¿Qué ocurrió? ¿Por qué ahora los titulares en el mundo califican como “gobierno represor” al de Claudia Sheinbaum? ¿En qué momento se derrumbó la popularidad de la presidenta en las encuestas? ¿Cómo fue que los programas sociales y los incrementos salariales dejaron de contener la irritación del pueblo bueno?
La historia no se cuenta sola porque la memoria es corta y la propaganda es mucha.
Los abusos, las traiciones, las mentiras, las omisiones, la colusión y la corrupción abundan entre los máximos jerarcas de la cuatroté. Los escándalos saturan la escena pública y todos tienen el mismo origen. Hagamos un recuento de los últimos sucesos.
Verano del 2025. La Fiscalía General de la República hace públicos los resultados de una investigación en la que se determinó que Hernán Bermúdez Requena era el líder del grupo delictivo conocido como “La Barredora”. Este personaje fue secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco en los tiempos en que Adán Augusto López Hernández era gobernador. Además de la relación jefe – subordinado eran amigos personales de la infancia. Una trama de complicidades en la que la seguridad de los ciudadanos se entregó a un grupo delictivo que secuestraba, extorsionaba, traficaba, mataba e infundía temor, mientras el señor Bermúdez Requena contaba con la protección de su amigo gobernador y después secretario de gobernación federal.
Ni Adán Augusto ni López Obrador se dieron por aludidos con la investigación. Ambos negaron tener conocimiento de la “doble vida” de Bermúdez Requena, argumento que le ha valido a Adán Augusto para mantenerse como líder del grupo parlamentario de MORENA en el Senado.
Al poco tiempo la misma Fiscalía General de la República expone la existencia de una red de tráfico de combustibles después de incautar un buque tanque cargado con diésel. Se descubrió oficialmente lo que ya se había expuesto en la prensa nacional desde el 2022; un esquema de tráfico de combustibles que evitaba el pago de impuestos en las aduanas y puertos. Una discrepancia equivalente a miles de millones de litros entre los volúmenes registrados por el gobierno de los Estados Unidos como exportaciones hacia México y los registrados por el gobierno mexicano como entrada desde el país del norte. Esa discrepancia generó un costo anual de 180 mil millones de pesos al erario, y se estima que supera los 500 mil millones solo en el sexenio de López Obrador. Lo peor es que la red de huachicol fiscal sigue operando.
Mientras políticos como Andy López Beltrán, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal o Mario Delgado viajan a todo lujo por Japón y Europa, haciendo gala de su riqueza y de su poder, la impunidad, la delincuencia y la violencia permanecen en el país. Ocurren a diario incontables casos de desapariciones, asesinatos, extorsiones, asaltos, violaciones. La delincuencia infunde temor a la gente con la exposición de cuerpos desmembrados y mutilados. Nadie hace nada. El gobierno celebra con datos estadísticos una supuesta disminución del fenómeno delictivo, pero las mismas encuestas gubernamentales exponen que la población se siente más insegura en octubre de 2025 de lo que se sentía en octubre de 2024.
Todo México se cuestiona la existencia de un pacto de impunidad entre los políticos del régimen y con los grupos de la delincuencia organizada. Nada nuevo. La cuestión es que ese pacto ha permitido que se rebasen los niveles tolerables de actividad delictiva. El costo económico y social del crimen organizado es tan alto que la gente ya se cansó.
Entonces surgió en Michoacán una voz disidente. Un presidente municipal que se atrevió a hacer su trabajo y enfrentó con energía a los grupos criminales que azotan a la población de Uruapan. Pidió la ayuda del gobierno estatal y federal para enfrentar a los criminales, no se la dieron, lo dejaron solo. Finalmente ocurrió lo que él ya había advertido; lo mataron. El asesinato de Carlos Manzo enardeció a la gente en todo el país. Solo en las 48 horas posteriores al crimen se generó un volumen inédito de mensajes orgánicos y genuinos en redes sociales con señalamientos en contra del gobierno federal, alrededor de 100 millones de impresiones.
Luego alguien convocó a la marcha de la generación Z. Ese alguien fue un chavo de 27 años, abogado de la UNAM, que entendía de los símbolos de su generación y del impacto que en otros países habían tenido. La idea incendió la pradera de las redes sociales. Cientos de miles marcharon solo en la Ciudad de México, a los que se les sumaron contingentes en otras 50 ciudades del país. El gobierno intentó desacreditar a la marcha y deslegitimar las causas que la motivaron, luego la infiltró con grupos violentos que justificaron la reacción represiva de la policía de la CDMX. En esas estamos hoy.
Esta es la crónica de un gobierno fallido, débil, sometido a intereses que lo superan y lo anulan. Así es como llegamos al sitio en que nos encontramos, lo demás son cuentos para intentar confundirnos.
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