En los últimos meses, hemos sido testigos de un giro preocupante en la política científica y educativa de Estados Unidos. La administración Trump ha impulsado nuevas medidas que condicionan el financiamiento federal a las universidades, con consecuencias directas para la libertad de cátedra, la investigación y la colaboración internacional.
Instituciones como Harvard y Columbia han sido objeto de estas políticas. A Harvard se le congelaron más de 2 mil millones de dólares en fondos federales por no alinearse con ciertas exigencias del gobierno. Columbia accedió a cambios internos para no perder 400 millones de dólares. Estas medidas, extendidas a más de 60 universidades señaladas por supuesta tolerancia al antisemitismo, amenazan con desmantelar la autonomía universitaria.
Además del enfoque sobre el antisemitismo, la administración Trump ha condicionado el financiamiento federal a otras exigencias. Entre estas se incluyen la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la vigilancia de estudiantes extranjeros y la prohibición de ceremonias de graduación o becas destinadas a grupos minoritarios. También se ha presionado a las universidades para despedir o sancionar académicos considerados ideológicamente críticos , y revisar programas académicos que abordan tópicos que se consideran no alineados con los intereses del gobierno
En 2023, el gobierno federal distribuyó aproximadamente 60 mil millones de dólares en fondos de investigación y desarrollo a universidades en 50 estados. Este financiamiento es vital: representa más del 50% del gasto total en investigación en muchas universidades, llegando al 87% en el caso de Johns Hopkins y al 77% en Georgia Tech. Instituciones públicas como la Universidad de Washington recibieron casi 1.2 mil millones, y Stanford casi mil millones. Estos fondos no sólo impulsan la ciencia, sino también la economía regional: industrias como la biotecnología en Boston, la manufactura aeroespacial en Seattle o la pesca en el Pacífico dependen de estos ecosistemas universitarios.
Los recortes propuestos por la administración y el llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental” buscan eliminar lo que consideran “gasto innecesario”. Ya se han detenido proyectos relevantes, como una iniciativa de acuacultura con impacto en seguridad alimentaria global. Esta politización del financiamiento amenaza con frenar investigaciones en salud, clima y tecnología.
Para México, las implicaciones son múltiples. Aunque más de 15,000 estudiantes mexicanos están inscritos actualmente en universidades de USA. (un aumento del 6.4% en 2023–2024), el número de becarios mexicanos de doctorado en el extranjero se ha desplomado un 67% desde 2018. Esta caída se debe tanto a recortes de CONAHCYT como a nuevas restricciones migratorias y académicas en USA.
Programas como Fulbright-García Robles, centros binacionales como CaliBaja (UCSD–UNAM), o el OriGen Research Center (UT–Tec de Monterrey), reflejan el valor de estas colaboraciones. Pero si se reducen los fondos o se limita el libre intercambio académico, todo este ecosistema podría verse afectado.
Lo que está en juego es más que el presupuesto: es la libertad académica, el papel de las universidades en la democracia y la capacidad colectiva para innovar frente a los grandes desafíos globales. Lo que ocurre en USA. debe servirnos también de advertencia: en México debemos proteger la autonomía de nuestras instituciones y asegurar que la ciencia y la educación sigan siendo motores de progreso.
