El evento Marcelo Ebrard, su hijo y la exembajadora en el Reino Unido retratan de cuerpo entero el deterioro ético e institucional de la 4T. Que conste, no del Estado mexicano, sino del régimen instituido por López Obrador y continuado por Sheinbaum.
Se le hizo fácil a Marcelo Ebrard llamarle a su subordinada, la embajadora Josefa González Blanco, que alojara en la casa oficial de la embajada a su hijo que iba a estudiar en Londres. Ella contestó que encantada “lo trataría como a un hijo”. Se quedó 6 meses viviendo en la residencia oficial de México, gastos pagados y con trato de inquilino consentido. https://geo.dailymotion.com/player/x8bic.html?playlist=x7g1kr#amp=1
El periodista Claudio Ochoa reveló esta historia en el Universal y en Latinus que causó revuelo en redes sociales y Marcelo Ebrard tuvo que aparecer para dar explicaciones. Y entonces quedó clara la estatura ética del personaje, uno de los mejor valorados del gobierno y de la 4T, con infinidad de detalles que ilustran, cómo una pintura hiperrealista, hasta el último fragmento de la anatomía del régimen.
La 4T considera que quienes tienen cargos pueden disfrutar de los bienes del Estado como si fueran propios. Hay una idea patrimonialista de que no sólo se han apoderado del poder político, sino que también han tomado posesión de los bienes muebles e inmuebles del Estado y los pueden disfrutar y usar para su pecunio personal, familiar o de sus amistades. Esto aplica al secretario Ebrard, a la embajadora González Blanco y hasta al hijo de Ebrard. Por tanto, no “consideran” que esos actos sean reprobables, aunque estén tipificados como delitos graves en el Código Penal. En el diccionario de mexicanismos se llama “gandallismo”. Se pueden servir con la cuchara grande en contratos, incurrir en conflictos de interés, excepciones a las reglas de adquisiciones, meras simulaciones o cambios de denominación de los hechos para “minimizarlos” o de plano intentar “ocultarlos”.
La 4T goza de impunidad manifiesta y generalizada. Nada qué temer. Es muy rara la ocasión en que un servidor público tenga que afrontar consecuencias de sus actos, desde los incendios en instalaciones de Pemex, derrames de petróleo que intentaron ocultar por meses, descarrilamiento del tren interoceánico, daños a los acuíferos y otros ecocidios por el Tren Maya. En el mejor de los casos, los “imputados” son mandos medios o inferiores quienes resultan responsables, como el maquinista del tren descarrilado o el encargado de la seguridad en Pemex. Lo mismo ocurrió en la Línea 12 del metro de la Ciudad de México el sexenio pasado, y hay una larga lista de casos semejantes.
La combinación del sentido patrimonialista con la certeza de gozar de impunidad hacen del funcionario de la 4T un nuevo sultán que le permite aprovecharse de lo público, lo privatiza y lo utiliza para beneficio propio, sin consecuencias. Nada importa que esos recursos sean de los ciudadanos, que aportan sus impuestos para la construcción de un país, con reglas mínimas de convivencia. No, la 4T se ha apropiado de todo. Y lo que falta.
