VIOLENCIA E INSEGURIDAD

En 2018, la violencia le costó a México 268 mil millones de dólares es decir, más de cinco mil billones de pesos, confirma el Índice de Paz 2019 del Instituto para la Economía y la Paz. Pero ese no es el hallazgo más funesto: el año pasado, “el nivel de paz se deterioró 4.9 por ciento en México, lo que constituye el tercer año consecutivo a la baja. La tasa de homicidios aumentó 14 puntos porcentuales, superando las 27 muertes por cada 100 mil personas, el nivel más alto registrado”, dice el documento (https://bit.ly/2IaVi0U).

Los doce meses del año anterior resultaron aciagos al registrarse que el 69.4 por ciento de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego. Por su relevancia, cito de nuevo otro fragmento del Índice de Paz 2019: “Ante la escalada de violencia, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere, limitando con esto la capacidad institucional para impulsar la paz y proveer justica y seguridad. La justicia penal efectiva requiere mayor inversión. Hoy en día, el gasto del gobierno en las fuerzas policiales y el sistema judicial es apenas la mitad del promedio de los demás países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como porcentaje del PIB. Aunado a ello, únicamente en 7 por ciento de los delitos se abrieron carpetas de investigación en 2017 y menos de 3 por ciento se cerraron con una sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad de 97 por ciento”. Aquí queda la constancia de cómo el nocivo coctel de impunidad y deficiencias de los sistemas de procuración e impartición de justicia nos han llevado a la terrible situación de violencia nacional.

Ante ello, y con motivo de la carrera que he emprendido en pos de la gubernatura de Puebla, he propuesto, con el apoyo de expertos en el tema, una alternativa de solución a este gigantesco problema, al que hay que verlo como un tripié o un banco de tres patas, llamado seguridad pública, que es soportado por la Policía, la correcta impartición de justicia y el combate a la impunidad.

La primera pata de soporte, se trata de modificar el papel de las corporaciones policiacas, teniendo como centro la dignificación del trabajo de sus agentes. Para reestructurar a la corporación policial se sugiere contar con un área de investigación y otra de análisis e inteligencia, así como otra dedicada a atender la prevención y la reacción. Para transformar a la Policía –como corporación- se requiere capacitación y equipamiento, incrementar el número de policías operativos, para acercarse en la medida de lo posible al ideal internacional de 1.8 uniformados por cada mil habitantes.

A lo anterior se suma la separación de actividades administrativas –que no haya personal uniformado trabajando en las oficinas-, además de la aplicación puntual de exámenes de control de confianza, creación del Servicio Profesional de Carrera Policial y que cada corporación cuente con una buena oficina de asuntos internos independiente y autónoma y con tolerancia cero. Lo más importante es hacer de los agentes de Policía personas incorruptibles, por contar con salarios y prestaciones justas de acuerdo a la labor de riesgo que desempeñan. El 78 por ciento de los policías en Puebla gana actualmente menos de 10 mil pesos al mes y el 21 por ciento menos de 15 mil pesos; deben contar con seguridad social y jornadas laborales razonables. La cercanía con la ciudadanía a través de ‘mesas de diálogo’ para recabar información para investigación, prevención y atención focalizada del crimen. Además, se crean vínculos de confianza entre ciudadanos y policías.

Debe aplicarse este mismo esquema a las policías ministeriales y a las fiscalías, antes los ministerios públicos. En Puebla los debemos multiplicar al menos por 10, pues apenas alcanzamos 2.5 de ellos por cada 100 mil habitantes. Habrá al menos 30 por ciento de fiscales mujeres para fortalecer la empatía con mujeres denunciantes y víctimas del delito, además de intérpretes para que los presuntos delincuentes indígenas tengan un proceso justo. Más del 30 por ciento de la población en reclusión en Puebla son de origen indígena. Al contar con un sistema efectivo y eficaz de procuración de justicia se evitará la puerta giratoria en la que “como ingresan los delincuentes salen” al no contar con elementos suficientes para su procesamiento. Si contamos con una Policía Ministerial y fiscales profesionales y competentes eliminaremos ese problema y atajaremos la impunidad. Naturalmente se requieren también esfuerzos especiales para la atención de víctimas, con asesoría especializada, y mecanismos de prevención del delito multiplicando las oportunidades culturales, deportivas y de ocupación entre los jóvenes.

El problema de la inseguridad en Puebla y en México es grave y su solución requerirá de muchos recursos y determinación para erradicarla, apostando por el fortalecimiento de las corporaciones policiacas. Pero no es imposible. Se ha hecho en otros lugares con éxito. Y Puebla lo merece, sobre todo porque la impunidad ha sido parte de nuestro paisaje, pues incluso uno de sus exgobernadores es buscado por la justicia.

 

Por:  Enrique Cárdenas Sánchez