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Hace unos días en un curso sobre riesgos se resaltaba le necesidad y bondades de la prevención y a colación se mencionó la frase de William Thomson Kelvin, Lord Kelvin, “lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.” Normalmente solo había centrado mi atención en la parte central de la afirmación, pero al integrarla en el contexto es evidente que resulta aún más contundente.

En este mes de marzo, que para muchas personas implica la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, vale la pena reflexionar sobre la definición, la medida y la degradación de nuestra realidad. Para iniciar me voy a referir al Poder Judicial Federal, cuyo más alto órgano, la Suprema Corte de Justicia, está integrada actualmente por 8 hombres y 3 mujeres; y aunque su historia se remonta al año 1825, no sería hasta 136 años después, que se incorporó la primera mujer que desempeñó el cargo de ministra, María Cristina Salmorán de Tamayo; y tendrían que transcurrir otros 15 años (un periodo menos largo que el anterior) para que otra mujer ocupara el cargo de ministra. Esta “incursión” de la mujer en una arena que hasta aquel momento era propia exclusivamente de hombres provocó chistes, burlas y hasta necesidad de reformas arquitectónicas.

La Suprema Corte era tildada de “Corte y Confección” y tuvo que instalarse un baño para mujeres porque la sala de Pleno solo contaba con un baño, que evidentemente era ocupado por hombres. A día de hoy la proporción tal y como hemos visto es de 73% hombres y 27% mujeres. Pero en números redondos y a casi dos centenarios de su nacimiento por la Suprema Corte han pasado más de 500 ministros y menos de 15 ministras; cuestión que sobradamente evidencia la situación que prevalece en el Tribunal de más alto rango en nuestro País a nivel Federal. 

En cuanto el orden Estatal, las cifras no son distintas. De acuerdo a los datos del INEGI del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del año 2020, los Tribunales Superiores de Justicia se integran por 603 magistraturas, de las cuales el 63.5% son hombres, el 31.2% son mujeres y el 5.3% se encuentran vacantes; mientras que los Consejos de la Judicatura cuentan con 155 espacios, 70% ocupados por hombres, 26% ocupados por mujeres y 4% se encuentra vacante.

Como ya podemos advertir, no existe una paridad numérica en cuanto a la distribución de plazas que constituyen el escalafón más alto en el Poder Judicial a nivel estatal; a pesar de que la integración genérica reporta que las mujeres superan en número a los hombres tanto en la conformación de órganos jurisdiccionales (37.1% hombres y 62.9% mujeres), como en órganos administrativos (48.9% hombres y 51.1% mujeres).

De la misma encuesta se desprende que de 4828 plazas de jueces y magistrados adscritos a primera instancia la distribución de es de 42.6% mujeres y 57.4% hombres y en segunda instancia el 33.5% corresponde a mujeres y el 66.5% corresponde a hombres. Las disparidades más grandes se observan en Chiapas (73% hombres y 27% mujeres), Jalisco (72% hombres y 28% mujeres) y por el otro extremo aparece Yucatán (38% hombres y 62% mujeres) y Tabasco (44% hombres y 56% mujeres).

La paridad numérica como primer paso de acceso “casi forzado” a las mujeres a espacios en los que tradicionalmente no participaban; no puede representar una medida real de igualdad y mucho menos considerarse como un fin en sí misma. Supone un escalón inicial cuya importancia y trascendencia no debe demeritarse, pero tampoco podemos permitir que nos deslumbre: es solo una parte de un camino largo y sembrado de espinas.

Además de la distribución numérica de sitios en el Poder Judicial, se debe atender al nivel y calidad de los mismos, pues solo tomando en cuenta elementos de fondo y de forma, podemos leer e interpretar los datos y obtener un diagnóstico certero de estado del Poder Judicial y de su estructura y composición respecto a la proporción entre hombres y mujeres.

La paridad numérica puede generar el espejismo de una igualdad hueca que se reduce a la ocupación de espacios; pero que no permite tomar la medida real de la igualdad de oportunidades de acceso, de posibilidades de ocupar altos cargos e incluso en el extremo de las circunstancias, a percibir el mismo salario.

La desigualdad entre hombres y mujeres tiene muchas aproximaciones, diversas interpretaciones e innumerables perspectivas. La integración numérica del Poder Judicial es solo una pequeña muestra de una realidad que ya está definida y medida, que debe mejorar en cuanto a la calidad de los espacios de participación y así evitar que se degrade.

Estas medidas afirmativas tienen fecha de caducidad, pues su correcta implementación implica que nacen para extinguirse; son los mazos que permiten derrumbar muros y obstáculos de acceso, hacen posible que las mujeres incursionemos en ámbitos que tradicionalmente nos estaban vedados, pero que tampoco nos gustan como armas, pues contamos con nuestra propia capacidad y tenacidad. Ahora no queda más remedio que romper barreras, pero espero que en un futuro no muy lejano, desaparezca la necesidad de “garantizar” un espacio para dar cabida a la mujer: anhelo que no me tengan que reservar un lugar, prefiero que me permitan competir en igualdad de condiciones con las demás personas que aspiren a ocuparlo.

Por: María Graciela Pahul Robredo

gpahulr@gmail.com

Facebook/in: Graciela Pahul

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