LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (CASO COLIMA)

El Órgano de Fiscalización del Congreso de Colima y posteriormente la comisión legislativa respectiva de la legislatura en cuestión, lanzaron una acusación en contra de diversos servidores públicos de la administración precedente, llegando al absurdo de pronunciarse respecto a la actuación del titular del entonces denominado “C4”, cuya supervisión en sus cuentas y actuación corren a cargo en exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.

Tras un largo “ viacrucis” que pasó por la interposición de amparos por violación de esferas de competencia y vulneraciones al derecho al “buen nombre” que al efecto se contempla en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, denuncias penales por ejercicio indebido de atribuciones ante la instancia ministerial competente del caso, demandas de juicio político ante el Congreso de la Unión, y diversas declaraciones ante la opinión pública; finalmente; el fallo definitivo de la comisión de responsabilidades administrativas de la legislatura, ha determinado que, el señalado, Gustavo Allen Ursúa Calvario ha sido declarado inocente y sin responsabilidad alguna respecto a los señalamientos de que fuera objeto en su momento.

Señalamientos dolosos por decir lo menos y que corrieron a cuenta del defenestrado titular del Órgano de Fiscalización y de los integrantes de la Comisión de Hacienda de la legislatura hasta hace unos días en funciones, que de manera pública y en claro menoscabo de la fama de persona de bien se hieran en su momento en contra del hoy exonerado Gustavo Ursúa.

El principio absolutista descansaba sobre la base fundamental de que el monarca no respondía por sus actos, la denominada “irresponsabilidad real” no quedaría a un lado de manera automática por la mera transformación política que las revoluciones democráticas trajeron aparejadas consigo lo mismo en Europa que en los Estados Unidos.

El Consejo de Estado francés, emitió  célebres fallos que determinaron dos nociones fundamentales del Derecho Administrativo contemporáneo :el “abuso de poder”, uno de ellos, y que es  definido como aquel acto gubernamental emitido por la autoridad  abiertamente en contravención de lo dispuesto por la legislación vigente-; el otro, el “desvío de poder”, siendo éste el que concierne a todo acto que simula la sujeción a las disposiciones imperantes pero que vulneran su alcance y destino final, principio equivalente al que en el ámbito del Derecho Internacional Privado se le conoce con la denominación por demás significativa  de “fraude a la ley”.

El denominado asunto “Blanco del año de 1873” constituye un fallo del Consejo de Estado que reviste una importancia capital en el sentido previamente referido, asumiendo el carácter y la condición de ser un verdadero parteaguas en la vida del Derecho Público en todo el mundo, mediante “El asunto Blanco”, se fijó la regla de que la administración debe indemnizar a todo particular que soporta de manera injusta un daño por la actuación del estado cuando esta careciera de justificación legal, ya sea por “abuso” o por “desvío” de poder.

El Código Civil de 1928 para la Ciudad de México cuya redacción correría a cargo de la comisión presidida por Ignacio García Téllez, estableció en su artículo 1928 el principio del “asunto Blanco”, quedando a cargo de la justicia del fuero común determinar la referida responsabilidad tras un proceso judicial seguido en forma de juicio ordinario civil.

Otro curioso antecedente por demás peculiar, ya que tiene un antecedente previo incluso al denominado “asunto Blanco” del Consejo de Estado de 1873, es el denominado “Recurso de Responsabilidad” previsto en el Código de Procedimientos Civiles de 1932, en el que se regulaba menos un medio impugnativo procesal que una verdadera acción, mediante la cual , el particular afectado podía reclamar una indemnización contra un juez por la emisión de una sentencia dictada de manera arbitraria, disposición cuya antecedente estaría en los comentarios de Manresa Navarro a la “Ley española de enjuiciamiento civil” de 1855.

El 2002 fue reformado el Artículo 113 de la Constitución para establecer a nivel constitucional, la responsabilidad civil del estado junto a la política, penal y administrativa en la que eventualmente pueden incurrir los servidores públicos.

En los días que corren, reclamar una indemnización por la emisión de actos arbitrarios de la administración que causen agravio a un particular, se sigue por vía administrativa y no judicial, y el pago corre a cargo de la administración pública de manera directa, independientemente de que ésta cuente a su vez con acción para repetir en contra del servidor público que hubiese sido el responsable en su decisión como persona física del daño en cuestión.

Hoy por hoy y dadas las consideraciones del caso, habrán de ser emprendidas las acciones que en consecuencia se desprendan de la legislación vigente en el estado de Colima, independientemente de que la opinión pública señale y fustigue a la voluntad política que habría determinado una “cacería de brujas” que hoy se disipa entre las brumas en tanto la violencia de enseñorea en la entidad.

Por: Atilio Alberto Peralta Merino

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