Desde el inicio de este gobierno se ha prometido que no habría reforma fiscal sino hasta la segunda parte del sexenio, el cual está por empezar. Entre especialistas, altos funcionarios de Hacienda y círculos políticos se ha comenzado a hablar de la inminente reforma fiscal que viene. No hay duda de que el Estado mexicano recauda poco como porcentaje del PIB en relación a otros países semejantes, y que es el que menos lo hace en el grupo de países de la OCDE. También se reconoce, en principio, insuficiencia de recursos fiscales por la baja calidad de servicios públicos que tenemos y que requieren más dinero para mejorar, como la educación, la salud, la procuración de justicia y la seguridad.PUBLICIDAD
Pero así como es importante contar con más ingresos, también es fundamental saber en qué se gastan los recursos públicos, si se gastan de manera eficiente, y si reditúan en términos de bienestar social. La Hacienda Pública tiene dos brazos: uno que cobra y otro que gasta. Ambos están conectados y entre ambos se realiza la política hacendaria. Por eso países como el Reino Unido, que en ausencia de política hacendaria (ingresos y gastos) tendría una desigualdad semejante a la de México (un coeficiente de Gini de casi 0.5, según el Banco Mundial), logra mejorarla significativamente a través de un sistema impositivo equitativo y mediante la inversión inteligente, eficaz y sin desperdicios en la provisión de servicios públicos (con ello, su índice de Gini se reduce a 0.35). En México, el impacto del efecto de la política hacendaria apenas lo disminuye unas dos o tres centésimas.
En estos días se ha puesto en evidencia, una vez más y de manera conspicua, el desperdicio y despilfarro en el que ha incurrido este gobierno. Se ha hablado hasta el cansancio del costo de la cancelación del NAIM, del costo adicional en el que el gobierno ha tenido que incurrir para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Se ha criticado el alto costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas y su inutilidad, dado que el mundo transita rápidamente hacia tecnologías limpias abandonando el uso de combustibles fósiles. Esta semana, con bombo y platillo, el presidente López Obrador anunció la compra de 50 por ciento de la refinería de Shell en Deer Park por 596 millones de dólares, con una capacidad de 340 mil barriles diarios, cuando la propia Dos Bocas costará cerca de 10 mil millones de dólares para refinar una cantidad semejante. Y encima, Pemex reconoció que, además, esta planta tiene una deuda de casi mil millones de dólares que absorberá. Con esta adquisición, el presidente López Obrador dejó de manifiesto, una vez más, su capacidad de usar mal los recursos públicos, habiendo alternativas más baratas y mejores para los fines del país. Si lo hizo sólo para decir que al fin de su sexenio dejaría dos refinerías más funcionando y lograría la autosuficiencia en refinación con fines electorales, es todavía peor.
Ayer también, en estas páginas, Macario Schettino hizo cuentas gruesas pero apegadas a la realidad de los dineros que se han empleado para llevar a cabo la política de mantener a flote a Pemex y la ‘autosuficiencia energética’. Le suma el NAIM y Santa Lucía y llega a la exorbitante cifra de dos billones de pesos en estos dos años. Más lo que se acumule. Sólo Pemex perdió más de 30 mil millones de pesos este primer trimestre. Para dar una idea de esa cifra de tantos ceros, 2 billones de pesos desperdiciados en dos años equivalen a 75 por ciento de la nómina total de servidores públicos (soldados, maestros, policías, marinos y el resto de empleados públicos), o representan 15 por ciento más dinero de lo que envía la Federación a los estados cada año para construir calles, hospitales, escuelas, mejores policías, carreteras y lo que se imagine. De ese tamaño, o más, es el desperdicio de dinero, de nuestros impuestos, que está tirando López Obrador. Eso sin contar el Tren Maya y un largo etcétera.
Con esa pésima administración de los recursos de los ciudadanos, el gobierno se prepara para pedirle a la población, y especialmente a los causantes de impuestos ya cautivos en el SAT y a los ‘más ricos’, un apretón para obtener más recursos, en medio de una economía caída, sin seguridad jurídica, y sin incentivos para la inversión.
Para pedir más impuestos los gobiernos deben mostrar que los recursos recaudados se invierten bien, que no hay corrupción, que no hay desperdicios y que hay rendición de cuentas. Si no es así, perdón pero no hay ninguna legitimidad para realizar una reforma fiscal. Es decir, si el gobierno pretende cobrar más impuestos, primero tiene que demostrar que utiliza bien los recursos. Hasta ahora no lo ha hecho y es evidente. Y así ¿quieren una reforma fiscal?
Enrique Cárdenas Sánchez
Universidad Iberoamericana de Puebla
Puebla contra la Corrupción y la Impunidad
enrique.cardenas@iberopuebla.mx
@ECardenasPuebla