El presidente López Obrador pretende una reforma electoral para transformar al INE, pero antes ya ha aniquilado instituciones en detrimento de los ciudadanos.
El gobierno de la “cuarta transformación” ha sido especialmente destructor de aquello que quiere transformar, dejándonos con un resultado notoriamente peor del que se quiso “arreglar”. Los ejemplos abundan: cancelar el NAIM y construir en su lugar el AIFA, al tiempo de dejar caer al Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México; crear el Insabi para reemplazar al Seguro Popular con el resultado de que casi 16 millones de mexicanos perdieron acceso al servicio de salud, y ahora se está deseando parchar con el IMSS-Bienestar, que no está diseñado para atender millones de pacientes en todo el país; disminuir el gasto en medicinas centralizando su adquisición en la Secretaría de Hacienda con el consecuente efecto de un enorme desabasto de medicamentos y desatención médica que persiste a la fecha; eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, lo que ha provocado que la educación esté transitando a ciegas, sin atender a 3.6 millones de jóvenes que han abandonado la escuela, y se acumulan las pérdidas de aprendizaje causadas por la pandemia y su pésima gestión; la contrarreforma energética que ha significado menos producción, más sangría de recursos fiscales para financiar las millonarias pérdidas de Pemex y la CFE, y encima generan más contaminación, y un largo etcétera.
Ahora, el presidente López Obrador pretende una reforma electoral para transformar al INE. Más allá de las intenciones reales que pueda tener el presidente para impulsar una reforma que “transforme” el sistema electoral, que si algo ha hecho es legitimar los triunfos de Morena de los últimos años, surge el temor fundado de que ante los fracasos en las transformaciones emprendidas por este gobierno, las consecuencias de esta reforma sean también un desastre para la ciudadanía y la democracia. El estudio de la evidencia para planear una reforma electoral con base en un diagnóstico claro y contundente simplemente no existe, como tampoco existió un diagnóstico en los “proyectos de transformación” mencionados y que han causado catástrofes como la devastación de la selva maya, o el uso del “nuevo” aeropuerto AIFA sin haber rediseñado con éxito el espacio aéreo para que puedan funcionar simultáneamente ese aeropuerto y el de la Ciudad de México. Por tanto, ¿qué nos hace pensar que los resultados de la reforma electoral propuesta por el presidente vayan a resultar en un mejor sistema electoral, más equitativo, con mayor legitimidad y más democrático?
¿De verdad creemos que los consejeros electorales deben ser electos de manera popular, lo que significa que tendrán que hacer campaña, y que además los candidatos serán designados por el presidente y sus aliados en el Congreso y en la Suprema Corte de Justicia? ¿De verdad pensamos que cualquier persona puede ser consejero electoral, necesitando solamente el beneplácito del presidente de la República? Sería equivalente a que cualquier amigo-leal del presidente sea nombrado piloto de aviación y me obliguen como ciudadano a viajar en aviones piloteados por esa persona. Si no estamos dispuestos a poner nuestra vida en manos de alguien no preparado para conducir aviones, ¿por qué habríamos de dejar en manos de cualquier persona nuestro derecho a que valga nuestro voto y que garantice que la contienda electoral sea lo más pareja posible?