibe subvenciones desde todos los “ángulos” oficiales.
No obstante, no sólo la religión católica es la afectada por este escándalo de pederastia. Hay otras “confesiones” religiosas, por llamarlas de alguna forma que también están salpicadas por abusar de menores, según señala el citado informe: Confesiones protestantes (por su descentralización quedan como casos locales y con menos alcance nacional o internacional), gurús hindúes, rabinos judíos (en Gran Bretaña y EE.UU.), monjes budistas (Sri Lanka, Tailandia o EE.UU.) imanes musulmanes o guías espirituales de los Testigos de Jehová. Donde el silencio o presiones para evitar denuncias, con cambio de destino a los perpetradores, es un aspecto común en todas ellas.
La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), sale al paso señalando que van a tomar en consideración y estudiar las propuestas que se ofrecen”. Y que “trabajarán con los institutos Religiosos los diversos aspectos del informe para “subsanar el daño producido”. A estas alturas ya deberían haber realizado todas esas cuestiones que dicen, porque por muy “ciegos” que sean, algo sabrían de lo que estaba ocurriendo en las “parroquias”, desde hace mucho tiempo. Paños calientes.
A todo esto, las víctimas de abusos, tildan el “informe Gabilondo” de decepción, como “una oportunidad de oro perdida”. En opinión de una de las víctimas, “el Congreso escogió, de forma consciente y deliberada, hacer las cosas mal, cuando encargó la investigación al Defensor del Pueblo, que se ha negado a cuantificar el número total de posibles víctimas de los abusos y se limita a recoger los datos de una encuesta”. Por otro lado, la Plataforma Tolerancia 0 de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia lo califica de “gatillazo” y de decepción” el informe. Dice que el estudio es de una “calidad pésima”. Que la Iglesia se ha negado a colaborar de forma generalizada. Que el “único modelo eficaz” para llevar a cabo el estudio era el de una “comisión de la verdad con poderes coercitivos”. Cosa que el Defensor del Pueblo no tiene capacidad para ejercerlos. Y, además, no se ha investigado el “encubrimiento cometido por la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática, que no se hayan revisado los archivos canónicos o entrevistando a las instituciones donde se cometieron los hechos”.
En cuanto a las “recomendaciones, son insuficientes y descafeinadas…” con un resultado que “no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
A nivel más político, la organización Europa Laica, va más allá del informe, remarcando lo grandes privilegios que sigue detentando la Iglesia católica y les recuerda al PSOE y SUMAR, que en su acuerdo para nuevo gobierno de coalición y para que España SÍ avance hacia un Estado Laico, es necesario sacar la religión de la escuela y la Universidad, que aún esta pendiente la modificación de los arts. 16 y 27 de la CE del 78. También, denuncia la reforma de los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede y la derogación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos en el Código Penal. Y poner fin al adoctrinamiento religioso infantil. Y la supresión de la financiación pública a las confesiones religiosas y de sus beneficios fiscales.
Pero todo esto supera la voluntad democrática de un Estado que le gusta ir bajo palio.
