A menos de una semana de la primera elección judicial, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se encuentra en una encrucijada: tiene en su estado una de las estructuras de votación más grandes de Morena, con casi un millón de sufragios, y deberá decidir si inclina la balanza hacia los candidatos que le mandaron desde Palacio Nacional o hacia los que le indican en el Senado de la República.
Para nadie es un secreto que el exsenador llegó a su actual posición con el apoyo de Adán Augusto López, quien para tener influencia en esa entidad se alió con el ahora diputado Ricardo Monreal. La apuesta primaria del tabasqueño por esa gubernatura era el también senador Ignacio Mier, pero tuvo que ceder el espacio porque no logró reunir los apoyos suficientes para impulsarlo.
Una vez alineado con la candidatura de Armenta, le mandó a su operador financiero Fernando Padilla, el mismo que ha recibido contratos por casi 2 mil millones de pesos en los estados en los que Adán Augusto tiene influencia, y aquel que en los últimos meses ha sido señalado de financiar las campañas de posicionamiento en Chihuahua de la senadora Andrea Chávez, con miras a convertirla en gobernadora en ese estado.
Abundan evidencias en Puebla que confirman que Padilla Farfán financió una buena parte de la campaña del actual mandatario; existen fotografías que muestran que las empresas y flotillas de este personaje distribuyeron material de propaganda durante la campaña y habrían participado en labores de “acarreo” el día de la votación.
El punto es que el agradecimiento o la dependencia que el gobernador de Puebla tiene con respecto al actual coordinador de los senadores de Morena es muy marcada, por lo que no puede comprometer el voto de su estructura a la lista que hace un par de semanas le revelé en este espacio, y que está palomeada, según diversas fuentes, por la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
De entrada, el grupo de Adán Augusto López –nada cercano al de la Presidenta– no está convencido de entregar sus votos a la llamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, mucho menos para que obtenga una preferencia que le permita presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en el periodo inmediato o en años subsecuentes. En el Congreso de la Unión ven con mejores ojos a la ministra Yasmin Esquivel, por su perfil menos radical.
Alejandro Armenta, dicen sus cercanos, fue uno de los gobernadores que aseguró que buscaría una audiencia con la presidenta Sheinbaum para cuestionar la famosa lista de candidatos para la elección judicial, pero no se atrevió a tocar el tema en su reciente visita a Palacio Nacional, a donde fue a reportar los resultados del programa IMSS Bienestar.
Puebla tiene entonces unos 925 mil votos que se pueden dirigir hacia determinados candidatos. Sólo superan a esta entidad la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas y Veracruz.
El problema es que Alejandro Armenta tampoco tiene el control total de esa estructura, por una pugna interna que prevalece entre su secretario de Gobierno, Samuel Aguilar Pala, y su jefe de Gabinete, José Luis García Parra, conocido como “El Choco”, quien arrastra sus propios escándalos por la estridencia con la que se maneja y los cuestionamiento sobre el origen de los recursos con los que presume autos valuados en más de tres millones de pesos y viajes en aviones privados. Debe ser por esa razón que el mandatario está tan enojado y desquita su frustración con empresarios y periodistas, a los que encara en público y luego regresa a decirles “que Dios te bendiga”.
