2 de enero de 2026
Con base en la actualización de la Agenda Coyuntural de Riesgos México 2025 y la aplicación de un Índice de Inestabilidad/Gobernabilidad * adaptado al contexto nacional, se observa que, durante 2025, el país transitó de un escenario de “riesgo alto controlable” (69) a uno de “riesgo alto estructural con fragilidad institucional y vulnerabilidad externas crecientes” (76) .
Aunque no se observan señales inmediatas de colapso sistémico, la combinación de debilitamiento del Estado de derecho , violencia persistente , crecimiento económico bajo , tensiones político-institucionales y presión externa (sobre todo el gobierno de EE.UU.) configuran un entorno paradójico de aparente hegemonía política con fragilidad funcional-operativa .
El principal factor de riesgo ya no es exclusivamente la violencia criminal, sino la erosión del andamiaje institucional y jurídico , que actúa como riesgo transversal amplificando los demás problemas (seguridad, economía, cohesión social), exacerbado por factores externos y geopolíticos.
a) El Estado de derecho como riesgo sistémico dominante
La instalación de la nueva Suprema Corte en septiembre de 2025, compuesta mayoritariamente por ministros electos bajo la influencia de la maquinaria electoral oficialista, ha erosionado la función contra mayoritaria del Poder Judicial. El “Estado de Derecho” medido por el World Justice Project ha sufrido un deterioro agudo, ya que la percepción de independencia judicial se ha desplomado.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, con facultades para sancionar jueces, actúa como un mecanismo de control vertical, reduciendo la disidencia judicial, pero aumentando el riesgo de politización de la justicia.
La politización del sistema judicial, la incertidumbre jurídica y la persistencia de niveles extremos de impunidad configuran el núcleo duro del riesgo país . Este deterioro no solo afecta derechos y libertades, sino que reduce la capacidad del Estado para procesar conflictos , contener la violencia y generar confianza económica.
b) Violencia penal: riesgo alto crónico
Oficialmente, los homicidios dolosos muestran una reducción interanual del 25-32% al cierre de 2025. Sin embargo, este descenso es cuestionado por el aumento correlativo en desapariciones y el hallazgo de fosas clandestinas, lo que sugiere una modificación en los patrones de violencia (ocultamiento de cuerpos) más que una pacificación real.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y datos del sector transporte revelan una percepción de inseguridad en carreteras superior al 57%. El robo a transporte de carga con violencia se ha convertido en un impuesto oculto que erosiona la competitividad logística del país, afectando directamente las cadenas de suministro integradas con Norteamérica.
Reportes de inteligencia y consultoras de riesgo confirman que organizaciones criminales han profundizado su modelo de negocio, pasando del narcotráfico a la extracción de rentas de la economía legal (limón, aguacate, construcción, transporte). En regiones de Michoacán, Chiapas y Sinaloa, el crimen organizado actúa como regulador de facto, imponiendo impuestos y resolviendo disputas, lo que constituye una pérdida efectiva de soberanía.
Aunque algunos indicadores muestran estabilización relativa, la violencia sigue siendo estructuralmente elevada , con impactos directos en inversión, gobernabilidad local y percepción ciudadana. La extorsión y el control territorial del crimen organizado constituyen amenazas directas a la actividad económica formal.
c) Crecimiento económico insuficiente
El Paquete Económico 2026 aprobado revela un escenario tenso fiscal. Con un déficit proyectado que se mantiene alto para financiar programas sociales y obras de infraestructura, y ante la rigidez del gasto (pensiones y costo financiero de la deuda), el margen de maniobra es mínimo. La implementación de impuestos específicos a bebidas saborizadas, tabaco y juegos con apuestas busca compensar los ingresos, pero es insuficiente ante una eventual caída de la recaudación.
Las proyecciones de crecimiento para 2026 son modestas, situándose entre 1.8% y 2.8% según Hacienda, pero con estimaciones privadas más conservadoras cercanas al 1.3-1.4%. La inflación ha desacelerado hacia el rango del 3,7%, pero la inflación subyacente (servicios) muestra persistencia. El tipo de cambio, cerrando 2025 cerca de 18.00 MXN/USD, ha sido una sorpresa positiva, impulsada por remesas y tasas de interés reales aún atractivas, aunque esto resta competitividad a las exportaciones.
La inversión extranjera directa (IED) muestra cifras récord en papel, pero una gran parte corresponde a reinversión de utilidades. La nueva inversión fresca se ve frenada por la incertidumbre judicial y energética.
En suma, México evita una crisis macroeconómica, pero se mantiene en un equilibrio de bajo crecimiento . Este estancamiento limita el margen fiscal y reduce la capacidad del Estado para invertir en seguridad, justicia, salud y adaptación climática, reforzando un círculo de fragilidad.
d) Riesgos sociales y ambientales como detonadores
Los conflictos socioambientales emergen como el principal vector de inestabilidad de base. La crisis del agua ya no es estacional sino estructural. A pesar de las lluvias invernales, los sistemas de presas en el centro y norte del país inician 2026 con niveles preocupantes. La competencia por el agua entre uso urbano, agrícola e industrial (nearshoring) está generando “guerras del agua” locales.
La gentrificación en CDMX, Guadalajara y Monterrey, exacerbada por el auge del turismo y nómadas digitales, ha detonado movimientos sociales articulados bajo el lema “Vivienda sí, Mundial no”, en referencia a la Copa del Mundo 2026.
Si bien la oposición partidista es débil, la polarización social persiste en el discurso público, alimentada por la narrativa oficial contra “conservadores” y la defensa de la reforma judicial.
En suma, la pobreza persistente, el deterioro de los servicios públicos (salud, educación) y la crisis hídrica constituyen riesgos latentes , susceptibles de activarse ante shocks económicos, políticos o climáticos, especialmente a nivel regional.
f) Factores externos y geopolíticos
La relación con Estados Unidos es la variable más volátil del modelo. El regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 ha reactivado una política de presión máxima. Aunque algunas amenazas arancelarias se han pospuesto para 2026, la retórica sobre deportaciones masivas y designación de cárteles como terroristas mantiene la relación en tensión constante.
La revisión programada para julio de 2026 se perfila conflictiva. Los paneles perdidos por México en materia de maíz transgénico y las disputas energéticas debilitan la posición negociadora mexicana. Existe el riesgo real de que Trump utilice la revisión para imponer condiciones draconianas en materia laboral y de contenido regional.
Como se puede apreciar, el bloque Institucional–Legal–Seguridad–Externo concentra el 70% del peso total, reflejando la lógica real del riesgo país México 2026.
Escenarios 2026
En principio, México no enfrenta un escenario de colapso, pero sí uno de inestabilidad estructural , caracterizado por:
· Instituciones con menor capacidad de arbitraje.
· Gobernabilidad basada más en control político que en legitimidad institucional.
· Seguridad pública relativa con violencia estructural elevada.
· Economía incapaz de absorber tensiones sociales crecientes.
· Presiones externas (gobierno de Trump).
Este entorno eleva la probabilidad de eventos disruptivos en el corto y mediano plazo. Con base en la dinámica observada en 2025 y el perfil del índice, se identifican tres escenarios posibles para 2026 .
Escenario 1. Continuidad frágil (probabilidad media-alta)
México mantiene estabilidad política formal, sin crisis institucional abierta, pero profundiza su fragilidad estructural ( estabilidad precaria: el país “funciona”, pero con capacidad limitada de corrección ante shocks).
Escenario 2. Deterioro acelerado (probabilidad media)
Uno o varios detonadores (conflicto judicial, escalada de violencia regional, choque económico externo, desastres, escándalos) rompen el equilibrio (aumento significativo de la conflictividad, caída de inversión, deterioro rápido de la confianza y presión sobre el régimen de gobernabilidad).
Escenario 3. Corrección estratégica (probabilidad baja)
Se implementan ajustes pragmáticos que contienen los riesgos clave ( reducción gradual del riesgo -índice regresa a zona de riesgo controlada- no resuelve problemas estructurales, pero evita una deriva de inestabilidad mayor)
En suma, al cierre de 2025 se confirma que México enfrenta un problema de gobernabilidad estructural , no coyuntural. La clave de 2026 no será el crecimiento por sí solo, sino la capacidad del Estado para restaurar reglas, arbitraje institucional y confianza, administrando al mismo tiempo las presiones del trumpismo .
Sin una corrección en el eje Estado de derecho–seguridad–gobernanza , los riesgos tenderán a amplificarse.
* Desarrollados con AI a partir de modelos internacionales.Suscribir
México: Índice de inestabilidad y gobernanza
Actualización a diciembre de 2025 y escenarios para 2026
Por Raúl Hermosillo Carmona
enero 2, 2026
Con base en la actualización de la Agenda de Riesgos Coyunturales México 2025 y la aplicación de un Índice de Inestabilidad/Gobernanza adaptado al contexto nacional, se observa que durante 2025 México transitó de un escenario de “riesgo alto pero manejable” (69) a uno de “alto riesgo estructural con creciente fragilidad institucional y vulnerabilidad externa” (76) .
Aunque no hay señales inmediatas de colapso sistémico, la combinación de un Estado de derecho debilitado, violencia persistente, bajo crecimiento económico, tensiones político-institucionales y presión externa (particularmente del gobierno de Estados Unidos) ha producido un ambiente paradójico: una aparente hegemonía política coexistiendo con una fragilidad funcional y operativa .
El principal factor de riesgo ya no es exclusivamente la violencia criminal, sino la erosión del marco institucional y legal , que actúa como un riesgo transversal , amplificando otros desafíos (seguridad, economía, cohesión social), y se ve agravado por factores externos y geopolíticos .
a) El Estado de derecho como riesgo sistémico dominante
La instalación de la nueva Corte Suprema en septiembre de 2025 —compuesta en gran parte por jueces elegidos bajo la influencia de la maquinaria electoral del partido gobernante— ha erosionado la función contramayoritaria del poder judicial. El indicador del Estado de Derecho , medido por el Proyecto de Justicia Mundial, ha experimentado un marcado deterioro, a medida que se ha desmoronado la percepción de independencia judicial.
El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, dotado de autoridad para sancionar a los jueces, funciona como un mecanismo de control vertical, reduciendo la disidencia judicial y aumentando significativamente el riesgo de politización de la justicia.
La politización del sistema judicial, la creciente incertidumbre jurídica y la persistencia de niveles extremos de impunidad constituyen el núcleo del perfil de riesgo país de México . Este deterioro no solo socava los derechos y las libertades, sino que también reduce la capacidad del Estado para gestionar conflictos, contener la violencia y generar confianza económica.
b) Violencia criminal: una condición crónica de alto riesgo
Oficialmente, los homicidios intencionales muestran una reducción interanual de 25-32% para fines de 2025. Sin embargo, esta disminución es ampliamente cuestionada debido al aumento paralelo de las desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas, lo que sugiere un cambio en los patrones de violencia (ocultamiento de cuerpos) en lugar de una pacificación genuina.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y datos del sector transporte revelan una percepción de inseguridad en las carreteras superior al 57% . El robo violento de carga se ha convertido en un impuesto oculto que erosiona la competitividad logística de México y afecta directamente las cadenas de suministro integradas con Norteamérica.
Informes de inteligencia y evaluaciones de consultoría de riesgos confirman que las organizaciones criminales han profundizado su modelo de negocio, pasando del narcotráfico a la extracción de rentas de la economía legal (limones, aguacates, construcción, transporte). En regiones de Michoacán, Chiapas y Sinaloa, el crimen organizado actúa como regulador de facto , imponiendo impuestos y resolviendo disputas, lo que constituye una pérdida de soberanía.
Si bien algunos indicadores muestran una relativa estabilización, la violencia se mantiene estructuralmente elevada , con impactos directos en la inversión, la gobernanza local y la percepción pública. La extorsión y el control territorial por parte del crimen organizado representan amenazas directas a la actividad económica formal.
c) Crecimiento económico insuficiente
El Paquete Económico 2026 aprobado revela un escenario fiscal tenso. Con un déficit proyectado que se mantiene elevado para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura, y dada la rigidez del gasto (pensiones y costos del servicio de la deuda), la capacidad de maniobra fiscal es mínima. La introducción de impuestos específicos sobre bebidas saborizadas, tabaco y juegos de azar busca compensar la disminución de ingresos, pero sería insuficiente en caso de una caída en la recaudación tributaria.
Las proyecciones de crecimiento para 2026 son modestas, oscilando entre el 1,8% y el 2,8% según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que las estimaciones del sector privado son más conservadoras, cercanas al 1,3-1,4% . La inflación se ha desacelerado hacia el 3,7% , pero la inflación subyacente, en particular la de servicios, se mantiene persistente. El tipo de cambio, que cerró 2025 cerca de 18,00 MXN/USD , ha sido una sorpresa positiva, impulsado por las remesas y unas tasas de interés reales aún atractivas, aunque esto ha reducido la competitividad de las exportaciones.
La inversión extranjera directa (IED) registra cifras récord, pero una gran proporción corresponde a la reinversión de utilidades. La nueva inversión en nuevas instalaciones se ve limitada por la incertidumbre judicial y del sector energético .
En resumen, México evita una crisis macroeconómica, pero permanece atrapado en un equilibrio de bajo crecimiento . Este estancamiento limita el margen fiscal y reduce la capacidad del Estado para invertir en seguridad, justicia, salud y adaptación climática, lo que refuerza un ciclo de fragilidad.
d) Riesgos sociales y ambientales como desencadenantes potenciales
Los conflictos socioambientales se perfilan como el principal vector subyacente de inestabilidad . La crisis hídrica ya no es estacional, sino estructural. A pesar de las lluvias invernales, los sistemas de embalses del centro y norte de México llegan a 2026 con niveles preocupantes. La competencia por el agua entre usos urbanos, agrícolas e industriales (relacionados con la deslocalización) está generando “guerras por el agua” localizadas.
La gentrificación en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, exacerbada por el turismo y la llegada de nómadas digitales, ha desencadenado movimientos sociales organizados bajo el lema “Vivienda sí, Mundial no”, en referencia a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Aunque la oposición partidista sigue siendo débil, la polarización social persiste en el discurso público, alimentada por las narrativas oficiales contra los “conservadores” y por la defensa de la reforma judicial.
En general, la pobreza persistente, el deterioro de los servicios públicos (salud y educación) y la crisis del agua constituyen riesgos latentes , susceptibles de activarse por choques económicos, políticos o climáticos, particularmente a nivel regional.
f) Factores externos y geopolíticos
La relación con Estados Unidos es la variable más volátil del modelo. El regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 ha reactivado una estrategia de máxima presión . Si bien algunas amenazas arancelarias se han pospuesto hasta 2026, la retórica sobre las deportaciones masivas y la designación de cárteles como organizaciones terroristas mantiene la relación bilateral en constante tensión.
La revisión del T-MEC, programada para julio de 2026, parece cada vez más conflictiva. Las derrotas de México en los paneles de resolución de disputas sobre el maíz genéticamente modificado y la política energética han debilitado su posición negociadora. Existe un riesgo real de que Trump utilice el proceso de revisión para imponer condiciones draconianas en materia de normas laborales y contenido regional.
Como lo muestra el índice, el bloque Institucional–Legal–Seguridad–Externo representa el 70% de la ponderación total , lo que refleja la lógica real del perfil de riesgo país de México de cara a 2026.
Escenarios para 2026
De entrada, México no se enfrenta a un escenario de colapso, sino a uno de inestabilidad estructural , caracterizado por:
- Instituciones con capacidad arbitral reducida
- Gobernanza basada más en el control político que en la legitimidad institucional
- Seguridad pública marcada por una violencia estructuralmente alta
- Una economía incapaz de absorber las crecientes presiones sociales
- Presiones externas, en particular de la administración Trump
Este entorno aumenta la probabilidad de eventos disruptivos a corto y mediano plazo. Con base en la dinámica de 2025 y el perfil del índice, se identifican tres escenarios para 2026:
Escenario 1. Continuidad frágil (probabilidad media-alta)
La estabilidad política formal persiste sin una crisis institucional abierta, pero la fragilidad estructural se profundiza. El país funciona, aunque con una capacidad limitada para corregir los shocks.
Escenario 2. Deterioro acelerado (probabilidad media)
Uno o más factores desencadenantes (un conflicto judicial, una escalada de la violencia regional, un shock económico externo, desastres o escándalos) rompen el equilibrio, lo que conduce a un aumento del conflicto, una disminución de la inversión y una rápida erosión de la confianza.
Escenario 3. Corrección estratégica (baja probabilidad)
Los ajustes pragmáticos conllevan riesgos clave. El riesgo general disminuye gradualmente (el índice retorna a una zona de riesgo controlado). Los problemas estructurales siguen sin resolverse, pero se evita una importante deriva desestabilizadora.
Conclusión
Para finales de 2025, es evidente que México enfrenta un problema de gobernanza estructural, más que cíclico . El desafío clave para 2026 no será solo el crecimiento, sino la capacidad del Estado para restablecer las reglas, el arbitraje institucional y la confianza , gestionando simultáneamente las presiones generadas por la geopolítica de la era Trump.
Sin una corrección en el eje Estado de derecho-seguridad-gobernanza , es probable que los riesgos sigan aumentando.
