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Las acusaciones sobre Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE, con status de órgano constitucional autónomo) que le propinó el presidente de la República y que “sustanciaron” la secretaria de la Función Pública y el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, son lamentables y, por lo que se ve, injustas y difamatorias. El presidente de la CRE ha explicado con acuciosidad por qué no ha incurrido en conflicto de interés como se le acusó, y de seguir las indagatorias, lo único que queda ante la andanada presidencial es una correcta impartición de justicia por otro poder del Estado, distinto del Ejecutivo.

Su pecado original es haberse negado a presentar su renuncia como se lo pidió quien sería la secretaria de Energía, Rocío Nahle, desde antes de tomar posesión el nuevo gobierno. Guillermo García Alcocer hizo bien en negarse, pues no podía someterse ante los deseos de una futura funcionaria que NO era ni sería jefa de la CRE, por mandato constitucional. Desde ese momento se vio que el nuevo presidente iría tras el aparato institucional que da sustento al mercado energético en México y, en los hechos, iniciar la contrarreforma energética. Ya hay evidencia contundente que ése es el camino que ha emprendido el gobierno de la 4T: regresar a tiempos en que Pemex dependía de los designios del presidente, de una idea obsoleta de autosuficiencia y seguridad energética, de subsidios cruzados y de voracidad del sindicato.

El colmo de la “rebeldía” fue cuando García Alcocer cuestionó los miembros de las ternas que sometió el Presidente al Senado para ocupar las vacantes en la CRE, pues éstas estaban cargadas hacia los hidrocarburos y no a la electricidad. Añadió en la entrevista que el presidente estaba desinformado sobre el papel del sector privado en la generación de energía eléctrica (El Financiero, 14 de febrero). Ya las ternas habían sido fuertemente criticadas por algunos senadores que los cuestionaron en sus comparecencias, en las que fue evidente lo inapropiado que resultaron algunas personas para ocupar esos puestos. Claramente, no cumplían con el perfil necesario.

El presidente recalcó que esto no se debía a una venganza por los dichos de García Alcocer, pero por los hechos no parece haber ninguna otra motivación. En todo caso, la alternativa es peor: que el presidente quisiera establecer un escarmiento a cualquier funcionario que difiera en sus opiniones o juicios, especialmente quienes tienen cierta protección institucional y jurídica. Por ejemplo, quienes forman parte de los órganos autónomos o del Poder Judicial. Finalmente en la conferencia de prensa en que el presidente de la CRE presentó sus argumentos, le pidió audiencia al presidente López Obrador para tratar de zanjar los problemas. Ojalá así sea.

Un segundo caso preocupante es el de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios. Dentro de su esfera de trabajo, Alejandra Palacios escribió un artículo en el Reforma en el que mencionaba que la designación directa a un solo banco, Banco Azteca, para ser el intermediario que va a dispersar dinero público a beneficiarios de programas sociales, tendía a limitar la competencia en el sistema bancario. Inmediatamente salieron plumas denostándola y cuestionando su trabajo y el de la Cofece. El Grupo Salinas presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Cofece y, casualmente, el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, solicitó la comparecencia de Alejandra Palacios en el Senado. ¿Cuál es la intención? ¿Conocer sobre el tema de las asignaciones directas en las que este gobierno ha tenido varias asignaciones muy notorias (las 671 pipas por la “emergencia” del desabasto de Pemex, la anunciada “licitación por invitación” para la refinería de Dos Bocas y tramos del Tren Maya, además de las tarjetas de Banco Azteca)? ¿O simplemente se trata de mostrar quien manda y amedrentarla?

Ambos, Alejandra Palacios y Guillermo García Alcocer son personas comprometidas con su institución, además de honestas y capaces. Han mostrado dignidad y la entereza de resistir presiones del máximo poder político en defensa de instituciones del Estado. Merecen ser llamados héroes en esta era de la 4T.

 

Por: Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@ecardenassan

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