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Hago mención a la columna de Jorge Zepeda Patterson en el peridíco El País https://elpais.com/elpais/2020/04/08/opinion/1586379426_138071.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR29Agl-Bl2iwm9lyT1ea8fXo1y1cD9rsuDocEKRbVzUwWo5_sPKaLwISjg , del pasado 8 de abril, en donde expone argumentos que defienden el actuar del Presidente López Obrador, justificando sus decisiones en función de la justicia social y las condiciones de pobreza que vive nuestro país; y justamente ante estos argumentos, considero que sin lugar a duda existe una deuda histórica con millones de mexicanos que han sido despojados de todas las oportunidades para mejorar su calidad de vida, por toda la clase política, que abarca absolutamente todos los partidos sin excepción, que ha gobernado este país y se ha enriquecido brutalmente durante décadas. La disminución de la desigualdad y la atención prioritaria a los sectores más vulnerables es una obligación inaplazable.

Hasta este punto estoy de acuerdo con el artículo. En lo que no estoy de acuerdo con el autor de la columna, es en que el personaje que lleva a cabo este proceso, sea solamente pintoresco, rijoso y provocador; creo que faltó agregar la soberbia, incongruencia e ignorancia como factores emblemáticos de esta administración y su estrategia de polarización y división de la sociedad, como el elemento más peligroso.

El proceso para devolver la dignidad y justicia a los pobres de México, es un camino de muy largo plazo, que no se resuelve únicamente mediante una mayor transferencia de recursos a esos sectores de la población.

Es un desafío que requiere cambios estructurales de forma y fondo, en donde será necesario acabar con poderosos intereses económicos y de grupo, mejorar los niveles educativos, generar riqueza a través de establecer las condiciones de confianza para invertir en el país, fortaleciendo el estado de derecho, reduciendo la impunidad y administrando los recursos públicos de manera eficiente y transparente para garantizar que sean destinados a resolver las necesidades de la sociedad, no a enriquecer impunemente a sindicatos, políticos, pseudoempresarios, ni grupos de presión, como ha sucedido durante años y sigue sucediendo en esta administración.

Llevar a cabo esta tarea, requiere de un liderazgo excepcional, que logre un consenso de unidad y participación de la sociedad civil en su conjunto, así como de un equipo de trabajo y gabinete con una capacidad y preparación sobresaliente, especialmente en la comunicación de todo el proceso.Lamentablemente, lo que hemos visto en los meses que este gobierno ha estado a cargo y es una realidad indiscutible, es un discurso permanente de división y polarización, una escandalosa falta de preparación de muchos miembros del gobierno en sus tres niveles, una falta recurrente de estudios que sustenten y justifiquen las decisiones en materia de servicios gubernamentales, infraestructura y obra pública, sumada a una pésima comunicación de objetivos, una total desatención al crecimiento de impunidad y violencia, y especialmente la manera en la que se han hecho evidentes los acuerdos y simulaciones para no tocar a los responsables del saqueo al país, seguidos de un largo etcétera de decisiones erráticas que han afectado la confianza y generado una gran incertidumbre que se ha reflejado puntualmente en la salida de capitales y la falta de inversión, con todas las consecuencias que estos indicadores constituyen.

Estos hechos, en realidad acercan más los objetivos a un régimen comunista, en donde la desigualdad se reduce no por mejorar las condiciones de vida de la mayoría, sino por reducir de manera significativa la calidad de vida de la clase media.

Por: Leobardo Espinoza Lopez

Twitter  @leobardoe

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