El esfuerzo del nuevo gobierno de impulsar la inversión privada es loable, pero parecen solo buenas intenciones. La propuesta de inversión pública para 2026 es casi la misma que la realizada este año.
septiembre 11, 2025 | 3:45 hrs
Los diversos indicadores económicos que tenemos enfrente, así como las previsiones del mismo gobierno plasmadas en su documento de Criterios Generales de Política Económica recién publicado, permiten visualizar para 2026 un año más de estancamiento. La inversión, que es el indicador que mejor predice el desempeño económico futuro, sigue lenta y se redujo en 2025. Apenas creció 13.3% entre 2018 y 2024. Le sigue el desempleo crónico, pues anualmente, en promedio, se han quedado sin ocupar 462 mil personas que entraron al mercado de trabajo en los últimos 6 años. Muchos de ellos han dejado de buscar empleo, han migrado o han muerto prematuramente (en 2024 la principal causa de muerte de los jóvenes de 15 a 44 años fue por homicidio).
Por su parte, el consumo de la población creció 10.8% entre 2018 y lo que llevamos de 2025, un 1.7% en promedio anual, cifra por encima del crecimiento de la población. Esta mejora ha sido por el aumento del salario mínimo y de los salarios contractuales que se encuentran cercanos al mínimo, por los programas sociales y por las remesas que han llegado de los Estados Unidos. Lamentablemente, el aumento del consumo no se ha reflejado en más empleos en México debido a que el 72% de ese incremento fue de bienes importados, principalmente de China.
Las perspectivas hacia adelante también se ven inciertas y preocupantes por la dinámica que ha tomado la relación binacional entre México y Estados Unidos, la beligerancia de Donald Trump y la próxima renegociación del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Está en entredicho la futura competitividad del sector exportador, que es el más dinámico de la economía y uno de sus motores más potentes.
No es probable que Estados Unidos acabe con el tratado por la profunda integración de las cadenas de valor y de suministro que existe al interior de las manufacturas que se comercian entre Estados Unidos, Canadá y México. Afortunadamente, la integración intraempresas ha llegado a tal nivel que es probable que resista los ímpetus de Trump. Pero no hay duda de que Estados Unidos va a apretar a México mucho más de lo que ha ocurrido hasta ahora. Estas nuevas condiciones pueden ir desde la obligación de pagar en ese sector salarios semejantes a los de Canadá y Estados Unidos, la reversión al menos parcial de la contrarreforma energética de López Obrador (lo cual nos vendría muy bien), sustitución de las reglas para la resolución de controversias por unas más favorables a los Estados Unidos, y ya apretando mucho, que la jurisdicción legal de cualquier empresa que comercia con Estados Unidos sea sujeta a las leyes de ese país o a arbitraje internacional, y no a la jurisdicción de México. Son especulaciones por ahora, pero algo así podría ocurrir.
El esfuerzo del nuevo gobierno de impulsar la inversión privada mediante el Plan México es loable, pero parecen solo buenas intenciones. La propuesta de inversión pública para 2026 es casi la misma que la realizada este año. El sector empresarial escucha en Palacio Nacional los planes del gobierno y de dientes para fuera acepta su invitación para realizar fuertes inversiones. Ya en privado, a juzgar por lo que ha ocurrido, el sector empresarial espera una mejora significativa del Estado de derecho, certidumbre jurídica y la seguridad de que habrá energía suficiente y de buena calidad, agua y avances notables en seguridad, para realmente volcarse y aumentar la inversión.
Casi ningún empresario se ha pronunciado públicamente para defender la democracia y la importancia del Estado de derecho, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder, especialmente la independencia del Poder Judicial. Por eso fue una bocanada de aire fresco la columna del empresario José Antonio Fernández en el periódico Reforma del domingo pasado cuando abiertamente dijo: “Los países florecen cuando hay libertades para pensar y expresarse, para asociarse y crear empresas, para competir con reglas claras y propiedad segura. La libertad se manifiesta idealmente en un sistema democrático, en el que hay equilibrio de poderes, transparencia, rendición de cuentas, jueces independientes, opciones políticas competitivas y legítimas, y la posibilidad de que periodistas, escritores, pensadores y ciudadanos puedan criticar al poder. Sin ellas, la innovación se frena y el talento se desperdicia. Defenderlas no responde a un interés ideológico, sino a la necesidad de generar condiciones para que los ciudadanos conviertan sus ideas en valor social”.
Tanto la política de Claudia Sheinbaum, que concentra aún más el poder en la Presidencia y ahora controla al INE y al nuevo Poder Judicial, como su programa hacendario para 2026 (más deuda para pagar intereses, poca inversión e inyecciones a Pemex de más dinero), nos dejan ver que, independientemente del impacto de Trump, el próximo año será otra vez de estancamiento económico. 2026 se sumará a los 7 años anteriores. Se van a seguir acumulando rezagos sociales, especialmente en educación y salud, medio ambiente y estrés hídrico, inseguridad e impunidad. Ojalá me equivoque, pero con la información que tenemos hoy, no se vislumbra un panorama más optimista.
