Libertad de expresión y acceso a la información pública son primos hermanos. Son dos derechos que el Estado debe garantizar so pena de renunciar a vivir en algún tipo de democracia, sin apellidos ni calificativos. Si el Estado no los garantiza refleja su ADN, una tiranía. Así de fuerte. Por eso la iniciativa del gobierno de “proteger a las audiencias” se ha topado con un rechazo generalizado, que sólo el gobierno está defendiendo a capa y espada. La razón es simple. Es un instrumento para legalmente coartar las opiniones de la gente, para que las personas lo piensen dos veces antes de decir lo que quieran en cualquier medio, en cualquier momento y en cualquier lugar (dentro de los límites de la convivencia democrática).
Y por eso no podemos permitirlo, no podemos acceder a que nos quiten ese derecho inalienable. Es tan evidente, que la gente se ha revelado: quienes interactúan en redes sociales, quienes conversan con sus amigos en un café, quienes siguen en radio y tv lo que ocurre en nuestra sociedad y en el mundo. Este no es el primer paso ni la primera acción que ha emprendido la 4T. Desde su inicio, el gobierno de López Obrador se dedicó a perseguir a líderes de opinión y periodistas, a amedrentar a medios de comunicación con retiro de publicidad, amenazas a sus decretos de concesión, o a una sutil advertencia que ha llevado a la autocensura y a despedir a profesionales del periodismo o de la opinión pública. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Literal. Es el país con más periodistas asesinados en los últimos años, salvo en zonas en guerra. También las bajas de periodistas y líderes de opinión en los medios han sido permanentes, y han sido vergonzantes para los medios que no han querido defenderlos y los han abandonado a su suerte. Sólo unos cuantos sobreviven, sólo unos cuantos medios han resistido la presión y se han decantado por su convicción social y razón de ser. Lástima que sean la minoría.
Pero han aparecido otros medios, como este mismo en el que colaboro, para llenar un vacío que aquellos han dejado. Enhorabuena y solidaridad con quienes permanecen y defienden la libertad de expresión.
Pero además de nuestro derecho por expresarnos con plena libertad es necesario defender a su primo menos reconocido, el derecho a la información. Al igual que la 4T emprendió una cruzada para mermar la libertad de expresión, se ha dedicado también a reducir cada vez más el acceso a la información pública, a limitar la información que (por ley) se produce y se debe publicar, a designar de “seguridad nacional” cualquier tema incómodo, a debilitar a las instituciones que generan información hasta llegar al extremo de destruir al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la institución autónoma que garantizaba nuestro acceso a la información pública y la defensa de nuestros datos. Hoy ha quedado como una responsabilidad adicional en manos del Ejecutivo: la Iglesia en manos de Lutero. Y de pasada, la 4T inició una cruzada contra las organizaciones civiles, y especialmente aquellas que se han dedicado a analizar la política pública y que permiten imponer marcaje personal a quienes ejercen el poder público, en todas sus áreas.
Así como estamos experimentando una cruzada contra la libertad de expresión y la vulnerabilidad de nuestros datos personales, el gobierno cada vez nos exige más información personal (como el caso del registro de las líneas telefónicas), pero ofrece menos información que es de interés público. Las bases de datos desaparecen de las plataformas, secretarías de Estado que deben producir información simplemente dejan de hacerlo o retrasan su publicación, y cuando lo hacen, frecuentemente es en un formato difícil de procesar. O a veces cambian clasificaciones para ocultar la realidad, como el caso de los homicidios y las desapariciones. El INEGI mismo ha dejado de producir información relevante, ni es plenamente transparente en el desarrollo y actualización de sus metodologías que alteran los datos que son base de análisis y decisiones, como los ingresos y gastos de las familias o el comercio exterior, lo que merma la confianza y certidumbre de la información que se genera sobre el país.
Y sin buena información y buenas cifras es más fácil generar “otros datos”, otra realidad y una narrativa que se aparta de la realidad, como lo ha hecho la 4T. Afortunadamente se ha luchado también en ese frente, el de la preservación de la información, que al luchar por la libertad de expresión se defiende unos de los pilares de nuestra doliente democracia.
