Las elecciones para gobernador en Puebla están aún sin resolverse. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la impugnación de Morena en la mesa y están por decidir. No conozco el texto de la impugnación y ese es un tema de Morena. Pero lo que es un tema de los ciudadanos, de los habitantes del estado, es otro que va mucho más allá de quien resulte triunfador de las elecciones. Eso ya es secundario. Lo que importa es que se respete la ley y, sobre todo, que se mantenga el principio constitucional de votar de manera libre y con seguridad. Cuando se ejerce coerción del voto, y sobre todo cuando hay miedo de ir a las urnas por inseguridad física, ya estamos hablando de otra cosa mucho más grave. Y si además se observa como una acción concertada por alguien, el problema escala aún más. Y eso es lo que ocurrió en Puebla el pasado primero de julio durante la jornada electoral.
Los hechos: Hubo 93 casillas de 25 secciones de Puebla capital que sufrieron violencia grave en la que participaron comandos fuertemente armados, incluso con armas largas, que irrumpieron en las casillas disparando y generando terror, hirieron a varias personas, robaron y rompieron las urnas para suspender la votación. La autoridades y la policía estuvieron prácticamente ausentes, empezando por el Gobernador Antonio Gali. Las autoridades encargadas no respondieron llamadas de auxilio de los consejeros electorales ni de otros ciudadanos. En un caso, al escapar velozmente en una camioneta, el comando se volcó y dos sujetos que iban en ella fueron detenidos y golpeados por la gente, al darse cuenta que la camioneta estaba llena de boletas que acababan de ser robadas. Por desconfianza, la gente no quiso entregarlos a la policía. Horas después, la gente fue gaseada para que las autoridades se pudieran llevar a los sujetos detenidos, así como la camioneta volcada, que resultó ser propiedad de la Secretaría de Finanzas del Estado.
A más de 4 meses de los hechos, no hay un solo inculpado ni se sabe de ninguna indagatoria que esté haciendo la autoridad. Los detenidos de la camioneta salieron libres por “falta de pruebas”. No hay ni siquiera presuntos responsables de los hechos. La Fepade recibió decenas de denuncias que no han sido atendidas ni se sabe de que se haya dado seguimiento.
El periodista Sergio Mastretta, como parte de una investigación apoyada por Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI), una nueva organización de la sociedad civil, muestra la evidencia de decenas de testigos directos de los hechos: Funcionarios de casilla, personal del INE, consejeros electorales, personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Sergio nos presenta evidencia contundente sobre el grado de violencia, el modus operandi de quienes perpetraron los hechos y el terror que desataron, además de la violación del derecho de votar en paz. Este reporte se puede ver en http://pueblacontralacorrupcion.org/investigaciones/
Similarmente, en otra investigación para PCCI del Dr. Alejandro Guillén, académico de la Universidad Popular Autónoma deprl Estado de Puebla, revisó únicamente documentación oficial y llegó a conclusiones similares (http://pueblacontralacorrupcion.org/investigaciones/). Revisó el acta de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla del 10 de octubre, los datos proporcionados por el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) del INE, el informe oficial de los consejeros electorales de la Junta Local del INE que le presentó al Consejo General en la Ciudad de México el 3 de agosto (el cuál por cierto no ha dicho nada al respecto: pésimo), y las actas circunstanciadas registradas en los consejos distritales del INE. Su análisis es contundente: En 154 casillas en todo el estado hubo violencia grave definida como: “grupos armados irrumpieron violentamente en las casillas y, al detonar sus armas, pusieron en peligro la vida de votantes y funcionarios de casilla”. Los operativos en la Ciudad de Puebla ocurrieron entre las 15:10 y las 17:30 hrs. y se observó el mismo modus operandi. El TEEP anuló 59 casillas, pero ninguna de ellas por causa de los hechos violentos. ¿Acaso los Magistrados no se habían enterado de lo ocurrido? Más de 20 mil personas marchamos el 3 de julio en Puebla en contra de la violencia durante la jornada electoral. Ustedes dirán.
Así, existe evidencia contundente de la violencia grave, orquestada, ocurrida en Puebla. Si el TEPJF omite estos hechos, estará avalando a grupos armados al servicio de alguien para violentar las elecciones en el futuro. La inacción de la Fiscalía del Estado y de la FEPADE es ominosa. Es un pésimo mensaje a la ciudadanía. No se salvaguarda nuestro derecho de votar sin miedo, sin terror. Me pregunto, ¿quién querrá hacerlo en las próximas elecciones? ¿Quién querrá ser funcionario de casilla o auxiliar electoral si ni siquiera el INE ha dado la cara para defenderlos?
Por todo esto, la resolución que dicte el TEPJF sobre la elección para gobernador de Puebla es mucho más trascendente que definir al ganador de la contienda.
Por: Enrique Cárdenas Sánchez
Universidad Iberoamericana de Puebla
enrique.cardenas@iberopuebla.mx
@ecardenassan