Decía F. von Schiller, filósofo, historiador y escritor que, “no existen las causalidades que, los que nos parecen meros accidentes emerge siempre de la fuente más profunda del destino”. Es posible, aunque lo del destino es tan poco fiable, como decir que alguien trazó un mapa y se van cumpliendo los hitos tal como están referenciados en el mapa. Pero, ¿quién soy yo para rebatir tales pensamientos? Y después de la “salida” de Villarejo, dando un traspiés para adelantar camino. Yo también creo que la casualidad no existe.
El juicio del “Caso Tándem” ha puesto las cloacas del estado a los pies de la caballería de un tal Villarejo. El “Chapuzas” mayor del reino y al servicio de los gobiernos del PP y del PSOE desde 1993, que se dice pronto. Un “comisario” que salió de la escuela franquista en el País Vasco y que ha hecho “carrera” y dinero, con los trapos sucios de aquí, de allí y del espíritu del 78. Pero ahora, no es de fiar, y es un “mentiroso”. Pero comía con todos, los grababa en audios y los ponía en conserva, para años venideros.
Y en la Audiencia Nacional, “sin venir a cuento”, o viniendo, que nunca se sabe dónde saltará la liebre, declaró que los atentados del 17-A (agosto de 2017) en Barcelona y Cambrils fueron fruto de un “error de cálculo” del CNI. ¡Vamos! que la cosa se les fue de las manos y, todo por “darle un pequeño susto a Cataluña”. 16 muertos y 140 heridos, no es para banalizar el atentando en “un pequeño susto”. Sin contar los de los terroristas. Resumiendo, relacionó al imán de Ripoll de trabajar para el CNI y que este habría consentido que el imán “hiciera lo que encontrara oportuno”, para escarmentar al independentismo.
Una conexión entre los atentados y el CNI que, todas las instituciones intentan tapar. Porque para eso estamos en una “democracia plena” y la madre que la parió. Ni siquiera Ibáñez lo puedo hacer mejor con la TÍA de Mortadelo y Filemón.
El abogado de Javier Martínez padre del niño de tres años muerto en las Ramblas, Agustí Carles, presente cuando la declaración, quedó perplejo al comprobar que nadie se inmutó: ni jueces, ni fiscales.
Esto es lo que se conoce como “serendipia”: “descubrimiento o hallazgo por accidente, casualidad, inesperado y afortunado, de cosas que no se están buscando ni investigando, pero que son la solución para otro problema que se tenía”. Algo así, como un acercamiento a las declaraciones del exagente del CNI que, por un lado, se le llama “bocachancla” y falto de credibilidad y, por otro, hace poner las orejas de punta a las “cloacas del Estado” porque alguien le puede estar levantando la camisa y hay tanta basura que no se sabe lo que pueda salir a la superficie.
Tirando de hemeroteca, uno tiene la impresión de que lo que pasa en el último decenio en Cataluña no tiene nada que ver con la casualidad.
Hace dos años escribí sobre que el Estado estaba aplicando un Plan Especial contra Cataluña. Un Plan que calcaba la “Plantilla Vasca”, conocida como Plan Zona Especial Norte (Plan ZEN), desde las cloacas del estado, y bajo los auspicios de Barrionuevo, para afrontar la política antiterrorista para Euskadi y Navarra. Fusión de la política represiva de UCD con la del PSOE. Del cual apareció un grupo denominado GAL que ocasionó torturas, y alrededor 23 asesinatos. El famoso “Caso Amedo” destapó la vinculación del ministro del interior Barrionuevo, y el secretario de Seguridad Nacional, Vera. Aunque nunca salió el verdadero responsable “X” de los GAL. Algo similar a lo del “Elefante Blanco” del 23F.
Este Plan derivó en varios planes, entre los cuales está el Plan Especial Cataluña (ZEC) que comenzó a ser activado después de los “recortes” del Estatut de 2006 y sobre todo desde la sentencia del TC en 2010. La mirada puesta en el “procés”, desde antes del 2015, desde el 14N de 2012. La “Operación Cataluña” salió en pantalla, dejando indicios de que los tres aparatos del estado: el político, el policial y el judicial, jugaban en el mismo campo y haciendo al tiempo de árbitros de la jugada. Y del “emérito” y la Corinna no digo nada. Ni de las hormonas femeninas para bajar el priapismo. Algo así como un Torrente cualquiera, pero sin lo de la “pajilla”.
Un torrente que estaba en todas las movidas donde la inmundicia olía a gloria bendita. Un ministro de la cosa oscura, J. Fernández Díaz y un fiscal anticorrupción, De Alfonso, salieron en la foto fija de lo que era el plan ZEC. Además, se sacaron trapos sucios de políticos catalanes relacionados con cuentas bancarias en otros países. Una rama de la “Operación Cataluña” (un secreto oficial cerrado a cal y canto) que pasó el túnel del Cadí para ofrecer al gobierno español miles de cuentas de catalanes en Andorra. Unas 12.000 cuentas de las que 4.000 eran empresarios catalanes. La Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial Banco Madrid, con una ratio de saneamiento muy elevada se hundió en la nada, por poner trabas a la presión policial, bajo el bulo de presuntas irregularidades de blanqueo de capitales, el Banco de España lo intervino. El fondo de la cuestión era de obtener lista de políticos catalanes con cuentas en dichas entidades. Como dice Josep Antich, “Más que un forúnculo para España”, ya que los hermanos Higini y Tito Cierco, propietarios del banco Madrid, no se han amilanado y están presentando batalla a todo el tinglado del desfalco y a quien dios se la de S. Pedro se la bendiga.
Cuando el juicio de los atentados del 17-A, el juez Alfonso Guevara no permitió que el excomisario Villarejo declarara en aquel juicio tal como reclamaron algunas de las partes. Y hay indicios que no se investigan.
Por ejemplo, el imán de Ripoll, fue reclutado en la cárcel por el CNI, y tuvo visitas de agentes de la policía nacional, guardia civil y el servicio secreto. Se le activó una mezquita constituida en Madrid, inactiva desde hacía tiempo, para que se le adjudicara al imán en Ripoll, una vez conseguida la licencia. A pesar de que éste había sido condenado por tráfico de drogas, pero eso no importó. Los Mossos no tuvieron información de esta vinculación del imán y el servicio secreto. El imán no aparece entre los muertos de la casa de Alcanar, y se sabe que su furgoneta salió inmediatamente después de la explosión huyendo del lugar. Tampoco se investiga como obtuvieron los precursores de explosivos para hacer bombas, los de Alcanar, si son materiales muy controladas sus ventas. Hay una hipótesis de la explosión fue provocada desde fuera, posiblemente una granada arrojada desde el exterior.
¿Sería esta explosión la del pequeño susto que se daría a los catalanes?
Se sabe que el CNI tuvo controlados los teléfonos de la célula terrorista, hasta poco antes del atentado, pero no se permite dar información al respecto. Una ley de protección de secretos oficiales de 1968, más franquista que el yugo y las flechas junto al aguilucho de la bandera, permite la ocultación de información, al mismo tiempo que PSOE-PP y Cs, bloquean cualquier tentativa de comisión de investigación sobre los hechos. Como diría aquel: “Blanco y en botella”.
Un tal Nieto, número dos del ministro Zoido y ex jefe de la seguridad del Estado. En julio de 2019, admitió abiertamente que si había contactos entre el imán y el CNI.
Un tal García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y mente pensante del PP, dijo en una entrevista en septiembre de 2016 que “el desafío soberanista de Cataluña es el más importante que enfrenta España, ya que de una crisis se sale, un ataque terrorista se supera, pero la disolución de España es absolutamente irreversible”.
Legando a este punto, la pelota está en el tejado del gobierno español, los archivos que Villarejo guardaba en su casa y embargados por la policía judicial, y otros, y declarados secretos, evitando averiguar qué parte de verdad o de mentira hay en unas acusaciones tan gravísimas, de un condecoradísimo excomisario.
La “omertá” está servida. ¿Cuánto tiempo permanecerá oculto el escándalo?