El acuerdo de la Comisión Federal de Electricidad con las compañías que construyeron los gasoductos y venderán servicios de transporte de gas a la CFE es de celebrar. Debemos celebrar que el pleito legal que inició su director, Manuel Bartlett, y que llevaría a un litigio internacional que seguramente tomaría años y que lo más probable es que la CFE lo perdiera, fue evitado por la intervención directa del presidente López Obrador con el apoyo de la cúpula empresarial mexicana.
El acuerdo significó, hasta donde vemos, un ahorro en las tarifas que se van a pagar por el transporte, que quedan fijas durante la duración del contrato, a cambio de alargar la obligación de CFE de utilizar los gasoductos en 5 años más. La reducción de las tarifas, estimando el consumo de gas anual por los 30 o 35 años, son los 4500 millones de dólares anunciados por el presidente (128.6 millones de dólares anuales, unos 2,500 millones de pesos actuales, que equivalen al 0.04% del presupuesto anual). Si los contratos estaban suscritos para un periodo de 30 años, aumentarlo a 35 años y aumentar el volumen significa ampliarle el negocio a las gaseras en por lo menos 16.7%, lo que compensa, al menos parcialmente, la reducción de las tarifas. Si además consideramos la tasa de interés y otras variables como la competencia en el mismo sector de transporte de gas, que no sabemos a ciencia cierta lo que ocurrirá, entonces vemos que el acuerdo fue de beneficio para ambas partes. Las empresas reciben menos por su servicio, por pié cúbico transportado, pero transportan más gas y lo reciben durante 5 años adicionales al establecido originalmente. Hubo un Quid pro quo.
Pero como lo dijo el presidente en la conferencia mañanera, además del presunto “ahorro de 4,500 millones de dólares, se logró evitar el litigio que entorpecería la construcción de confianza que tanto necesita el país”. Tiene razón el presidente al señalar el tema de la confianza, y yo agrego algo más. Era muy importante que no se llegara al litigio por dos razones: primera, hubiera sido la prueba fehaciente, a nivel internacional, que el gobierno de México no respeta los contratos suscritos con compañías internacionales. Ya lo hizo a nivel nacional con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en donde canceló los contratos ya suscritos y las empresas involucradas prefirieron agachar la cabeza por alguna razón que se decidió en aquella mesa de “negociación” entre el presidente y Alfonso Romo con los capitanes de las empresas involucradas el 6 de noviembre de 2018. Y como se ha comentado por propios y extraños, las consecuencias negativas de la cancelación del aeropuerto se están resintiendo en el desempeño de la economía y en las perspectivas de inversión hacia delante. Romper ahora con inversionistas extranjeros, hubiera sido demoledor para el país. Qué bueno que Andrés Manuel López Obrador no se empeñó en respaldar la decisión de Manuel Bartlett.
Segundo, porque seguramente CFE hubiera perdido el litigio, luego de muchos años, con un seguro desabasto de gas en el país y con sus nefastas repercusiones a la generación de energía y a la economía en su conjunto. No había razón para echar abajo contratos que habían sido licitados internacionalmente, dentro del marco jurídico, por lo que las compañías gaseras hubieran ganado el pleito. Con su participación, el presidente conjuró un peligro que su propio equipo de trabajo le había creado, sin necesidad.
Una reflexión inmediata que comparto es que el presidente no parece comer fuego, y no lo hizo en el asunto de las empresas gaseras. Llegó a la conclusión que seguir la senda de la decisión tomada por su gobierno, que llevaba a la reducción del desempeño económico y al conflicto legal y político, era peor que asumir la equivocación inicial. El reto entonces es convencerlo que sus decisiones de corte económico, que han inflingido un severo golpe a la confianza y al desempeño de la economía, podrían impedir el éxito de su gobierno. Si eso se lograra, el pragmatismo del presidente quizás lo haría reconsiderar algunas de sus decisiones.
Por: Enrique Cárdenas Sánchez
Universidad Iberoamericana de Puebla
Puebla contra la Corrupción y la Impunidad
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