Catalangate vs Spaingate 1
He leído, en los últimos días, noticias sobre espionaje a políticos y la Seguridad Nacional, que me hacen dudar sobre si es Seguridad o Inseguridad, porque una cosa lleva a la siguiente que es LIBERTAD. Algo así como un intercambio de cromos entre derechos humanos y Seguridad del Estado.
Pero la cosa viene de lejos. En la historiografía liberal, allá por los siglos XVII y XVIII, un tal Hobbes y un tal Locke, le metieron mano al tema de la Seguridad y coincidían que había una contradicción entre libertad y seguridad. Y para enredar un poco el tema, Benjamin Franklin (1706-1790), que además de inventar el pararrayos y otras ocurrencias, fue un político de alto nivel y padre fundador de los Estados Unidos, de la Declaración de Independencia y de la Constitución de los EE.UU., esa que lleva muchas enmiendas, para envidia nuestra que, sólo le dan un retoque cuando el “Deep State” financiero se le antoja o hay que tapar las cascarrias de un “emérito” que hace aguas por la sentina; pues ese mismo, dejó perlas por el camino que nos deberían hacer reflexionar, pero, como ese no es el deporte de moda de la carpetovetónica Spain, así seguimos.
“Quien renuncia a su libertad por seguridad no merece ni libertad, ni seguridad”.
Y un tal Roderick T. Long, comentarista libre, señala que “el equilibrio, comúnmente buscado es una trampa: No puedes renunciar a la libertad por seguridad porque son exactamente la misma cosa”. También deja reflexiones como: “El Estado es el proveedor de seguridad más peligroso porque arrebata la libertad a cambio de sus promesas”.
Aunque, más tarde, los políticos que siguieron a Franklin, fueron escorando dichas ideas, arrimando las ascuas a sus sardinas. Y no voy a explicar cómo EE.UU. inundó el mundo de guerras, fuera de sus fronteras para tener su “seguridad nacional controlada”. Después de la II Guerra Mundial, fue el dislate de medidas para montar un escudo “protector” de misiles, en Europa, contra los rusos. Y de aquellos polvos, estos lodos. Una guerra en Ucrania que pone los pelos de punta cuando se ve que los muertos no son los que guerrean sino los que huyen de la guerra. Y que la guerra es un “negocio” de muerte donde los que ganan no están en los frentes, sino en los comités de dirección de las fábricas de la guerra, vendiendo sus productos al mejor postor.
Y llegamos a la conclusión que los demás estados empezaron a montarse sus “chiringuitos” sobre la Seguridad Nacional al estilo “yanqui” y repelús da, pensar en quién tiene el botón rojo al alcance de su dedo cuando le dé por estornudar. O ¿Quién hace el informe que va al “juez”, o el Tribunal de Cuentas se pone la capa del Guerrero del Antifaz en nombre de la “unidad de la patria” y ¡Sálvese quien pueda!, porque lo de mirar si se ajusta a Derecho, no es cuestión de Seguridad Nacional, o de la “TÍA” del Mortadelo es harina de otro costal, lo demás serán daños colaterales que la capa de la “omertá” patriótica se encargará de ocultar.
Y, a partir del 11S (2001), todos los estados empezaron a ver terroristas en cada esquina, y a elaborar un manual para “proteger a la ciudadanía” de los atentados, dejando de lado los artículos donde se debería proteger a los ciudadanos de sus gobernantes, que encontraron un filón donde meter mano al erario público y esconderlo en “defensa” o en armamento, que viene a ser lo mismo. No estoy hablando de comisiones por la venta de armamento, que eso es otra cosa y la Constitución pone “parapetos de inviolabilidad” imposibles de saltar. Me refiero, por ejemplo, a países democráticos o seudodemocráticos, que venden armas a países, donde los derechos humanos suena a Perogrullo, y hacen guerra a otros países menos armados, para quitarles fuentes de “materia prima” o vaya usted a saber que antojos tienen para desear la propiedad ajena.
Pero estas prisas no llegaron a Moncloa hasta 2011, en que la “corte” de Mariano Rajoy (PP), elaboró un proyecto denominado Estrategia de Seguridad Nacional cuya finalidad era garantizar la seguridad de España y de sus habitantes y ciudadanos por el gobierno y las Administraciones públicas. Aunque dejaba claro que “La seguridad es hoy responsabilidad de todos”. Igual que aquella frase de que “Hacienda somos todos”, pues algo similar, hasta que algún día llegue una abogada del estado y diga que aquello era “publicidad, como forma de concienciación al país”, no realidad (como en el ‘caso Nóos’, defendiendo el archivo de la acusación contra la infanta Cristina).
Aquella “Estrategia Española de Seguridad” se basaba en seis conceptos, pero ninguno hacía referencia a los derechos humanos, o del ciudadano. 86 páginas donde no se habla de democratizar las fuerzas armadas y de ponerlas al nivel europeo, eso sí, muy bien detallado todo el entorno geopolítico y la relación con todas las organizaciones habidas y por haber que se mueven en este ámbito. Y termina proponiendo la creación de unas estructuras “con funciones de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, que pueda coordinar las labores de seguridad tal y como las define la Estrategia”. Cuyos cabezas dirigentes, no serán elegidas por el pueblo, sino por los que mangonean los poderes desde la sombra.
Esto se publicaba en 2011, y en 2014 el periodista José María Triper, en El Economista, recordaba que la “criatura”, refiriendo a la “Estrategia de Seguridad de 2011, se había convertido “en la víctima inocente de una guerra encarnizada entre ministerios para atribuirse su paternidad y tutelaje”. Y es que los ministerios de Defensa, Exteriores, Economía, Interior y el de la Vicepresidencia sacaron las “facas” escondidas en las fajas del poder para llevarse el gato al agua. Ya que lo de poner a un tal Moragas, como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, no gustó nada a los “pesos pesados” del PP. Así que la dichosa Ley pasó al “limbo” hasta mejor legislatura. Entre tanto, se debatía, entre bambalinas, sobre quién se quedaría con el CNI (antiguo CESID). Pieza golosa, que no se sabe si va o viene, es decir, si el gobierno controla a la inteligencia nacional o es al revés. Aunque después del “marrón” del 17A, el atentado en Barcelona en agosto de 2017, donde el cabecilla de la “célula” terrorista, estaba a sueldo y controlado por agentes del CNI, mejor no destapar la caja de Pandora por lo que pueda pasar.
Como con el tema de ETA y el atentado del 11S, ya se había elaborado el informe señalado anteriormente, Estrategia de Seguridad Nacional, pero no corría prisa en ponerla en marcha. Tuvieron que ocurrir más atentados, como el de Londres de 2005, con unas 700 personas heridas, y 56 muertos, entre ellos los cuatro terroristas. Otro atentado en 2007 y otro más en 2013, para ponerse las pilas y sacar la Estrategia del cajón del olvido. Los de Francia, en 2015, contra la revista satírica Charlie Hebdo o contra la sala Bataclán de París, o en 2016 en Niza.
Incluso la primera ministra conservadora británica, expresó públicamente lo que muchos gobernantes del entorno pensaban, pro no se atrevían a decirlo: de “estar dispuesta a cambiar las leyes que protegen los derechos humanos, si con ello se combatía el terrorismo”. Como aseverando lo que Roderick T. Long decía anteriormente sobre que el Estado es el proveedor de seguridad más peligroso…
Y aquí, siendo más papistas que el Papa, la “corte” Rajoyniana, aprobó una Ley de Seguridad Nacional, poco después de los atentados en Francia, aunque eso no tenía nada que ver. Que no era “prioritario” porque el gobierno tenía bien cubierta la seguridad nacional. Pero la “virreina” Santamaría, defendía la norma porque “otorga herramientas adecuadas a los nuevos riesgos”.
Aunque mirándolo bien, no es necesario hacer un plan de Seguridad Nacional, basta con comprar unas aplicaciones a los israelíes, para “pinchar” teléfonos a los contrarios políticos y “miel sobre hojuelas”.
Y en esas estamos. Desde la trastienda de las cloacas, alguien compra el programario Pegasus, o el Cadirus, o el que sea, que los fondos reservados todo lo tapa, y hace de su capa un sayo, para espiar al “supuesto enemigo de la patria” o de la unagrandeylibre” que para el caso viene a ser lo mismo.
Y se nos queda la cara de pasta boniato cuando un informe de una universidad de prestigio lanza al aire que una sesentena de “catalanes independentistas” han sido espiados en sus teléfonos móviles, durante los últimos años, porque, según la jefa del ejército, esa que se pone firme ante el paso de una cabra en un desfile militar, se pregunta “¿Qué ha de hacer un Estado cuando alguno vulnera la Constitución? ¿Qué ha de hacer cuando se declara la independencia o anima desórdenes públicos?”.
Es muy fácil señora exjueza, usted debería saberlo mejor que un “mindundi” del pueblo llano que le dio su voto a su partido. El Estado debe ponerse a la altura del estado de derecho y dentro de un sistema llamado democrático. Lo que usted plantea se sale por la tangente y se acerca a un Estado autoritario. Así que lo primordial es que el Estado dimita en pleno desde la “coronilla” hasta los pies. Porque la decencia política pide dimisiones en nombre de la salud democrática y que la “justicia” actúe como tal, no lavándose las puñetas. Sería la forma de salir de una democracia fallida. Aunque es pedirle demasiado a una dirigente de un partido político que se decía republicano, pero que quién mejor lo representaba era la monarquía.
(continuará)