A principios de abril del año pasado, la humanidad vivió un agravio sin precedente en la vida de la civilización moderna: la misión diplomática de México en Quito fue invadida por fuerzas policiales con el propósito de secuestrar a un individuo que gozaba del estatus de asilado de conformidad con lo que el efecto se dispone en La Convención de Caracas de 1954.
De inmediato publiqué que la relación política entre ambas naciones, se remonta a la influencia que, como embajador de México en Londres, desempeñó en su momento el primer presidente de Ecuador Vicente Rocafuerte, quién concertara el primer empréstito de México como nación independiente con la casa “Goldschmidt y Barcley”, hecho que genera una interconexión, que no se circunscribe a la mera pertenencia a la comunidad cultural de habla hispana, sino que establece de carácter institucional político de larga data.
Al precedente, materia por cierto de un muy elogioso reconocimiento por parte del abogado Federico Anaya, se sumó el señalamiento de que, independientemente de las acciones conducentes ante el tribunal internacional de justicia de la Haya por parte del estado mexicano en el ámbito internacional, el hecho constituyó conducta constitutiva de una serie de delitos en el orden jurídico interno, respecto de los que la justicia federal se encuentra plenamente investida de competencia, tanto para conocer de ellos, como , para dado el caso, emitir las sanciones correspondientes.
En consecuencia, el día veintidós de abril fue presentada la denuncia correspondiente ante la delegación federal de la Fiscalía General de a República en la Ciudad de Puebla; habiéndose presentado otras denuncias sobre los mismos hechos, entre las que destacan la que fuera formulada por la Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, y la que fuera presentada por parte de los familiares del hombre que fuera secuestrado en Quito el tres de abril, en la delegación de la fiscalía en nuestra embajada en Madrid.
El seguimiento correspondiente a las denuncias en cuestión, tendría que haber sido en el sentido de que la Fiscalía General de la República girase carta rogatoria, solicitando a las autoridades competentes de Ecuador por medio de nuestra representación en Quito que al momento corre a cargo de la Embajada de Suiza, el que se solicitara la declaración de los indiciados en los lamentables sucesos del pasado tres de abril.
Seguimiento que, hasta donde entiendo, no ha sido llevado a cabo y motivo por el cual se tramita al presente un juicio de amparo por omisiones por parta de la autoridad ministerial mexicana al respecto.
Resulta absurdo que la autoridad mexicana claudique de su atribuciones, a unas cuantas semanas de cumplirse un año de una transgresión sin precedente, -Hitler incluso respetó la inmunidad ya no diplomática, sino consular, que permitió a Gilberto Bosques Saldívar desempeñar una de las hazañas emblemáticas de la diplomacia mexicana-, y de que, de manera coincidente , se ventilen los comicios en segunda vuelta en el país andino.
