La mayoría de las iniciativas presidenciales que se presentan a consideración del Congreso suelen tener sus puntos positivos, algunos no tanto que requieren mejorarse, y algunos otros que deben ser desechados. Normalmente las iniciativas presentan una lógica que es beneficiosa para la población, y que de paso impulsa la agenda presidencial, aunque quizás contenga algunos elementos cuestionables o contrarios a algunos grupos. Es normal.
Lo que es menos común es una iniciativa de reforma en la que claramente no hay ningún elemento que mejore la condición de la población, que no presente beneficios ni siquiera a ciertos grupos representativos, sino en todo caso que apuntalen una idea un tanto abstracta sobre la importancia del Estado o el “proyecto” presidencial. La iniciativa del presidente López Obrador para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución es una de esas rarezas. No continiene ningún elemento, así de plano, ninguno, que verdaderamente vaya a beneficiar a algún grupo social. En lo económico, la promesa de contar con precios más bajos de energía no se sostiene, pues para lograrlo los montos de los subsidios tendrán que aumentar para poder financiar tarifas bajas. Y para otorgar más subsidios, el Estado debe contar con recursos adicionales que obtiene mediante deuda pública o a través de más impuestos, o mediante reducción de otros gastos. Pero gratis, como argumenta el gobierno, no sale. Lo que se ahorra por un lado se gasta por otro, y dada la historia de la CFE, el gasto será mucho mayor por su ineficiencia y por la estructura de mercado de un solo comprador y de un solo vendedor que estaría generando la reforma. Por tanto no existe ningún beneficio. Peor aún, la reforma implica costos más altos de generación de electricidad de lo que podría lograrse con otra tecnología, que impactarán los costos de las empresas y éstas, a su vez, tratar de repercutir a sus clientes. Si no pueden hacerlo, simplemente perderán competitividad y sus perspectivas de crecimiento y de creación de empleo serán menores. ¿Cuál es el beneficio de esta reforma para los mexicanos?
Como si eso fuera poco, echar para atrás contratos y en los hechos nacionalizar la generación privada de electricidad representará cientos de miles de millones de pesos de pagos por indemnización, aunque Manuel Bartlett diga que no va a pagar indemnizaciones, que implicarán litigios nacionales e internacionales y pondrán en entredicho tratados comerciales internacionales como el T-MEC. Ya vimos la veracidad de ese tipo de afirmaciones de Bartlett cuando demandó la renegociación de los “contratos leoninos” de los gasoductos que terminaron costándole más al pueblo mexicano. Si eso es en beneficio de los mexicanos, díganme en dónde está.
Además, la contaminación adicional por la quema de combustóleo y otros combustibles fósiles, o la expansión de las plantas hidroeléctricas que ya se demostró que no son exactamente limpias, llevarán a más problemas de salud por la calidad del aire (ya de por sí muy graves), que como se ha dicho en este espacio cobra la vida de alrededor de 36 mil personas al año (una cifra semejante a la de homicidios dolosos). ¿Dónde está el beneficio?
Y ya entrados en gastos, regresar a una época de monopolios estatales cuya historia es de terror sólo puede ponernos la carne de gallina por todo lo que ello implica: ineficiencia, corrupción, control político y baja calidad de los bienes y servicios que provee. ¿Dónde está el beneficio para la gente?
Si el beneficio para la población es poder decir que tenemos el control de la energía por parte del Estado, sería bueno hacer una consulta popular si la gente prefiere eso a tener energía más limpia, barata, con más creación de empleos y de mejor calidad. La respuesta es tan obvia que por eso le digo a los legisladores que esta iniciativa presidencial DEBE SER RECHAZADA sin siquiera entrar a discusión. Y no porque no se quiera escuchar argumentaciones a su favor, sino porque ni siquiera sus proponentes han presentado algún argumento sólido que la respalde. En mi opinión, resulta más peligroso abrir la discusión sobre el contenido de la reforma que de plano rechazarla. Las marrullerías y las negociaciones de prebendas o amenazas que pudieran individualizarse por parte del gobierno a legisladores sería mucho más peligroso que votar en bloque en contra. No se debe dejar entrar ni un haz de luz, pues se abre el juego a una negociación donde la oposición, y sobre todo los mexicanos, tenemos las de perder.
Enrique Cárdenas Sánchez
Universidad Iberoamericana de Puebla
Puebla contra la Corrupción y la Impunidad
enrique.cardenas@iberopuebla.mx
@ECardenasPuebla