Una muy mala señal es la que ha enviado el partido dominante a nivel federal, Morena, al haber introducido la iniciativa para aumentar a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); en el fondo resulta evidente que el objetivo real de esta ocurrencia es obtener el control del Poder Judicial, con lo que el partido oficial asumiría el manejo de los tres poderes del país, y por ende, en la práctica no habría contrapesos reales al Poder Ejecutivo en México.
Además, se estaría dando un golpe mortal al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que a decir de los integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), se ha convertido en rehén de intereses políticos y privados (). La puñalada al SNA sería producto de la eventual creación de una sala especializada en el combate a la corrupción en la SCJN, que le quitaría razón de existir al Sistema.
Hay que recordar que el SNA no ha podido funcionar correctamente desde su creación hace más de tres años, ya que, deliberadamente, se ha ido postergando el nombramiento de los magistrados de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de combate a la corrupción.
En ese escenario apareció –coincidentemente- la ocurrencia de agregar más ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pretexto de la iniciativa impulsada por el senador Ricardo Monreal, provocaría en los hechos que el partido en el poder colocase a cinco magistrados fieles en la SCJN, que se sumarían a los dos ministros recientemente nombrados y vinculados con el partido oficial: Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa, y a quien sea el reemplazo del ministro Fernando Franco, que dejará el Poder Judicial en 2021, nombramiento en el que Morena llevará mano.
El disparate ha sido fuertemente criticado por instituciones serias como el Colegio de Abogados de México, el cual refirió que: “con la reforma constitucional que se propone, se pretende otorgar facultades que no corresponden a un Tribunal Constitucional, sino a un tribunal de legalidad. Máxime que dicha competencia ya la tienen otros órganos jurisdiccionales” (). A esa postura se sumó la fracción de Acción Nacional en el Senado.
La RRC fue puntual, porque ante esta ocurrencia del Senado Monreal, hizo un llamado para que antes de aprobar esa iniciativa, se nombre “a los magistrados que faltan del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se dote de medios suficientes a la Fiscalía Anticorrupción y se ponga en funcionamiento eficaz la mesa de coordinación entre instituciones. Es urgente dejar de lucrar políticamente con el tema de la corrupción y atacar ya sus raíces en todo el país. El conflicto de intereses, la colusión, el cohecho, la desviación de recursos y la extorsión, entre otras conductas ilícitas, son la expresión de un fenómeno complejo que reclama toda la inteligencia del Estado mexicano para modificar las causas que las auspician y no sólo castigar a quienes las cometen” () .
En este escenario alarmante, desde la sociedad civil no debemos olvidar la necesidad imperiosa de hacer que los contrapesos al poder sirvan y sean sólidos, de lo contrario estaremos condenados a padecer las consecuencias del famoso aforismo de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. No lo permitamos.
Por: Enrique Cárdenas Sánchez
Universidad Iberoamericana de Puebla
Puebla contra la Corrupción y la Impunidad
enrique.cardenas@iberopuebla.mx
@ECardenasPuebla
