De rancio abolengo histórico de este Tribunal, a ser “susceptible de prevaricar” para proteger a los que debería fiscalizar, hay un paso. Porque no es lo mismo Tribunal de Cuentas que de Cuentos. Algo así como en las Mil y Noches, pero con más mala baba.
Su historia viene de cuando la monarquía quería mantener a raya a los nobles que le hacían la “cobra” a la hora de pagar el vasallaje. Otros dicen que era para contrarrestar el poder de los virreyes y gobernadores locales, agarrándolos por las partes débiles y apretar cuando así le venía al “coronado” de turno. Son cosas de la Edad Media que, como no le pusieron freno llegaron a nuestros días con poder para joder al prójimo y al vecino si hiciera falta. Fue dando cambios hasta que “los reyes felones” padre e hijo, Carlos IV y Fernando VII, vendieron la “patria” a los franceses para veranear en Bayona. Cosas de Borbones, que siempre hay dinero corrupto por medio. Y fuera de la “patria”, faltaría más.
Para hacernos una idea de las raíces de este “Tribunal”, en la época moderna, por llamarlo de alguna forma, nos tendríamos que remontar a la Constitución de la Pepa, que fue el momento en que dejó de ser delegación de la monarquía y rendirles cuentas, pasando a rendirles cuentas al “Pueblo”. Un aparente cambio que resultó una falsa ilusión que duró lo que un pastel en la puerta de un colegio. Pues es a partir de 1870 cuando se crea el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública. Pero esto son cuestiones de organización y administración. Porque volvió a reencarnarse de sus cenizas en 1924, y pasó a realizar todas las funciones de control de las Administraciones Públicas, en la época de la dictadura del general Primo de Rivera. Aunque en la II República pasa a depender de las Cortes, que son las que nombrarán a sus miembros y, también, su cese.
Después de la guerra civil, en 1953, se restablece con el nombre de Tribunal de Cuentas del Reino. En plena dictadura franquista se apela al “Reino”. Aquí, el nombramiento era realizado por el Jefe del Estado, faltaría más, y daría cuentas al mismo. Pero la llegada de la “democracia”, la CE del 78 vuelve a reorganizar el ”Tribunal” configurándolo de forma diferente. “Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá funciones por delegación de ellas…”, sin perjuicio de la independencia en el ejercicio de sus funciones. Y, dando un triple salto, se convierte en un auténtico orden jurisdiccional, como el civil o el penal, etc., de tal forma que las sentencias del Tribunal en segunda instancia, sólo son apelables ante el Tribunal Supremo en casación o recurso especial de revisión. Y con todo este poderío judicial, no es necesario ser juez, basta con ser un “cuñao” cualquiera, eso sí, de “reconocido prestigio” y haber cursado algunos másteres en la “URJuanCarlos”, aunque la asistencia al curso no puntúa, y un partido lo aúpa al estrado del poder, para darle un hábito con “puñetas” y hacer de su toga un sayo. Que para eso se hizo una Ley Orgánica en mayo de 1982. Gobernando, toda plana mayor y menor heredera del franquismo, dando forma a la “criatura” que en la actualidad se llama Tribunal de Cuentas (TCu) y, a pesar de la carga legislativa que lleva a sus espaldas, la carga política supera con creces a la primera doblando las espaldas hasta llegar a la genuflexión antes los partidos que proponen a sus miembros, por no hablar del nepotismo y enchufismo que late en sus estructuras, algo así como un tronco carcomido por la polilla de la derecha y franquista, y la aquiescencia de una “izquierda” engolosinada por los pocos miembros que les eligen.
Un TCu que, cobija bajo su “mazo” el 14% de la plantilla con vínculos familiares repartidos por todos los cargos: esposas, cuñados, concuñados, primos, hermanos, hijos, sobrinos, yernos y algún que otro “conocido” que pasaba por allí. Situación denunciada no hace mucho, pero a ver quién le “pone el cascabel al gato”. Con los sueldos más altos de la administración pública. No hablo del cargo de director de la “Oficina del Español” de la Ayuso, que eso es harina del mismo costal, pero en plan basto, aunque “va a cobrar 75.000€ por rascarse los huevos”, según frase del alcalde de Valladolid. Pero, ”esto no es un chiringuito”, defiende su cargo, un tal Cantó. Esto no es nuevo, en abril de 2019, el ejecutivo andaluz nombró al catalán del PP, José E. Millo, Secretario General de Acción Exterior de Andalucía, como si no hubiera ningún andaluz a mano para el cargo, que representara mejor Andalucía.
Como iba diciendo, el TCu se ha convertido en el objeto del deseo para los partidos políticos, ya que por sus manos pasa la fiscalización de toda la “pasta” que se gasta la Administración Pública.
Ante las preguntas que le hacen desde Podemos, sobre su tarea de detectar la financiación de los partidos, el presidente del mal llamado Tribunal, señala que “no es un órgano anticorrupción y no tiene los medios para destapar las tramas como la supuesta caja B del PP”. Lo de “supuesta caja B”, lo dice, aunque ya hay tribunales que han dejado con el culo al aire, la existencia de dicha caja, pero es incapaz de morder la mano que lo “encumbra”. Y es que ha llegado un momento en que los del PSOE, Unidas Podemos y los de Ciudadanos (¡Toma ya!) que no se lo creen y dudan de la eficacia de la institución. Y eso que el PSOE también tiene a su “gente” metida en el negocio de las Cuentas del Reino, que con timidez van dejando migajas de los “errores” de los procesos, pero sólo con la boca pequeña, cuando deberían denunciar a voz en grito, toda la corruptela que se mueve bajo las alfombras del tribunal. Reconoce, su presidente, que, aunque tienen la función de “verificar la contabilidad que rinden los partidos” no tienen los medios para detectar lo que no aparece en sus cuentas. Lo dice sin sonrojarse siquiera. Porque, sin ir más lejos, a los del Diplocat, le está contabilizando hasta los suspiros que dan fuera de “contexto”, según el informe.
Unos ejemplos que ponen los pelos de punta, sobre la desvergüenza de estos “no jueces” del tribunal. Es al exigirle que averigüen los “tapadillos” de los partidos en unas elecciones, que dicen que es “una labor superior”, lo de verificar la realidad de la trastienda de unas elecciones, superior a sus medios. No obstante, hay casos que dejan a más de uno “pasmao”, y a más de dos, como son: El caso Filesa del PSOE, la susodicha caja B del PP. Y, como no, la absolución de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, esposa de un tal Aznar, en 2019, después de ser condenada en primera estancia con 22,7 Millones de euros, por la venta a fondos buitres de 2.935 viviendas sociales. Es que lo suyo es ir al detalle del minorista, si este es catalán e independentista, “vade retro”. Es importante unos 10 Millones de euros entre 40 cargos de la Generalitat, desde 2011 a 2017, que esto viene de lejos, no del referéndum ni del 9N que unos 22,7 kilos de ná, de la Sra. Aznar. Aunque esa cantidad corresponde al presupuesto de las Delegaciones de Exteriores de la Generalitat, pero no van a separar el grano de la paja y lo meten todo en el mismo paquete.
Tampoco fue detectado, el caso de los ERO en Andalucía, por un valor de 680 Millones de euros, por el susodicho TCU. Eran casos del PP y del PSOE, no del independentismo catalán. Y no quiero hablar de las irregularidades de los informes. Pero en el caso de Mas-Colell, para justificar la “indefensión”, dice que el informe de fiscalización no permitía identificar los gastos concretos que se le pretendía atribuir. Grave, también es, utilizar como prueba para certificar un gasto irregular “notas de prensa” y no la documentación integrante del expediente de gastos. “Toda una violación de las normas de fiscalización recogidas en las normas internacionales para entidades Fiscalizadoras superiores, en que se habría de basar este tribunal” (Vilaweb.Cat: 28/06/2021)
Pecaría de inocente si creyera en las casualidades, pero en el caso de los cargos independentistas, es la consejera del Tribunal, Mariscal de Gante, ex ministra de justicia en el gobierno de Aznar, la encargada del procedimiento exterior de la Generalitat. Hija de un juez franquista del TOP, y propuesta por el PP para el TCu. También llevó el caso de la consulta del 9-N, de 2014, que el TSJC no condenó a los tres cargos responsables, pero el “diligente” tribunal de los cuentos, se activó y detectó supuestas irregularidades, y condenó a los independentistas del 9-N a pagar casi 5 Millones de euros.
Otro sí, referido a las “deficiencias” que van saliendo, día tras día sobre sus actuaciones relacionadas con el procedimiento que lleva el TCu, contra el President Puigdemont, al requerirle la defensa que antes de llevarlo cabo debe demandar al Parlamento Europeo un suplicatorio, al tener inmunidad como eurodiputado, pero el TCu se sale por la tangente alegando que no tiene funciones jurisdiccionales y por tanto no tiene que pedir el suplicatorio. Hecho que se contradice con la nota aclaratoria defendiéndose de las críticas de nepotismo, partidismo y persecución a los políticos, donde no tiene inconveniente en declarar que sí tiene funciones jurisdiccionales.
La situación ha hecho saltar las alarmas de la “decencia”, hasta el extremo que el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hace unos días defendía la independencia del TCu, ahora subraya el hecho que los dirigentes independentistas sean juzgados por una ex ministra de Aznar, y eso es un “anacronismo” que el PP se lo habría de mirar.
Aunque todo el TCu no está tan podrido. Por ejemplo, hay una consejera, MD. Genaro, que intenta poner un poco de sentido común, y en el informe hace un voto particular, que queda difuminado en el informe sin señalar en índice. De entrada, dice que hubo una “urgencia extraña” para aprobar el documento, sin apenas tiempo para hacer puntualizaciones, y cuestiona las propias conclusiones del informe, y pone el dedo en la llaga; lo importante es que la “Generalitat no se va a extralimitar en sus funciones”. Que no sólo es un juicio técnico, sino que se le fue la mano incumpliendo principios de imparcialidad, claridad, concisión, equilibrio y ponderación”, que es un informe sesgado y exagerado, y con medios de prueba no concluyentes (información del diario VILAWEB.CAT.Y esto es la punta del iceberg. Que al igual que el Consejo del Poder judicial está bloqueado por el PP desde hace más de dos su renovación, a final de julio caduca los nombramientos del Tribunal Cuentas, y la cosa seguirá por el mismo camino. Pero el constitucionalismo mira hacia otro lado y la Constitución se la pasan entre las patas de la gaviota.
Como reflexión final: Quién nos asegura que el poder de este tribunal no puede ser utilizado contra cualquier autonomía, incluso el gobierno central. Como dice Boye, “es una forma de represión para reconducir líneas de actuación política que no agraden a una determinada élite”, o al “Deep State”. Aunque, yo sigo pensando que el ejecutivo “progresista”, sabe más de lo que dice, sobre las acciones de este Tribunal que, aunque anclado en el siglo pasado, su inquisitorial forma de actual sirve de represor político allí donde las urnas contradicen al sistema unionista y patriótico.
Por: Paco González.
03/07/2021