En estos días se acaban de publicar dos indicadores claves de nuestra economía y bienestar. Por un lado, el INEGI publicó los datos de formación bruta de capital –inversión productiva (https://tinyurl.com/y5mwau3j ) – y el Coneval, con su nuevo secretario ejecutivo rodeado de su antiguo consejo académico, dio las cifras de pobreza en el país (https://tinyurl.com/yyc6vxjk). Estos dos indicadores están íntimamente relacionados y son de sentido común: si hay inversión, habrá mayor producción, por lo tanto mayor empleo y mayores ingresos de la gente, y más recolección de impuestos. Si la gente tiene mayores ingresos, habrá menos personas en pobreza y el gobierno tendrá más recursos para ampliar la cobertura y calidad de los programas sociales que alivien la pobreza. Por tanto, si disminuye la inversión, un poco más adelante tendremos un aumento de la población en condiciones de pobreza, o al menos será muy persistente.
Los datos que entregaron el INEGI y Coneval muestran con claridad esta relación en los últimos 10 años: estancamiento de la inversión ha llevado a bajo crecimiento y, por tanto, a la persistencia o empeoramiento de la pobreza. Si revisamos los datos a nivel estatal, vemos que aquellos estados con mayor crecimiento económico –y con más inversión- en los últimos años son los que más han reducido su población en pobreza. Tales son los casos de los estados del centro y norte del país. Por el contrario, los estados con menor crecimiento que incluso ha sido negativo en ocasiones, han concentrado el empeoramiento de la pobreza, especialmente Guerrero, Oaxaca y Chiapas. No hay duda, entre más inversión, más actividad económica y menos pobreza.
Por ello, los datos del INEGI sobre la reducción de la inversión, de su ya de por sí bajo nivel, es una pésima noticia. Su comportamiento desde 2013 hasta 2018 apenas ha aumentado 3.3% en esos 5 años. Es decir, apenas ha aumentado a un ritmo de 0.7% anualmente. Si a ello le quitamos la depreciación de la inversión que ocurre con los años, la inversión neta (o la que realmente se ha hecho pues se ha tenido que reponer la que ya no sirve) es negativa. Por eso la pobreza general del país ha sido persistente (más del 40% en los últimos 10 años), ha empeorado el nivel de ingresos, y sólo ha mejorado en aquellos aspectos donde se ha concentrado la política social: aumento de cobertura de salud y mejoras en la calidad de la vivienda.
Debido a la caída de la inversión de los últimos meses, alrededor de 3.5% en los primeros cinco meses del año con relación a 2018, el crecimiento económico será aún menor que el experimentado en el pasado (los pronósticos son de cuanto mucho 1% en 2019 cuando el año pasado fue de 2%) y por lo tanto la pobreza en general tenderá a mantenerse o empeorar.
Dadas estas circunstancias, parecen obvios dos caminos a seguir: primero, eliminar los obstáculos que existen a la inversión privada, en especial restablecer la confianza y fortalecer (no debilitar) las instituciones que la generan, como la independencia del poder judicial, el respeto a la legalidad y a los órganos constitucionales autónomos. Junto con ello, asegurarse que la inversión pública sea productiva y que impulse mayor inversión privada. Y segundo, enfocarse a la población más necesitada del país, perfectamente identificados por Coneval (mujeres indígenas en zonas rurales), con el fin de erradicar la pobreza extrema y eliminar las carencias más elementales de la población, como el acceso a alimenos y al agua. Los datos de Coneval lo muestran con claridad: a pesar del bajo crecimiento, la población en pobreza extrema ha disminuído pero muy lentamente. En 2008 había 12.3 millones y 10 años después tenemos aún 9.3 millones de personas en pobreza extrema. Es inadmisible para cualquier país con el nivel de desarrollo que tenemos.
Lamentablemente la política económica y algunos de los programas sociales más relevantes de este gobierno no van en esa dirección. Se han multiplicados los obstáculos a la inversión y la desconfianza entre los inversionistas sigue creciendo, y no hay luz al final del túnel. Ló único que da una luz de esperanza positiva es la convicción del presidente López Obrador de la importancia de la estabilidad de las finanzas públicas, aunque ello ha sido a costa, justamente, de empeorar algunos de los problemas que mencionamos. En cuanto a los programas sociales, han dejado de existir unos que realmente estaban focalizados a los más pobres y hoy, lamentablemente, están siendo guiados por motivaciones políticas y construcción de clientelismo.
Por: Enrique Cárdenas Sánchez
Universidad Iberoamericana de Puebla
Puebla contra la Corrupción y la Impunidad
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@ecardenassan