A todos nos gusta que nos tomen en cuenta. Desde la decisión familiar de qué película ver en el cine, a dónde ir de vacaciones, o quién prefiero que sea el Presidente. Sí, queremos participar en las decisiones a veces nimias y a veces trascendentales. Pero el querer hacerlo no implica necesariamente tener la responsabilidad de tomar las decisiones. Para eso está quien debe hacerlo, en última instancia, ya sea por un rol tradicional o bien porque así lo establecen las reglas. Para definir la cena de Navidad, la madre decide normalmente de acuerdo con su rol socialmente aceptado y, al mismo tiempo, acata la responsabilidad del menú que sirve. La Constitución establece que son los electores quienes eligen al Presidente, al tiempo que sus atribuciones están establecidas en la ley. Los ciudadanos le otorgan el poder de decisión, sujeto a las reglas que marque la ley. Por ejemplo, el Presidente nombra a los embajadores, pero sujeto a la aprobación del Senado. Y al tomar sus decisiones, quien tiene la atribución asume la responsabilidad que le toca.
En la vida pública, la toma de decisiones está normada por la ley y encauzada en las instituciones. También hay decisiones de carácter político que no están definidas por ley, y que no se pueden tomar si la contravienen.
Así, las organizaciones civiles, o las personas (en lo individual o como grupo), pueden intentar incidir en la toma de decisiones por quienes tienen la autoridad –y responsabilidad- para hacerlo. Ayer, por ejemplo, un grupo de ciudadanos que participamos en un movimiento civil le presentamos al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, acompañado por otros tres legisladores, una serie de propuestas de reformas legislativas que consideramos esenciales para la vida democrática del estado. Entre ellas se encuentran eliminar los candados absurdos que impiden la participación electoral de ciudadanos sin partido, y evitar la politización de las designaciones de los organismos constitucionales autónomos para evitar su cooptación por el gobernador en turno, así como esclarecer los hechos violentos del primero de julio. También, pedimos evitar el uso político de la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía General, y transparentar las concesiones otorgadas por los gobiernos anteriores e impedir el ocultamiento de la deuda pública. Los diputados nos escucharon, les parecieron importantes los planteamientos que les hicimos, pero finalmente a ellos les toca la decisión de aceptar o no nuestras ideas. Ellos tienen el poder para hacerlo, y al mismo tiempo la responsabilidad. Nosotros sólo dimos nuestra opinión.
En el caso de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la consulta que se llevará a cabo es interesante porque abre un proceso útil para escuchar la opinión de la gente. Así debe hacerse con todos los proyectos y sobre todo con aquéllos que tengan tanto impacto sobre la sociedad, la economía, el medio ambiente y otro tipo de repercusiones. Por ello hay mucha gente que quiere participar y está bien. Pero el problema surge porque el presidente electo ha decidido tomar su decisión de continuar o no la construcción del aeropuerto en Texcoco, según la opinión mayoritaria de quienes libremente la expresen en la consulta. El problema es que el presidente electo ha convertido dicha consulta en “vinculatoria” por razones esencialmente políticas, porque así le gusta y será su estilo personal de gobernar. Su decisión, por lo que se ha dicho, será lo que diga la mayoría que emita su opinión: Texcoco o Santa Lucía. El problema es que, con esa determinación, AMLO ha renunciado a su responsabilidad y la ha traspasado a los ciudadanos, quienes decidirán, a su vez, con base en una papeleta con dos opciones. Además de renunciar a su responsabilidad, la consulta deja mucho que desear en sentido técnico y de insuficiente información relevante, pero ni siquiera toco estos problemas porque no es el tema más importante. Lo fundamental es que el futuro Jefe del Poder Ejecutivo le está echando la pelota a los ciudadanos cuando le toca a él, de todas todas, tomar la decisión y asumir su responsabilidad.
Por; Enrique Cárdenas Sánchez
Universidad Iberoamericana de Puebla
enrique.cardenas@iberopuebla.mx
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