17A: ¡EH! ¡EH! ¡PST!… ¡LAS VÍCTIMAS!
Cuatro años. Y los gobiernos, de un color y de otro, si es que se distinguen los colores, siguen dándose codazos para salir en la foto del homenaje a las víctimas del atentado de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Pero a la hora de la verdad, en lo de reconocer a las víctimas, esperan al siguiente tren para ver si trae algo para reconfortarlas, porque son tan incapaces, como ineptos, por no decir miserables que es el epíteto más cercano que se me ocurre.
De entrada, dos “homenajes”. El primero, por los familiares de las víctimas, seguidos por las autoridades del momento, intentando chupar cámara. Y a la hora de depositar claveles blancos, “una”(de C’s), por decirle algo políticamente correcto, de la partida de Cs que iba en la “comitiva”, se lo ha puesto en el pelo como si fuera a la feria, un gesto de irrespetuosidad que habla por sí mismo del personaje. Por lo visto, cuando se entra en política, se puede dejar de lado la decencia y sacar lo miserable de cada uno, o una, como es el caso presente. Total, es a cargo del erario público.
Y, el otro “homenaje alternativo”, al principio de las Ramblas, donde la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), junto al PP, Cs, y Vox han celebrado su homenaje “particular”. Y es que, en esto de dar la nota, se pintan solos. Después, irán cogidos del brazo a la hora de negar una comisión de investigación sobre el 17-A.
Y no se les cae la cara de vergüenza, cuando la Unitat d’Atenció i Valoració a Afectas pel Terrorisme (UAVAT), dice que hay 248 personas “desaparecidas”, de las 345 que la sentencia del 17-A reconoce, tanto a los lesionados físicos como a los psíquicos. La lista del gobierno viene con “recortes”, lo habitual a la hora de indemnizar. La UAVAT señala: “Hay personas de las cuales sólo tenemos el nombre y los apellidos. En algún caso eran niños, como un nene que sale en la sentencia que entonces tenía 10 meses. Se le rompieron las piernas en el atentado y no consta en ningún informe de sanidad…” muchos de los que han contactado con la asociación, dicen que nadie de la administración “competente” les había dicho nada. Negligencia o desidia, qué más da. Es la maldita burocracia que, año tras año, nos corroe la sociedad. Mientras tanto, el Estado se desentiende de la obligación de localizar e indemnizar a todas las víctimas del 17-A.
Lo que no impide que la indignación esté presente y, exigen al ministerio de la cosa oscura, Interior, que localice a las víctimas que no constan en sus “papeles”, para que puedan solicitar su reconocimiento como víctimas del terrorismo. Que demuestren, los políticos, que están al costado de las víctimas, y no sólo sea una letanía. También, piden al Govern de la Generalitat, ¡Ánimo Aragonés, este es el momento de hacer algo útil, que no quede sólo en palabras, que hagan suya la misma responsabilidad del gobierno central! Que los tiros de fogueo queden para la Bilateral y la Mesa de Negociación, que ahí sí que te luces.
Aunque lo verdaderamente preocupante es la opacidad sobre algunos aspectos de la sentencia, así como la negativa gubernamental para formar una comisión de investigación sobre los atentados del 17-A. Aspectos que haría sonrojar a esa parte de la justicia que vive enrocada en sus puñetas, sin salir del gremio anquilosado en que vive.
Un juez de la Audiencia Nacional, que parece sacado de una película de vaqueros, o de Torrente, por decir algo fuera de tiesto: inocente sea condenado. Amargo como el culo del pepino, impertinente como el solo, autoritario e intransigente y polémico. Llegó a criticar a algunas de las víctimas del 11-M (Madrid), durante el juicio donde el era miembro del tribunal, que gritaba a las víctimas del atentado de la T4 de Madrid, pero tan riguroso que metió en el calabozo a un tal Pedro J. Ramírez. Y que en el mismo juico del 17-A, se negó a aceptar un informe pericial de dos genetistas y que iría directamente a la “basura”, porque ponía en duda los análisis de Marruecos. Un personaje que corta a los abogados durante los interrogatorios. Y con estas premisas no es extraño que el juicio del 17-A presente anomalías difíciles de entender. Por no hablar del papel extraño de la fiscalía, a la defensiva, para tapar los agujeros del papel del estado español.
Por ejemplo: la “omertá” del CNI, y sus “padrinos,” sobre su implicación en el control del imán de Ripoll como confidente de la policía. Según el informe de la Comisión de investigación, llevada a cabo por el Parlament de la Generalitat, no por Las Cortes o Casa de los Leones, que ha rechazado hacer una, “todos los testimonios que han comparecido a la Comisión de Investigación han afirmado que la colaboración y coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron excelentes a nivel operativo”. Hecho que, ha sido desmentido por la información posterior al respecto. Los Mossos d’Esquadra recibieron más de 4.200 avisos relacionados con posibles atentados en Cataluña, pero desconocían los antecedentes del imán de Ripoll, Es Satty. Dicho conocimiento de los confidentes habría facilitado reconocer si en los oratorios de Ripoll se toleraban discursos radicalizados. Tampoco, el cuerpo de los Mossos, tenía acceso a las bases de datos de otros cuerpos de seguridad, lo que podría haber informado sobre el citado imán y su currículo internacional. Pero no vamos a entrar ahora, en que los móviles de la cédula terrorista estaban controlados por la policía, hasta dos días antes del atentado. Por lo visto el programa Pegasus, ya estaba en manos policiales, para hacer seguimientos de teléfonos. El diario PÚBLICO en el mes de julio de 2019, lo del pinchazo de los teléfonos de algunos autores de la masacre. No fue uno solo, fueron algunos más. Y que el oratorio de Ripoll fue visitado hasta tres veces por la Policía Nacional, antes de los ataques.
No obstante, esta comisión exculpa al CNI de los atentados, a pesar de las dudas sobre su vinculación con Es Satty, imán de Ripoll y cabecilla de la cédula terrorista, aunque rechaza desvincular al CNI de los atentados del 17-A. Ya que la ficha policial sobre el mismo, desapareció al día siguiente de su “supuesta muerte”. 14 veces, el Congreso de los Diputados ha rechazado investigar si el servicio de inteligencia español conocía las intenciones de Es Satty.
Y digo “supuesta muerta”, porque hay demasiada oscuridad sobre su presencia en la casa de Alcanar, el día de la explosión. Momentos después de la explosión, la furgoneta blanca del imán huyó de la casa, y nadie dice nada al respecto. Y, “oscurantismo” sospechoso en la forma de determinar muestras forenses de ADN, de los familiares de Es Satty en Marruecos, llevada a cabo por la policía marroquí, sin dejar participar a la policía española en la custodia de las muestras, ni siquiera copia de la documentación, aunque estuvieran presentes. Tampoco, Marruecos, ha permitido que los peritos declarasen sobre el ADN del imán, en el juicio, ni siquiera por videoconferencia. Transparencia judicial al mínimo nivel. Al final, queda la “muerte oficial” del Es Satty, después de un año y medio el sumario era secreto y, arrastraba el error inicial de está muerto, cuando el único muerto confirmado en la explosión de Alcanar era el de Youssef Aalla, del anterior no se ha demostrado biológicamente su muerte que sus hijos, algunos mayores, nadie ha reclamado su cuerpo. Pero la sentencia desmonta la teoría que el imán de Ripoll siga vivo.
Una sentencia que no aclara quien había detrás de todo. Quién era el cerebro de la organización, y sobre todo, si tenía vínculos con la policía española y, si los Mossos d’Esquadra habría podido evitar la masacre, con la información ocultada. que ha sido recurrida por la mayor parte de las víctimas, a la que se ha añadido el padre del niño muerto en La Rambla, con su abogado Jaume Cuevillas, con el argumento del “DERECHO A SABER LA VERDAD”
Por: Paco González.
17/08/2021