Siempre es interesante y útil detectar los puntos de quiebre en el devenir de una sociedad en lo económico, en lo político, en lo social. Son momentos, eventos o decisiones que marcan un derrotero que conlleva consecuencias y repercusiones muy distintas a las que hubieran ocurrido de no haber sucedido aquel evento o aquella decisión trascendente. Ese es un punto de quiebre, y la semana pasada es uno de esos momentos de ruptura de tendencia que tendrá repercusiones.
Como cada semana, hubo eventos y decisiones importantes, pero ocurrieron dos que implicarán un antes y un después. Una, el episodio Culiacán al que se suma lo ocurrido en Michoacán y en Guerrero la misma semana, y otra la aprobación de la ley “antifactureras” que tuvo menos visibilidad precisamente por el ruido de las balas, pero también muy importante.
El episodio Culiacán marca el fracaso de la estrategia de seguridad planteada por el presidente López Obrador. Fincar la solución del problema de inseguridad y violencia en atender los problemas sociales y una política de “abrazos no balazos” con el crimen organizado, quedó evidenciada como inviable y además altamente riesgosa para la estabilidad del país. Inviable porque quedó demostrado que el narco hace cumplir “su ley” mientras que el gobierno es incapaz de hacer lo propio con nuestras leyes, en lo pequeño y en lo grande. Peligrosa porque la forma en que el gobierno ha lidiado con la crisis ha estremecido uno de sus pilares y puesto en entredicho la capacidad de cumplir una de sus atribuciones esenciales: el uso legítimo de la fuerza, y el ejército como garante último de nuestra seguridad y soberanía como estado independiente.
Justo en estos días se cumplió el plazo de seis meses que el presidente prometió dar un resultado sensible de mejoría de la seguridad y reducción de la violencia. Todos los datos indican lo contrario y, además, se han evidenciado algunos de los problemas que analistas y especialistas le atribuían al desmantelamiento de la policía federal, el poco presupuesto a las policías locales, y al carácter militar de la naciente Guardia Nacional. Se argumentó que la seguridad de la sociedad debe estar en las policías y las fuerzas civiles, y las fuerzas armadas deberían regresar, paulatinamente, a sus cuarteles para realizar sus funciones de defensa de la población y la soberanía. Esta semana, la emboscada y matanza de 13 policías municipales en Aguililla, Michoacán (mal entrenados y con armamento limitado), y la muerte de 15 civiles armados (presuntos delincuentes) a manos del Ejército sin dejar sobrevivientes y en condiciones extrañas, muestra que el camino que se ha tomado no llevará a buen puerto. El episodio Culiacán agrega, a estos problemas, la realidad de los grupos del crimen organizado y la realidad de la desorganización e incompetencia de quienes lideran el gabinete de seguridad. La pregunta no es si el presidente debía o no canjear al hijo o hijos del Chapo para evitar un derramamiento de sangre en Culiacán, como se ha dicho, sino cómo es que llegamos a esa situación. Cómo fue que se puso en peligro a la población, las contradicciones y cambios de versión del presidente y de la autoridad, el papel del gabinete de seguridad, y un largo etcétera. Pero en todo caso, lo que se evidenció fue que la estrategia de seguridad del actual gobierno ha fallado y, de no corregirse, la inseguridad y la violencia irán de mal en peor.
El segundo evento es la aprobación de la ley “antifacturteras” casi en los mismos términos en que había salido del Senado, a pesar de la aparente promesa de Hacienda de que habría ajustes sensatos en la ley para evitar incertidumbre y vulnerabilidad de contribuyentes cumplidos. La molestia del sector privado la hizo pública el propio Consejo Coordinador Empresarial en un comunicado el martes pasado. El gobierno no escuchó las objeciones ante la nueva ley y por tanto permaneció la vulnerabilidad de los contribuyentes (empresas y personas) ante actos discrecionales de la autoridad. Esta nueva ley es parte del paquete legislativo ya aprobado de extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa: por algún problema fiscal medianamente serio, sin mediar sentencia, te meten a la cárcel, valúan tus bienes, los enajena el gobierno y, si resultas inocente, no te regresa la propiedad sino sólo el monto del avalúo. ¿Así o más claro?
Después de meses de “llevar la fiesta en paz”, es la primera vez que la cúpula empresarial muestra públicamente su inconformidad. Hubo un quiebre, un desencuentro compartido por otros empresarios, por lo que el gobierno tendrá que recomponer la relación. De no ser así, las perspectivas de inversión serán todavía más inciertas.
Es indispensable corregir el rumbo para no validar los quiebres de la semana pasada.
Por: Enrique Cárdenas Sánchez
Universidad Iberoamericana de Puebla
Puebla contra la Corrupción y la Impunidad
enrique.cardenas@iberopuebla.mx
@EcardenasPuebla
