Comparte con tus amigos

No he encontrado información sobre algún estudio que analice la idoneidad de la relación entre el crimen organizado y la actividad de las fuerzas armadas para su combate; no hay evidencia de la conveniencia o utilidad de esta opción que en México ha operado en los últimos tres periodos presidenciales.

El crimen organizado y especialmente el narcotráfico, han orillado a las instituciones encargadas de la seguridad en nuestro país a involucrar cada vez con mayor intensidad al ejército en el afán de sostener la democracia que se supone existe en México.

Vale la pena echar la mirada atrás y recordar que la necesidad de evolución de los diferentes países de América Latina hacia sistemas democráticos comparte en muchos casos, un punto de partida común: la dictadura militar. Países como Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua, El Salvador y Venezuela conservan en los anales de su historia el recuerdo ‒no muy lejano‒ de episodios en los que el poder llegó a manos del ejército.

Como respuesta a la “amenaza” de implantación de ideologías que podrían ser extremas o para recuperar la estabilidad y gobernabilidad del Estado, los ejércitos asumieron el mando en muchos países de América Latina y de otras latitudes del planeta en distintas épocas y bajo diferentes formas. La paradoja de este dudoso mecanismo de protección frente a posibles amenazas, es que en aras de “rescatar” la institucionalidad, implantó estados de excepcionalidad con restricción de garantías.

Las experiencias amargas sobre la violación de derechos, la falta de transparencia y el uso de la fuerza sin medida se contraponen a aquellos que ensalzan las ventajas de un gobierno militar, tales como el desarrollo económico y la imposición de estabilidad que suele asociarse a las dictaduras. Y es que estos procesos son satanizados o encumbrados fervientemente por sus detractores y por sus seguidores quienes aún ahora continúan enfrascándose en aguerridas diatribas y defensas férreas a posturas que se adivinan irreconciliables.

Pero en México parecemos haber pasado de puntillas por estos capítulos, no experimentamos una dictadura militar, aunque hay quienes afirman que la permanencia del Partido Revolucionario Institucional PRI en el gobierno durante más de 7 décadas puede considerarse como una dictadura encubierta o anómala.

La cuestión es que el ejército en México ha tenido una relación de “sana distancia” con el ejercicio del poder, mientras que en la mayoría de los demás países latinoamericanos el ejército ostentaba el poder; quizá por eso no cuesta dimensionar el alto precio que se paga cuando las fuerzas armadas realizan funciones distintas a las de defensa nacional, protección de la soberanía y apoyo en desastres naturales.

Las tropas no están capacitadas para combatir el delito en las calles. Las tácticas de defensa del ejército no son las mismas que de vigilancia y resguardo del orden de la policía. Si bien es cierto que en el sexenio encabezado por Vicente Fox el ejército fue utilizado como apoyo para llevar a cabo operaciones de detención de altos mandos de los cárteles del narcotráfico, también lo es, que estas actividades se vieron vastamente incrementadas en el sexenio de Felipe Calderón. En esa época se emprendió una guerra contra el crimen organizado y se decidió como medida extraordinaria, utilizar a las fuerzas armadas para encabezar el combate contra la delincuencia organizada y especialmente el narcotráfico que azolaba ‒y por desgracia sigue azolando‒ lo largo y ancho del territorio nacional. Esta medida tenía fecha de caducidad, pues sería algo transitorio, aunque esta circunstancia continúe vigente hasta el día de hoy.

El contexto de la decisión de encargar al ejército tareas de seguridad pública, fue específicamente el de abrir la posibilidad para diseñar y desarrollar cuerpos de policía adecuadamente seleccionados y capacitados que no estuvieran infiltrados por el narcotráfico, empresa que hasta el momento no se ha cumplido.

El lapso de tiempo que supuestamente tenía fecha de caducidad, parece haber pasado de transitorio a permanente, pues se ha extendido hasta nuestra realidad actual. El propio ejército, en múltiples ocasiones ha reclamado la construcción de un marco jurídico que delimite y esclarezca su situación. Han transcurrido más de diez años con nuestras fuerzas armadas en el limbo, con más dudas que certezas y a pesar de ser una institución en la que los ciudadanos tienen alto nivel de confianza, ante la falta de certidumbre y de estrategia hoy se hace urgente y necesaria una toma de postura del gobierno.

El vacío en el marco jurídico para el ejército se ha ido llenando con espacios de mayor influencia por parte de nuestras fuerzas armadas en asuntos políticos, atribuciones e intervención cada vez más grandes y de mayor injerencia en decisiones del gobierno.

En este sentido, el actual Presidente en sus discursos de campaña sostuvo en reiteradas ocasiones la necesidad de regresar al ejército a los cuarteles; de hecho esta idea se transformó en una promesa ante la eventual victoria. El entonces candidato afirmó lo que todos ya sabemos: que el ejército no está preparado para estar en las calles, pues su función es otra; que es la policía quien debe garantizar la tranquilidad y la seguridad pública.

Sin embargo, ha pasado el tiempo y el ejército no se ha ido a los cuarteles, continúa en las calles y cada vez con más presencia y realizando más actividades de seguridad pública. Aunado a esto, la idea de la policía que presenta el Ejecutivo Federal tiene gran componente militar y entre las nuevas facultades de las fuerzas armadas se encuentran las de seguridad pública.

Un viraje de timón de estas características debe preocuparnos y ocuparnos por las implicaciones que tiene. La influencia y participación activa del ejército en la toma de decisiones que atañen al Ejecutivo Federal puede parecer una medida indispensable ante la incapacidad del gobierno por contener la delincuencia y garantizar la seguridad, pero también implica un alto riesgo que no podemos obviar.

Clamo desde aquí para que se cumpla la promesa de campaña de regreso del ejército a sus cuarteles, ese es su sitio; pero para que esto sea viable urge contar con cuerpos de policía debidamente capacitados que hagan posible el repliegue de las tropas de las fuerzas armadas sin que se vea comprometida la frágil estabilidad de la que hoy algunos hacen tanto alarde pero que en cualquier momento puede extinguirse.     

El ejército del poder como los seres humanos ante el coronavirus: con sana distancia y entre más, mejor.

Por: María Graciela Pahul Robredo

Correo: gpahulr@gmail.com

Facebook/in: Graciela Pahul

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *