EL CEREMONIAL DEL INFORME

El que sabe aprovechar el momento oportuno es el verdadero hombre
Goethe

Hubo un tiempo en que los presidentes de México pretendieron proyectar una imagen de responsabilidad. Sabían que se puede ser popular y carecer de autoridad. Darle prioridad al apoyo popular distorsiona el deber de servir. Si los mercadólogos midieran el grado de autoridad de los gobernantes, seguramente los parámetros serían diferentes a los utilizados para medir la aceptación en el ánimo público.

El Diccionario de Autoridades (1726) define la autoridad con elocuencia: “…es el crédito de la majestad: con ella hace más en sus súbditos que con el poder, armas y suplicios”. Desde siempre se ha distinguido la potestas de la autoritas. La primera es poder para ser obedecido, la segunda remite al poder, pero ejercido conforme a la ley y con legitimidad; es decir, consenso en la aceptación de que se están haciendo las cosas bien y en beneficio de todos.

El viejo sistema político (1929 a 2000) tuvo dos piezas fundamentales, señaladas por Daniel Cosío Villegas: el presidencialismo exacerbado con facultades meta constitucionales y un partido hegemónico. Se atribuye su creación a Plutarco Elías Calles, cuando el primero de septiembre de 1928 pidió: pasar del país de caudillos y hombres indispensables a uno de leyes e instituciones. Esta idea es de José Manuel Puig Cassauranc, quien le hacía los discursos. En realidad, Calles pretendía establecer el Maximato para él ser “el poder tras el trono”. Se equivocó al designar como sucesor a Lázaro Cárdenas, quien creó el Partido de la Revolución Mexicana y sus sectores. Al expulsar a su mentor en 1936, fortaleció el presidencialismo y, al no verse tentado para seguir mandando como ex presidente, nuestro sistema político quedó diseñado.

En ese contexto se requería un ceremonial, del cual el informe presidencial fue parte importante para darle solemnidad y autoridad al primer mandatario del país. Así se preservó por varios lustros. El deterioro inició con el movimiento estudiantil de 1968. El gobierno de Luis Echeverría dañó la institución y José López Portillo le quitó la poca autoridad que le quedaba.

Recuerdo que en 1981, con la inauguración del actual recinto de la Cámara de Diputados, se dio la primera interpelación en un informe, protagonizada por dos panistas, Edmundo Gurza y Juan de Dios Castro, protestando por las elecciones de Coahuila, verificadas unos días antes. Ese fue el principio del fin del presidencialismo, que concluyó con la respuesta de otro panista, Carlos Medina, al informe de Ernesto Zedillo de 1998.

A partir del 2000 se ha intentado crear un nuevo sistema. Antonio caso decía, “No se destruye lo que no se reemplaza”. Ahí está el meollo del asunto. Al primer presidente no priista había que hacerlo fracasar, la mezquindad nos derrotó. Aún recuerdo a nuestro actual presidente azuzando a la comunidad de Atenco para obstruir la construcción del nuevo aeropuerto.

Ni el régimen presidencial ni el parlamentario funcionan sin una buena relación, madura, sensata, respetuosa entre poderes. En nuestro caso, ni siquiera se intenta el diálogo. El deterioro sistemático y persistente de nuestra vida institucional, como se evidencia en el trato de delincuentes al Ejército, otrora institución privilegiada, da una idea de la magnitud de nuestra crisis.

Morena, como partido en el poder, amenazado por su creador, y partidos de oposición alejados de sus deberes, no representan una situación idónea para sustentar un cambio verdadero. Una democracia sin Estado de derecho es inconcebible, carece de autoridad y, sin ella, la popularidad es estéril y será efímera.

México pasó de un sistema autoritario a una democracia degenerada sin Estado de derecho. Los panistas no lograron sustituirlo y el retorno del PRI fue de descomposición integral. En esta nueva administración, estamos ante una regresión a la incertidumbre y el desconcierto.

Por: Juan José Rodríguez Prats