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En los estertores del primer trimestre de 2019, el ambiente social y político en el estado de Puebla, que se apresta a ser de nueva cuenta territorio en disputa electoral, no es el mejor ni el más halagüeño.

Me explico: por un lado, prevalece en la ciudadanía la percepción creciente de inseguridad en la vida cotidiana, especialmente en la capital del estado y la zona conurbada, en la que los grupos delictivos siguen en su labor con impunidad.

De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, más del 93 por ciento de la población de Puebla se siente insegura cuando realiza sus actividades diarias, como usar el transporte público o acudir al cajero automático de un banco.

Respecto al robo de combustible, el “huachicoleo”, los poblanos seguimos sentados en una bomba de tiempo; los implicados operan con impunidad, ya que Pemex sólo ha presentado 396 denuncias por ese ilícito entre 2011 y 2019, lapso en el que se ha detectado al menos seis mil 723 tomas clandestinas (https://bit.ly/2FwZwwf).

A lo anterior hay que sumar lo enrarecido que está el ambiente político tras los señalamientos en contra del secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto -cuñado del finado Rafael Moreno Valle- quien senadores de Morena acusaron de haberse involucrado subrepticiamente en la selección del candidato a gobernador del partido oficialista y que tiene mayoría en el Congreso local, Morena.

Fueron los legisladores Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta, quienes directamente solicitaron al gobernador interino, de cuño priísta, Guillermo Pacheco Pulido, la destitución del encargado de garantizar la gobernabilidad en Puebla, ya que se presume que presionó a diputados locales para operar en pro de Luis Miguel Barbosa Huerta, además de manipular a la Fiscalía General del Estado en su labor de investigación de la muerte de su cuñado y la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo. Manzanilla respondió por medio de sus redes sociales que tales señalamientos son “acusaciones sin sustento, las cuales son, en realidad, parte de una campaña de golpeteo político”. (https://bit.ly/2FwUXD6).

A lo anterior hay que sumar los antecedentes de la elección de 2018, impugnada al grado de haber llegado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que evidenció la pésima labor del Instituto Electoral del Estado; los comicios pasados fueron impugnados tras ominosos episodios de muerte y violencia, y muchas voces hablaron de una elección de Estado. Todo ello, sumado al posterior trágico deceso de la gobernadora Martha Erika Alonso y del Senador Rafael Moreno Valle, ha convertido a Puebla en un estado con un ambiente, por decir lo menos, enrarecido en muchos aspectos, pero sobre todo en lo político.

En este marco, donde hay muestras de mucho encono, el 31 de marzo próximo comenzarán las campañas políticas en las que habré de tomar parte como protagonista, con la firme convicción de abonar desde mi trinchera, a recobrar la normalidad política y sobre todo la social en Puebla.

En un escenario de este tipo, inédito y complejo, vale la pena hacer un serio llamado a las autoridades federal y estatal, además de las municipales, para estar atentas ante actos que pudieran abonar a una mayor crispación del ambiente poblano. Basta con que cumplan a cabalidad su labor, garantizando la aplicación de ley, y por ende, que no exista impunidad

Deseo que los augurios de una elección de Estado no se cumplan, y que sea la ciudadanía, de forma libre e informada, la que decida el destino de Puebla para los próximos años.

 

Por: Enrique Cárdenas Sánchez (con la colaboración de Jorge Machuca)

Universidad Iberoamericana de Puebla

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@ecardenassan

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