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Desde antes del inicio formal de este gobiereno comenzó la acumulación de pasivos para México. El primero fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en octubre de 2018. Se perdieron 50 mil empleos y una obra de gran calado que elevaría la productividad del país en el largo plazo. Además, la obra se estaba pagando principalmente con las cuotas que cubren los viajeros por su uso. Ese fue apenas el inicio y han seguido muchos más: la pérdida de capital humano en el servicio público por la ley de remuneraciones y por impedir que ex funcionarios públicos puedan trabajar por 10 años en su propio ámbito en el que tenían responsabilidad, o el nombramiento de personas sin preparación ni experiencia (y subordinados al presidente) en órganos autónomos tan importantes como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta la misma Suprema Corte de Justicia.

Luego llegó la pandemia. El gobierno mexicano se caracterizó a nivel internacional por el mal manejo de la crisis sanitaria, tanto en la preservación de la salud y en evitar muertes, como en lo económico y social: evitar el empobrecimiento de millones de personas, el cierre de cientos de miles de empresas y la consecuente pérdida de empleo forml e informal. Junto con las malas decisiones en salud y la economía vinieron las relativas al sector educativo, que ha generado un rezago en los alumnos, depresión y ansiedad en al menos un tercio de los niños y jóvenes, así como el deterioro de la infraestructura educativa. Estas calamidades persisten.

La destrucción institucional, y marcadamente la erosión de nuestra Constitución al aprobar leyes claramente inconstitucionales o con vicios de inconstitucionalidad, pero que se encuentran vigentes ante la inacción de la Suprema Corte de Justicia que no resuelve decenas de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, está sumando a los pasivos de nuestro país. Las decisiones del presidente, avaladas por un Congreso sumiso y obsequioso, y una Suprema Corte pasiva por decir lo menos, han concentrado el poder en una sola persona. Al otorgarle a las fuerzas armadas más dinero, más atribuciones y tareas que antes estaban en manos de civiles, así como patrimonio propio en la operación de aeropuertos, ferrocarriles y otras actividades, colocan a las fuerzas armadas en una posición que hace muchos años no tenían y que normalmente se encuentran en regímenes autoritarios y unipersonales. En esos casos, las fuerzas armadas frecuentemente han constituido el respaldo indispensable para que un autócrata se mantenga en el poder. Estamos caminando en esa dirección, lo cual está generando situaciones indeseables para la República.

Los pasivos se están acumulando en prácticamente todos los ámbitos, y ello se debe a tres factores principales: primero, el golpe de la pandemia afectó a todos los países del mundo y tendrá repercusiones de largo plazo que son absolutamente inevitables. Es un problema de todos. Segundo, en el que hay responsabilidad gubernamental, es la pésima respuesta a los embates de la pandemia que agravaron las condiciones de millones de personas innecesariamente, que se pudieron haber evitado cientos de miles de muertes tanto causadas directamente por el Covid como por la falta de atención de otras enfermedades. En el ámbito económico, las decisiones de no endeudarse dentro de márgenes sensatos, de no detener los proyectos emblemáticos del presidente, y la continua inyección de recursos escasos a Pemex y CFE para cubrir sus pérdidas sin ningún esfuerzo para transformarlas y hacerlas mínimamente rentables, son decisiones del presidente que han generado una carga hacia adelante. Y tercero, ciertas decisiones presidenciales han acrecentado los pasivos del país: aquellas que han mermado, debilitado o aniquilado instituciones que le daban solidez a la gobernanza, que han provocado la percepción de que México ya no es un país en el que se respetan los acuerdos, contratos y leyes, y donde se ha perdido un cierto balance democrático que acotaba el poder, o la decisión de no preservar el control territorial ante los embates del crimen organizado.

Esta acumulación de pasivos, que se acrecienta día a día con decisiones como gastar en una consulta innecesaria, amenazar al INE, o poner en manos del ejército de una vez por todas la seguridad pública interior, tienen graves repercusiones inmediatas, y tendrán secuelas mucho más graves en los próximos años y décadas. Problemas como el rezago y abandono educativos, la erosión permanente de nuestro marco legal, el afianzamiento del ejército en tareas que no le corresponden pero que le dan dinero y prebendas que lo colocan en una posición vulnerable, no podrán ser resueltos de la noche a la mañana, ni en el mejor de los casos. Tomará décadas recuperar lo perdido, quizás una generación completa. De ese tamaño es la acumulación de cargas para el país. De ese tamaño deberá ser el esfuerzo para revertir este deterioro que nos está destruyendo.

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@ECardenasPuebla

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