Creo en la buena fe de las personas y también creo que (casi) ningún presidente de la República toma decisiones para fastidiar al país. Sin embargo, las acciones de un jefe de Estado lo afectan y tienen repercusiones, para bien o para mal.
Cuando la ambición de poder, el miedo a perderlo o la ideología nublan la razón, el jefe de Estado deja de tomar decisiones como tal y comienza a actuar como jefe de una cofradía, de una mafia o de un partido político, pero no como alguien que vela por el interés del Estado.
Más vale tener cuidado de no cruzar esa delgada línea que conduce a creer que existe cierta superioridad moral de unos sobre otros y, por lo tanto, en la obligación histórica de cancelar cualquier vía de acceso al poder, salvo a quienes se considera moralmente aptos. No existe tal superioridad moral, como tampoco existe una escritura que garantice la representación popular infinita.
Ganar una elección no significa que siempre se tendrá el favor de las mayorías. Simplemente se obtuvo un mandato popular para ejercerse dentro de los límites establecidos por el sistema político vigente. Quien pide el voto para cambiar a un sistema que otorga el poder en forma legítima, es un traidor.
La traición nunca es impune. Las consecuencias del cambio de régimen están a la vista. Una economía que no crece, no genera empleos ni confianza para la inversión. Un gobierno obeso que destina enormes cantidades de dinero para mantener clientelas, mientras extorsiona y exprime a los contribuyentes cautivos. La inseguridad acecha a los ciudadanos, quienes miran -unos molestos y otros aterrados- como las policías, las fiscalías, los juzgados y los grupos del crimen organizado son la misma cosa.
En el México de hoy el poder político está concentrado en el poder ejecutivo. Ya no existe la división de poderes. El poder legislativo y el judicial están sometidos por el ejecutivo. Los organismos autónomos que garantizaban la materialización de ciertos derechos individuales, importantísimos para la prosperidad, la legalidad y el orden, ya no existen, fueron destruidos por la cuatroté. Formalmente existen los derechos y algunas instituciones, realmente carecen de vigencia y de autoridad.
Así se destruye la prosperidad de una Nación.
El gobierno y sus seguidores quizá no han reparado en los efectos económicos de la reforma electoral que pretenden imponer. Ignoran o les molesta pensar en la relación existente entre Estado de Derecho, democracia liberal (no la otra) y prosperidad económica.
En este momento no hay inversión privada nacional, ahuyentada por la falta de certeza jurídica, la inseguridad y la situación de anarquía y desorden que impera en el país. La inversión pública en infraestructura será la más baja registrada en los últimos 30 años. La deuda pública se ha duplicado en solo 7 años de cuatroteísmo.
Las cosas están mal y todavía pretenden imponer una reforma que, todo indica, solo garantiza que MORENA (ya ni sus aliados) tenga el control de las cámaras en el poder legislativo, de los congresos locales, los gobiernos estatales y el gobierno federal. Todo el poder para ellos, sin contrapesos, sin límites legales ni políticos ¿Cómo se le llama a eso? Sí, así se le llama: tiranía de las mayorías, autoritarismo, autocracia.
La economía no mejorará después de consumada esa reforma, no hay manera. Los inversionistas verán enormes riesgos de poner su dinero en un país en el que no existen instituciones que defiendan realmente sus derechos, ni contrapesos políticos que limiten los excesos y los abusos de las autoridades. Los inversionistas extranjeros quizá tengan menos desconfianza porque los amparan acuerdos comerciales y las instituciones de sus países, aunque eso tampoco es una garantía.
Vuelvo al principio del texto. No creo que un presidente quiera destruir a su país. Me cuesta trabajo imaginar que en el ánimo de Claudia Sheinbaum pesan más el odio y el resentimiento, que la razón y el interés colectivo. Me resisto a pensar en una presidenta que utiliza su mandato popular para condicionar el bienestar social a cambio de garantizar impunidad y poder a los de su partido.
El Estado Mexicano no es MORENA. La historia dirá para quien trabajó realmente la primera presidenta de México.
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